Si él puede, ¿por qué yo no?

En las publicaciones pasadas toque el tema de la responsabilidad del gobierno así como la responsabilidad de la sociedad. Sin embargo, sería injusto delegar toda la responsabilidad ya sea en el gobierno o en la sociedad. Para lograr que México avance, es necesario que la sociedad y el gobierno, juntos, en una corresponsabilidad compartida, avancen hacía un objetivo común.

En este punto en concreto es donde nos encontramos lagunas increíbles que impiden nuestro avance hacia un mejor futuro.

Por una parte, en México tenemos arraigada la frase “si él puede, ¿por qué yo no?” En términos generales esta frase puede ser muy útil. Nos puede llevar a buscar mejorar. Si vemos a una persona que logra alcanzar un objetivo, nos hacemos esta pregunta y con esto nos impulsamos a seguir adelante. Desgraciadamente, la mayoría de las veces la utilizamos en el sentido opuesto.

Pongamos un ejemplo de este punto: todos sabemos, desde niños, que los semáforos sirven para regular el tránsito vehicular. Mientras la luz está en verde, los automóviles pueden circular, cuando está en rojo, el vehículo debe hacer alto total y permanecer en este estado hasta que la luz vuelva a cambiar a verde. Esto es algo que nos enseñan desde la primaria. Claro, el Reglamento de Tránsito establece excepciones a esta regla, pero son exactamente eso, excepciones.

Ahora bien, ¿cuántos mexicanos no se pasan el alto mientras conducen su vehículo? Y lo más grave de todo es que, una vez que se pasa el alto un conductor, parece que los demás ya están autorizados a hacerlo. Aquí es donde entra el peligro del “¿por qué yo no?” Sobre este punto, hay una frase que mis papás me decían mucho cuando yo era niño y que yo hoy, con la responsabilidad que implica ser padre, le repito a mi hijo: “El hecho que las personas lo hagan, no quiere decir que esté bien” y esto es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar que somos nosotros mismos los que decidimos como actuar. Somos nosotros los que, en ejercicio de nuestro libre albedrío, decidimos hacer tal o cual cosa y, por lo mismo, somos nosotros los que tendremos, o mejor dicho, tendríamos que cargar con las consecuencias de nuestros actos.

Pero en la práctica diaria, ¿cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Desgraciadamente todo se puede resolver fácilmente de manera extralegal con una inversión que dependerá de la gravedad de la pena. En México, podemos solucionar nuestras faltas a través de “una Sor Juanita” “un Zaragoza” o ya si la conducta desplegada es grave “un milagrito”. Claro, aquí me refiero a infracciones administrativas, porque al momento de buscar evadir penas, hay personas que están dispuestas a pagar mucho más que esto.

Hay un factor predominante que agrava esta conducta y es la tibieza por parte de las autoridades. El problema no está en nuestras leyes. Nuestro marco normativo está correcto, establece obligaciones genéricas para los ciudadanos y las penas que un incumplimiento a cualesquiera de éstas acarrearía. Claro, al ser creación humana, tienen lagunas y son perfectibles, pero eso no quiere decir que no contemplen las soluciones. El mayor problema recae en las personas encargadas de aplicar las layes.

Ejemplos de esto sobran: si los oficiales de tránsito levantaran las infracciones que corresponden a los conductores que se pasan los altos, sin que pudiera mediar soborno de por medio, si se aplicará la ley conforme a su letra y espíritu, entonces el de atrás no se diría tan fácil ¿por qué yo no? Pero no sucede de esta manera. El día de hoy viajaba en transporte público sobre Avenida Chapultepec, casi al cruce con Avenida de los Insurgentes y el camión simplemente decidió hacer caso omiso a la señal de alto. En esa misma esquina estaban dos policías de tránsito. Todo pasó frente a ellos y ninguno siquiera interrumpió su conversación para cumplir con sus atribuciones legales. Por el contrario, aplicaron aquella frase clásica “aquí no paso nada”. Impunidad total.

¿Qué es lo preocupante en este tema? Para empezar, las consecuencias que una conducta como la descrita puede tener. Muchos se preguntan qué es lo grave de pasarse un alto, ¿por qué no se lo preguntan a las 7 personas lesionadas el día de ayer en Avenida Montevideo, Delegación Gustavo A. Madero después de que un conductor de 17 años invadió el carril del transporte público con la única finalidad de pasarse el alto? El saldo: 7 lesionados y el fallecimiento del conductor de 17 años. Si se aplicarán las leyes como deben aplicarse, estos sucesos serían menos frecuentes.

De esta misma manera, ¿cuántos accidentes automovilísticos hay diariamente en el Distrito Federal ocasionados por personas que conducen bajo los efectos del alcohol? Estos accidentes son la primera causa de muerte de jóvenes entre los 16 y los 30 años. ¿Qué no está prohibido manejar alcoholizado? ¿No existe, incluso, el programa “Conduce sin Alcohol”, famosamente conocido como “Alcoholímetro”? ¿No se supone que en caso de dar positivo serás acreedor, según el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, a un arresto inconmutable de 20 a 36 horas y la remisión del automóvil al depósito? ¿No, incluso, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los amparos promovidos contra el alcoholímetro, no serían procedentes? Pero, ¿qué pasa? El arrestado podrá presentar una demanda de amparo en la que se le va a otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, del arresto. Claro, el amparo se le negará y tendrá que cumplir con las horas faltantes de su condena. Dicho de otra manera, sal con tus amigos, toma y después súbete a tu coche y maneja. Se irresponsable. Si te agarra el Alcoholímetro, pues ya promoverás un amparo, te dejarán salir, y ya cuando tengas ganas, sacas una cita para cumplir con las horas faltantes. ¿A poco no se antoja de esta manera? Eso no es aplicar la ley. Se otorgan demasiadas concesiones a quienes, dolosamente y con toda la premeditación, violan los cuerpos normativos. Si el Reglamento establece arresto inconmutable de 20 a 36 horas y la Corte ya manifestó que los amparos contra este acto de autoridad serían negados, entonces se tendrían que desechar de plano las demandas presentadas por ser notoriamente improcedentes y negar de antemano cualquier posibilidad de suspensión, aún provisional, del acto reclamado, porque, seguir permitiendo esta conducta, atenta contra el orden público.

Tenemos la mala costumbre de restarles importancia a las faltas administrativas. Nos decimos a nosotros mismos que las autoridades tienen cosas más importantes que hacer que estar persiguiendo a quienes se pasan el alto o a unas personas que tomaron un poco de más en una reunión con sus compañeros. 7 lesionados y 1 muerto en Avenida Montevideo, y muchos más que engrosan las estadísticas, ¿no son lo suficientemente importante para que las autoridades apliquen la ley tal cual debe ser? Que los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo del alcohol sean la primera causa de muerte de una parte significativa de la población ¿no le da la importancia necesaria como para convertirse en un tema prioritario?

Aunado a todo lo anterior, existe lo que se conoce como la pirámide del crimen. Ser tibios en la observancia de las faltas administrativas dará al ciudadano la idea que se puede violar cualquier ley sin sufrir las consecuencias de dicha violación. De aquí escalarán. Ya no se limitaran a manejar tomados, sino que, en un arranque de violencia, de aquellos tan comunes que presenta el alcohol, se empezarán a pelear, como ya ha pasado tantas veces, generando una cantidad considerable de lesionados y muertos.

El Dr. José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice en sus “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia” que prevenir no es sólo advertir e informar, sino intervenir para facilitar un nuevo aprendizaje, así como resistir y tener la capacidad de enfrentar la situación adversa. Al respecto, nosotros, como ciudadanos, ¿hacemos algo? El gobierno, ¿hace algo? Desgraciadamente la respuesta es tan simple como contundente: no.

¿Y qué decir de las manifestaciones? Estoy totalmente convencido que todos tenemos el derecho constitucional de manifestar nuestras ideas y de exigir soluciones. Sin embargo, un principio elemental del derecho es que tu derecho termina donde empieza el de otro. Nosotros los ciudadanos, ¿no tenemos también el derecho de transitar libremente por nuestras calles sin ser molestados? ¿No establece la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o  perturbe el orden público? Cerrar durante 5 horas Avenida Constituyentes para manifestar ideas e inconformidades, ¿no perturba el orden público? ¿No ataca los derechos de terceros? Y aún así se permiten. Es necesario que en el Distrito Federal se promulgue una ley que reglamente de manera clara la forma en que se podrán llevar a cabo las manifestaciones, para que este derecho pueda ser ejercido, sin la necesidad de lesionar los derechos de terceros o el orden público.

Respecto a la responsabilidad administrativa, ¿para qué hablar? Ahí la situación se complica todavía mucho más. Los juegos de poder entorpecen cualquier intento de sancionar a funcionarios públicos que actúan al margen de sus atribuciones. Utilicemos el caso del allanamiento al hogar del poeta Efraín Bartolomé. En caso de que los allanadores hayan sido en verdad miembros de la Policía Federal, el acto fue realizado sin cubrir los requisitos legales para intervenciones de tal índole. Hicieron un uso por demás excesivo de las facultades que a estos cuerpos de seguridad les otorga la normatividad aplicable. La pregunta es, ¿alguien pagará por esto? Tristemente, y por más que me duela decirlo, no lo creo. Será una historia más en los anales de la impunidad en nuestro país.

Estoy convencido que si las autoridades aplicarán las penas establecidas en los diferentes marcos normativos tal cual deben aplicarse, las cosas serían muy diferentes. El ciudadano ya pensaría un poco más las cosas antes de decir ¿por qué yo no? Los límites existen, solo falta aplicarlos de manera clara y coherente, de otra manera, esta sinergia destructiva nos seguirá arrastrando a un abismo cada vez más profundo y complicado de sortear y nos hundirá cada día más en un pantano del cual será prácticamente imposible salir.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz