México ante la Corte Penal Internacional

Los eventos acontecidos a finales de la semana pasada me han hecho pensar muy seriamente en donde estamos parados como sociedad. El pasado viernes 25 de noviembre, un grupo de activistas mexicanos, a través del abogado Netzai Sandoval, presentó una querella ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue al Presidente Felipe Calderón, altos funcionarios y al Chapo Gaznan a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestras civiles. Se les acusa de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Para poder definir la procedencia o improcedencia de la acusación ante la CPI, primeramente es necesario conocer la estructura de ésta, cuáles son los crímenes que persigue y cuáles son los requisitos de procedencia respectivos.

El Estatuto de Roma, el cual fue suscrito por México el 7 de septiembre de 2000 y ratificado por el Senado de la República el 28 de octubre de 2005, establece en su Artículo 1 el establecimiento de la Corte Penal Internacional, otorgándole un carácter de institución permanente que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Establece además que la CPI tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Por su parte, el artículo 5 del mencionado Estatuto enuncia los crímenes que podrán ser investigados por la CPI, los cuales son:

a)      El crimen de genocidio;

b)      Los crímenes de lesa humanidad;

c)       Los crímenes de guerra;

d)      El crimen de agresión.

Así pues, respecto al crimen de agresión, el párrafo 2. Del mencionado artículo establece que la Corte ejercerá competencia respecto a este crimen una vez que se apruebe una disposición en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

Para mayor comprensión, el artículo 7 del Estatuto de Roma, describe lo que son los crímenes de lesa humanidad, mientras que el artículo 8 tipifica los crímenes de guerra. No transcribiré estos artículos por lo extenso de los mismos, sin embargo, dejo el link para consultar el Estatuto de Roma completo (http://untreaty.un.org/cod/icc/statue/spanish/rome_statue(s).pdf).

El procedimiento que se lleva ante la CPI es bastante similar a los procedimientos penales de México, en cuanto a su forma. En México, se presenta una denuncia, la cual es investigada por el Ministerio Público. Si éste encuentra elementos necesarios, consignará la averiguación previa ante un Juez, quien decidirá si se inicia o no el juicio. En el caso de la CPI, se presenta la denuncia y será el Fiscal quien se encargue de realizar una investigación para determinar si existen o no elementos para iniciar con el juicio. Los resultados de esta investigación se presentan ante la Sala de Cuestiones Preliminares quien decidirá al respecto.

Evidentemente, existen una serie de hipótesis normativas que regulan esta etapa, las cuales se encuentran consagradas en el artículo 17 del Estatuto. Considero importantes, en el caso que nos ocupa, específicamente lo establecido en el párrafo 1, incisos a) y b), que a la letra dicen:

“Artículo 17

Cuestiones de Admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo…”

Una vez que hemos precisado cuál es la naturaleza de la CPI, cuáles son los delitos que conoce y los presupuestos bajo los cuales pueda actuar, podemos hacer un análisis respecto a la situación específica de México y los crímenes que se imputan a altos funcionarios y al líder más buscado de las células del narcotráfico.

En primer lugar creo que es necesario especificar a qué se refiere que la CPI tenga carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. En materia de Derecho Internacional, existe un principio básico, nada por encima de la soberanía de un Estado. Si un Estado está ejerciendo su jurisdicción sobre las conductas que pueden ser sancionadas por la CPI, ésta última se encontrará imposibilitada para ejercer su competencia, de acuerdo con el Artículo 17 transcrito anteriormente.

En el caso de México, si bien es cierto que Joaquín Guzmán Loera se encuentra prófugo de la justicia, también lo es que existen numerosos procedimientos penales incoados en contra de él y muchos miembros más de la delincuencia organizada. Este simple factor, aun suponiendo sin conceder que las conductas llevadas a cabo por los denunciados tipifiquen los crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que la Sala de Cuestiones Preliminares desestime la denuncia presentada.

Ahora bien, por lo que hace a los crímenes de lesa humanidad que se pretenden hacer valer, cabe mencionar que para que se configuren los mismos, se debe estar ante un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En el caso de la violencia que vivimos en México, se podría configurar este ataque sistemático o generalizado por algunos de los cárteles de droga más importantes, como lo es el caso de los zetas, sin embargo, el gobierno mexicano no ha sido ajeno a estas circunstancias y ha iniciado diversas averiguaciones previas, ha detenido a varios sicarios y ha realizado importantes operativos que han redundado en la detención o, en su caso, muerte de diversos miembros de grupos de narcotraficantes, ante este panorama queda claro que el Gobierno Mexicano si ha actuado en contra de los miembros de la delincuencia organizada, que si bien es cierto los resultados no siempre han sido favorables, se busca detener esta ola de violencia y poner a estos criminales donde pertenecen, tras las rejas. Por tal motivo, la CPI no deberá iniciar el procedimiento solicitado porque hacerlo implicaría una flagrante violación a la soberanía de nuestro país.

Lo que hace a los crímenes de guerra, me queda claro que en diversas ocasiones los cárteles de la droga actúan sin escrúpulo alguno y matan a diestra y siniestra sin preocuparse si aquellas personas se pueden defender, están armadas o representan un riego real e inminente que justifique su acción. Estoy convencido que varias de las conductas que establece el artículo 8 del Estatuto de Roma son llevadas a cabo por los grupos criminales. Tengo conocimiento de fuentes cercanas como los zetas en Hidalgo, por mencionar un ejemplo, específicamente en Pachuca de Soto, ingresaban a los hoy llamados antros y cerraban las puertas. Todos los comensales podían consumir cuanto quisieran y serían los miembros de este grupo criminal quienes se encargarían de pagar la cuenta. ¿Cuál era el beneficio de los zetas? Simplemente si veían a una mujer que les parecía atractiva, ahí mismo, en público, la violaban, sin importar si iba acompañada o no. Si alguien se levantaba a defenderla, el asunto se resolvía simplemente con un balazo al defensor. Claro que estas conductas son deplorables y claro que pueden ser considerados como crímenes de guerra atendiendo al tipo establecido en el Estatuto de Roma, sin embargo, la jurisdicción mexicana ha iniciado cuanto procedimiento penal ha podido para traer a estas personas ante la justicia.

El caso de los mandos militares acusados de crímenes de guerra es diferente. Se ha utilizado mucho el ejemplo de aquel civil que falleció después de que su automóvil fue acribillado por elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos. La realidad de las cosas es mucho más compleja de lo que los medios dieron a conocer a la opinión pública. A esta muerte, vino acompañada una recomendación por parte de la CNDH dirigida a la Secretaría de Marina Armada de México. La respuesta brindada por tal Dependencia nos da una luz de lo que aconteció en aquel momento:

Aquel día se estaba llevando a cabo un operativo para aprehender a Arturo Beltrán Leyva, por lo que elementos de la Marina levantaron un cerco  de seguridad para salvaguardar  la vida e integridad física de los civiles. Durante el operativo, se comunicaron a los elementos de la Marina diversos informes de inteligencia en los que se hacía constar que diversos integrantes del grupo delictivo de Arturo Beltrán Leyva habían salido desde Acapulco y la Ciudad de México para brindar auxilio a su jefe. Ante este informe, la Marine reforzó la vigilancia en el cerco de seguridad. El civil que perdió la vida intento penetrar el mencionado cerco, a lo que la Marina, en un inicio intentó impedir, y una vez que el civil, aun a pesar de los señalamientos de la Marina en el sentido que detuviera su auto, cruza el cerco, evidentemente los marinos creyeron que se trataba de un refuerzo de Beltrán y, por lo mismo, un riesgo a la seguridad. Lo detuvieron. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo en la forma en que la Marina detuvo a su sospechoso, estoy convencido que pudieron buscar la manera de inmovilizar el vehículo y, en su caso, aprehender al conductor.

Desgraciadamente, el clima de violencia tan grande que vivimos actualmente, nos hace dejar de ver las cosas en perspectiva. Creemos que el Presidente de la República es el culpable de la ola de violencia que vivimos e, incluso, hemos llegado a acuñar la frase de “era mejor dejarlos hacer lo que quisieran si eso no implicaba violencia”. Perdón, pero si algo he aprendido en mi vida es que un problema no enfrentado no es un problema que se queda atrás, sino que, por el contrario, va creciendo hasta que llega el momento en que es inevitable enfrentarlo. Esto es una muestra de ello. El poder que se le dio durante mucho tiempo al narcotráfico, el dejarlos actuar a sus anchas, está generando que, cuando se pretende meterlos en cintura, reaccionen de manera tan violenta, llegando, según se rumora aunque no se pueda confirmar, a cobrar la vida de dos Secretarios de Gobernación de Felipe Calderón.

Ahora bien, hagamos memoria: antes de la administración de Felipe Calderón no existía paz entre los narcotraficantes. Esta paz existió mucho antes, durante varias administraciones, hasta que la misma se vio rota cuando Miguel de la Madrid Hurtado, según afirma Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco” les otorgó mucho mayores prerrogativas de las que venían teniendo de antaño. La violencia se ha generado desde entonces, basta recordar el homicidio, fuera del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, del Cardenal Juan José Posadas Ocampo o aquella balacera en el ahora extinto Bali-Hai que tenía por objeto terminar con la vida de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, por decir algunos.

He dicho en más de una ocasión, en estas líneas y en conversaciones privadas, que la estrategia de la lucha contra el narcotráfico es incorrecta e incompleta, ha dejado descuidados temas no solamente importantes, sino vitales, como lo es la prevención de nuevos ingresos a sus filas, temas que requieren de atención urgente. Evidentemente, es necesario que se replanté la estrategia, que se diseñe una nueva que contemple todas las vertientes de manera integral.

Independientemente de los errores de estrategia, estoy a favor de la lucha emprendida por el Gobierno Federal en contra de las bandas de la delincuencia organizada, en especial contra el narcotráfico. Es un tema que ha generado demasiados daños y que requería de una atención especial por parte de los gobernantes. Considero irracional que se busque juzgar ante la Corte Penal Internacional a la persona que ha intentado repara los daños que tantos años de gobiernos crearon en México al otorgarles prerrogativas sin igual a los narcos, ¿por qué no mejor juzgar a aquellos que permitieron que el problema escalara hasta este nivel?

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Derecho Penal del Enemigo

Desde que el jurista alemán Günther Jakobs esgrimió el concepto de derecho penal del enemigo, mucho se ha hablado al respecto. Muchos estudiosos del Derecho han manifestado su desacuerdo en este tipo de Derecho Penal, argumentando que el mismo resulta violatorio del Estado Democrático de Derecho. No obstante lo anterior, considero que el Estado de Derecho se ve vulnerado de una manera más severa con la existencia de ciertos criminales que atacan los cimientos mismos de las instituciones de nuestro país. Como consecuencia de este debate, surgió en mí la inquietud de estudiar un poco más al respecto, buscando tener elementos para comparar la teoría del Dr. Jakobs con la situación que actualmente estamos viviendo en nuestro país. Fue de esta manera como leí el libro “Derecho Penal del Enemigo”, escrito por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Uno de los puntos que llamó mi atención de entrada, fue la justificación que el Dr. Mancera realiza respecto al debate existente en este tema. Parte desde el punto de vista que la seguridad pública es una obligación del Estado, así como la principal exigencia de los ciudadanos, así como la dificultad de aplicar un derecho penal convencional a algunos criminales, dada su peligrosidad. El Dr. Mancera lo establece de la siguiente manera:

“En efecto, la mira del Estado está puesta en la seguridad de sus ciudadanos y al tiempo esa es la exigencia de éstos, pero la ecuación se complica cuando aparecen las estructuras de la delincuencia organizada porque entonces se tiene que reaccionar de un modo diferente, un modo mucho más agresivo que el que se ocupa para la delincuencia habitual, ello no deja de provocar polémica dado que esos modelos resultan cercanos a los que emplean estados totalitarios, es decir, un camino que conduce a un claro alejamiento de ese llamado ‘Estado democrático de Derecho’”

El Dr. Mancera manifiesta que se ha hablado mucho acerca de la convergencia en el Derecho Penal del Enemigo de una serie de características que encajan y dan pie a suponer la presencia de un modelo de Estado autoritario, sin embargo hace énfasis en que tal manifestación resulta vaga para poder definirlo, dado que hablar de Derecho Penal autoritario es algo obvio, pues todo derecho penal tiene presente esa característica ya que en él confluye la violencia, tanto en las conductas que regula, como en la forma de reaccionar ante ellas.

Tal como lo manifiesta el Dr. Mancera, haciendo referencia a lo manifestado por el Dr. Muñoz Conde, se ve robustecida si tenemos en cuenta que el Derecho Penal es una forma de control social, a la cual el Estado confía la custodia de los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, al menos, los que el consenso social considera los de mayor valor y ello la hace porque sabe que quien se atreve a atentar contra tales valores está consciente de que la reacción del sistema jurídico será la más severa y por ende, enfrentará graves consecuencias. Ahora bien, no obstante la violencia que el Derecho Penal conlleva, las personas se han encargado de buscar limitarlo y, de esta manera, se han creado complejas construcciones de derechos fundamentales, en la celebración de tratados internacionales e, incluso, se financia el establecimiento y operación de tribunales de jurisdicción internacional que entre otras cosas buscan sancionar los excesos cometidos en contra de supuestas luchas consideradas legítimas, es decir, buscan combatir el exceso, el abuso y las conductas arbitrarias realizadas al amparo de ostentar el poder, conductas que, incluso, pueden derivar de la propia ley.

Dentro del derecho penal, los derechos y garantías fundamentales propias de un Estado democrático de Derecho consisten en los principios de legalidad, de intervención mínima, de culpabilidad, el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no declarar contra sí mismos, entre otros.

Para entender de mejor manera lo que representa el Derecho Penal del Enemigo, conozcamos cuáles son las características que se le atribuyen:

1.       Adelantamiento de la línea de defensa sancionando, incluso, actividades preparatorias del delito;

2.       La pena resulta desproporcionada respecto de una conducta que aún no entra en fase ejecutiva;

3.       Se plantea como una legislación de lucha, de combate;

4.       Se presenta una notable reducción de garantías procesales.

Günther Jakobs justifica la existencia del Derecho Penal del Enemigo en el hecho de considerar a una serie de sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley alcanzan un status de no personas, los cuales requieren un tratamiento especial, diferenciado del que se da a los ciudadanos normales. En términos generales, Jakobs considera como enemigos a los narcotraficantes, terroristas, a los que cometen delitos económicos y, en general, a todos aquellos que se encuentran dentro de la delincuencia organizada.

Además de lo ya mencionado, Jakobs justifica la existencia del Derecho Penal del enemigo en la consideración de que existen grupos de la sociedad que han hecho del delito una empresa y respecto de los cuáles la gran mayoría de los estados no han encontrado la manera idónea de reaccionar y, por ello, se vuelve necesario encontrar una forma efectiva de contrarrestar sus efectos dentro de la sociedad, la que debe tener un efecto cognitivo claro.

Ante esta manifestación, no puedo sino pensar en los cárteles del narcotráfico que operan en nuestro país. Muchos de los hijos de los grandes líderes son personas que se han dedicado a estudiar administración de empresas y que, incluso, cuentan con maestrías en negocios por parte de universidades extranjeras. Ante esto, resulta innegable que el narcotráfico se ha vuelto una verdadera empresa criminal, al grado de ser el segundo negocio ilícito que más ganancias genera a nivel mundial, detrás únicamente del tráfico de armas, el cual, también es una empresa criminal.

Ante esto, me nace la duda si, en caso de poder detener a las personas que se dedican a estas empresas, a la trata de personas, al tráfico de drogas, de armas, el derecho penal mexicano estaría a la altura para poder detener este flagelo. Honestamente, considero que no.

Durante este fin de semana, aproveche para estar un tiempo con mi esposa, descansando, dándonos un tiempo para nosotros y veíamos por internet un video en el que Adal Ramones, en su extinto programa Otro Rollo, hacía una sátira a las películas de Hollywood y dentro de aquel monólogo, dijo una frase que en lo personal me dolió por cierta. Decía que el protagonista en Estados Unidos mataba a 200 personas para posteriormente llegar al malo y detenerlo y, a final de cuentas, era considerado un héroe, mientras que en México un policía no puede dar un macanazo en contra de un delincuente porque en el momento le cae encima Derechos Humanos. Desgraciadamente, esto es muy cierto. Bajo el pretexto de la consagración de los derechos de los delincuentes, se ha llegado al extremo alarmante de proteger más a los delincuentes que a la sociedad a la cual agravian con su conducta ilícita. Tal como lo mencioné en la publicación “La inequidad en la legislación pro equidad” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/10/la-inequidad-en-la-legislacion-pro.html), el atender necesidades que habían sido por mucho tiempo desatendidas, se llega al extremo de desatender las conductas que no deben ser desatendidas. Tal es el caso de lo que sucede con los derechos de los delincuentes. No niego que ellos también tienen derechos que deben ser salvaguardados, sin embargo, el derecho de la sociedad, en conjunto, también debe ser salvaguardado.

Aunado a lo anterior, el daño que ha generado la delincuencia organizada en nuestro país justifica, por lo menos desde mi punto de vista, la existencia de un Derecho Penal del Enemigo en contra de tales delincuentes, de acuerdo con lo manifestado por el propio Jakobs en el sentido que es necesario que el Estado encuentre medios de represión idóneos para hacer frente a estos delincuentes.

En lo personal no puedo considerar digno de un Estado democrático de Derecho que, en atención a los derechos de los delincuentes, se vulneren los derechos de la sociedad. Es imperioso que se recuerde que el bien de la sociedad está por encima del bien personal, por lo que se debería atender de manera eficiente este principio fundamental del Derecho.

Si el Estado tienen la necesidad de hacer frente a los miembros de la delincuencia organizada a través de las armas, que lo haga, sin embargo, no estoy de acuerdo en que maten a los narcotraficantes en los operativos, máxime si los mismos se encuentran sin armas y sin posibilidad de defenderse, tal como aconteció con la muerte de Arturo Beltrán Leyva, quien fue, literalmente ejecutado sin tener en su posesión ni una sola arma de fuego.

La manera en como el Estado debe responder a los miembros de la delincuencia organizada, llámense narcotraficantes, tratantes de personas, traficantes de armas, etc., debe ser con todo el peso de la fuerza que tenga a su alcance, pero deben llevarlos ante los Jueces competentes para que ellos, una vez que conozcan la causa penal, dicten una sentencia en que se les imponga una condena legal.

Aquí entramos en otro problema que será tratado en una publicación diversa: el sistema penitenciario. Si no se logra una reforma completa de la operación del Sistema Penitenciario a nivel nacional, ningún narcotraficante va a temer pisar cualquier Centro Penitenciario, por más que sea de alta seguridad.

Estamos ante un problema muy fuerte de seguridad pública, un problema que requiere ser enfrentado con valor y haciendo uso de todos los instrumentos posibles. Es por esto que considero que la limitación de ciertas garantías a los narcotraficantes en aras del bienestar social, no deben ser tomadas como violación a los derechos humanos, dada cuenta la supremacía de los intereses que se buscan salvaguardar. No obstante lo anterior, esta limitación y la consagración del Derecho Penal del Enemigo debe realizarse con todo cuidado para evitar llegar al extremo contario, a un estado tiránico. Por tal motivo, me permito terminar esta publicación con una frase esgrimida por el Dr. Mancera en su “Derecho Penal del Enemigo”:

“De no cuidar la limitación del Derecho penal del enemigo el riesgo es doble, pues por un lado tendremos un Derecho penal más agresivo, más violento y, por otro, la expansión de ese Derecho, alejándonos cada vez más de la existencia de un Derecho penal mínimo, con lo que, lejos de crear un clima de tranquilidad o de generar la sensación de seguridad, lo que tendríamos ahora sería una inseguridad jurídica”.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Trata de personas

Debo admitir que, aún cuando siempre he sentido repudio hacia la trata de personas, este flagelo no era un tema del que me preocupara específicamente. Cuando llegaba a ver casos de trata me molestaba, me interrogaba el por qué no se hacía nada para terminar con él y ya, no había más. Lo veía como algo ajeno. Esta perspectiva cambió radicalmente cuando el Director General del área donde trabajo solicitó mi apoyo para llevar a cabo la presentación del libro “Del Cielo al Infierno en un día” cuya coautoría se debe a la Dip. Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas y a Evangelina Hernández, periodista con más de 23 años de carrera, evento que se llevó a cabo en el Auditorio Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dicho evento me hizo percatarme del lado humano que hay detrás de este delito, del sufrimiento al que son sujetas las víctimas. Desde ese momento comencé a interesarme más por el tema. Convivir con las autoras, escuchar su historia, ser testigo del relato de una víctima es algo que marca profundamente. En ese momento no pude adquirir el libro por diversas circunstancias, sin embargo me quedó una lección gravada muy profundamente en mi alma.

Ha pasado ya algún tiempo y mi interés se vio todavía más recrudecido cuando por fin, la semana pasada, tuve la oportunidad de leer el libro en comento. Se trata de un trabajo de investigación en el que se narra la historia de 6 víctimas de variadas edades, desde mujeres ya en plena edad adulta, hasta el caso de una niña de 8 años. Mientras uno recorre las páginas, siente toda la gama posible de emociones que se puedan imaginar. Uno pasa de la rabia a la tristeza, después al odio, a la desesperación. Mientras emprendía la lectura, pude comprender de la manera más clara el origen de aquellas lágrimas que, aún ante el descomunal esfuerzo de la Dip. Orozco por impedir su brote, comenzaron a correr por sus mejillas. Cualquier persona con corazón presentaría el mismo cuadro.

Desgraciadamente, tal como lo manifiesta en reiteradas ocasiones Rosi Orozco, y como lo dejan ver diversos funcionarios, estamos acostumbrados a ver la prostitución como parte del paisaje urbano. En rarísimas ocasiones hay personas que ven más allá de lo obvio, son muy pocas las personas que se dan cuenta que detrás de las personas que se prostituyen hay personas que se encargan de explotarlas de la manera más ruin y que son las prostitutas las verdaderas víctimas. Por esto se requiere hacer un cambio estructural en nuestra manera de pensar. Cabe perfectamente una manifestación vertida por la Lic. Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros quien fungiera como Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. “… no son putitas, no son prostis, no son pirujas, son personas de carne y hueso que todos los días tienen que luchar por mantenerse vivas”. Dejamos de ver que detrás de estas personas que señalamos como prostitutas se esconden historias de vulnerabilidad y dolor.

No puedo sino estar de acuerdo con las palabras de la Diputada Orozco cuando manifiesta que “estas personas son calificadas con los peores adjetivos del idioma, y se les trata como basura humana, pero en realidad no son ellas las que merecen tan humillantes tratos. Ellas son sólo víctimas de los usuarios quienes las han degradado hasta un límite que ningún ser humano merece”.

Otro comentario que refleja la realidad detrás de cómo la sociedad ve la prostitución es el realizado por el Lic. Luis Martínez, abogado de muchas de las víctimas rescatadas gracias a los operativos realizados y esposo de la Directora del Albergue: “Los hombres tenemos que hacer cambios estructurales en nuestra cultura para dejar de ver a las mujeres como objetos, para dejar de violentarlas sexualmente. Tenemos la obligación de reenfocar nuestra escala de principios y valores para dejar de ser una parte del problema”.

Desgraciadamente la realidad ha demostrado que en diversas ocasiones se ha minimizado la atención que las víctimas de estas conductas delictivas requieren debido a que, según muchos funcionarios, éstas decidieron estar donde están, es decir, según muchos, ellas son solo prostitutas que no merecen la atención de nadie. Incluso, existen diversas indagatorias de personas prostituidas que han desaparecido y las autoridades encargadas no han hecho gran cosa. Si creemos fielmente que estas víctimas no merecen su atención recordemos que, tal como dice Rosi Orozco, “muchas de esas mujeres son tan inocentes como lo es su hija, su sobrina, su nieta, su hermana, querido lector, y fueron secuestradas para ser puestas en una red de explotación sexual”. Si lo pensamos de esta manera, las cosas cambian, ¿verdad?

Para entender a fondo lo que es la trata de personas, me permito transcribir la tipificación que sobre este delito establece el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 188 Bis:

“ARTÍCULO 188 Bis. Al que promueva, facilite, consiga, entregue o reciba para sí o para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa.

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.”

Si bien es cierto que la trata de personas comprende una gran variedad de conductas, también lo es que de todos los casos que se presentan de este ilícito, se calcula que el 80% de las víctimas reclutadas son para la prostitución u otras formas de explotación sexual.

Algunos datos para comprender la magnitud de este problema:

Ø  Según la UNICEF, un millón de niños y niñas son reclutados anualmente para esta industria ilícita.

Ø  En México, las cifras emitidas en el año 2000 por la UNICEF y DIF indican que existían entonces de 16,000 a 20,000 niñas, niños y adolescentes en explotación sexual comercial.

Ø  La impunidad sigue siendo alarmante. Por cada 800 víctimas rescatadas se condenó a un solo victimario.

Como se puede observar de los datos anteriormente presentados, el problema de la trata de personas es descomunal. Se tiene estimado que esta industria ilícita es la tercera a nivel mundial en cuanto a ingresos generados. Evidentemente, la impunidad tiene mucho que ver con este poder económico que los padrotes obtienen de la explotación sexual.

Otro factor que propicia la impunidad es el hecho que el consumo no es castigado. En tal virtud, muchos proxenetas, al momento de ser arrestados, alegan ser clientes de la sexoservidora al momento del operativo. Debemos tener en cuenta que si no hubiera clientes, el mercado sexual no existiría, que los verdaderos responsables de este negocio son los consumidores, quienes compran pornografía, quienes asisten a centros nocturnos como los llamados table dance y similares, quienes contratan a mujeres para que se prostituyan. Si ellos no estuvieran dispuestos a dar dinero fresco todos los días a la industria de la explotación sexual, el negocio no existiría.

Este problema ha alcanzado magnitudes tales que la Organización de las Naciones Unidas ha denominado a la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI.

Evidentemente, la explotación sexual no se da únicamente a través de la prostitución. Existen además por lo menos 4 formas más de explotación sexual:

Ø  Pornografía;

Ø  Turismo sexual;

Ø  Tráfico con fines sexuales;

Ø  Matrimonios forzados o serviles.

No niego la existencia de personas que se prostituyen por voluntad propia, sin embargo, éstas son las menos. La gran mayoría de las personas que se encuentran en la calle, vendiendo su cuerpo, son forzadas a esta actividad, incluyendo, claro está, a las niñas y niños que son víctimas de esta conducta. Recordemos que un niño o una niña no pueden desear prostituirse, es imposible que lo haga con su consentimiento. En este caso es inexacto hablar de personas prostitutas, siendo lo correcto personas prostituidas.

Para poder prevenir la esclavitud sexual es necesario educar; hablar a los niños, niñas y jóvenes sobre los posibles riesgos, darles educación sexual, enseñarles a no entablar relación con extraños, a no dejarse chantajear, a no dejarse confundir por anuncios de empleo, teniendo una buena comunicación con ellos, invitarnos a cuidarse de lo que ven y con quien establecen contacto a través del Internet. Es también de vital importancia generar un ambiente de cordialidad dentro del seno familiar. Muchas víctimas del delito de trata de personas caen en las redes de los explotadores por ser vulnerables y buscar aceptación. Un miembro de una familia disfuncional, en la que sufre violencia, es terreno fértil para que los tratantes los recluten en sus grupos, tal como se menciona en el libro en comento: “Las heridas del alma se traducen con frecuencia en baja autoestima y ésta en proclividad de caer en manos de explotadores”.

Para lograr prevenir este delito, se ha realizado un perfil victimológico, el cual se encuentra presenta en la gran mayoría de las víctimas. Este perfil es el siguiente:

Ø  Son jóvenes que han sufrido violencia.

Ø  Son personas procedentes de zonas rurales o barrios marginales.

Ø  Son adolescentes que provienen de familias desintegradas.

Ø  Migrantes en busca de mejor nivel socioeconómico.

Ø  Niños o niñas que han sufrido abuso sexual, pobreza extrema, o ambas.

Ø  Jóvenes en búsqueda de oportunidades para ser modelos o edecanes o bien que viven en situaciones económicas desesperadas.

Desgraciadamente, estos factores no son los únicos detonantes para la existencia de este flagelo. En palabras de Mira Solvino, Embajadora de la Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de trata de personas, “las víctimas existen porque existe la indiferencia y la negligencia de autoridades y de sociedades”. Ante esta declaración, cabe también lo dicho por Dilcya Samantha García: “Vemos con naturalidad la prostitución porque hemos sido educados por una sociedad hipócrita, con una doble moral. En todos los sectores, hasta en los más conservadores, lo que importa no es que se cometan los crímenes, sino ocultaros, hacerlos invisibles”. Mientras no rompamos ese círculo vicioso, mientras no aprendamos a ver en las víctimas lo que son, es decir, víctimas, no vamos a poder hacer nada para detener este terrible delito.

Afortunadamente, se ha hecho algo, se ha trabajado incesantemente para, por lo menos, frenar los incrementos de este delito. De acuerdo con las estadísticas de la PGJDF, durante los años 2009 y 2010 se logró el rescate de 106 víctimas. Por este delito fueron consignadas 5 personas. Asimismo, durante dicho periodo se realizaron 10 operativos de los cuales 9 resultaron ser en contra de la explotación sexual comercial. En el mismo lapso se detuvieron a noventa y seis presuntos responsables asó como se aseguraron quince predios para aplicarles la Ley de Extinción de Dominio.

Aún falta mucho por hacer. Juana Camila Bautista Rebollar, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, señala que en su opinión es necesario que todos los involucrados en perseguir y castigar este delito se capaciten, no sólo en el ámbito jurídico, sino en el plano sicológico para poder entender el sufrimiento de las víctimas y evitarles más dolor al enfrentarlas a sus captores. ¿Por qué opina esto? Porque ella cree que

“Los jueces deberían ser más humanos con las víctimas porque los careos las exponen a un doble impacto: por un lado entender su condición de víctimas, y por el otro enfrentarse al hombre que, en un momento determinado, creyeron estar enamoradas. Es una situación emocional muy delicada para ellas que, creo, que los jueces no toman en cuenta. He observado que en algunos casos, no en todos, lo toman como un proceso jurídico más, como si se tratara de robo de vehículos”.

Tengo que darle la razón a la fiscal. No se está tratando cualquier asunto. Se está ventilando un juicio en el cual le fue arrebatada a la víctima su vida, su dignidad, sus sueños. Son personas que han sufrido cosas que ninguno de nosotros imaginamos. El trato que debemos otorgar, tanto funcionarios como sociedad, es un trato humano, un trato que las haga sentir que valen por el simple hecho de ser personas, que les apoye a recuperar su autoestima.

Quiero transcribir una cita de Luis Martínez, que aparece en la página 145 del libro, esperando que los haga reflexionar:

“En cuestión de víctimas, las buenas intenciones no son suficientes para hacer justicia, se requiere de legislaciones claras, donde sus derechos sean plenamente respetados y de procedimientos penales en los que su identidad e integridad sea cuidada como lo más preciado. Ellas no son un expediente más en los juzgados, son seres humanos a quienes les robaron todo y luchan cada día por sobrevivir”.

El daño que sufre una persona que es expuesta a esta tipo de esclavitud requiere de gran atención para lograr su restauración integral. Este daño dificulta la investigación ya que en la gran mayoría de los casos, sino en todos, las víctimas se niegan a denunciar ya sea por miedo o porque siguen creyendo que sus tratantes las aman en verdad. Para puntualizar este punto, transcribo lo que el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia y Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal, mencionó a las coautoras del libro Del Cielo al Infierno en un día:

“Si te llega una denuncia y acudes a un sitio y te encuentras a cuatro o cinco niños o jovencitas ahí que están siendo explotadas sexualmente, y se logra configurar el delito de trata de personas, tú puedes pensar que ya lograste de un solo golpe algo muy bueno, algo sensacional, y no es así. No has ganado nada, no has logrado nada y difícilmente lo vas a lograr, porque lo más probable es que los niños, las jovencitas lo nieguen todo y te digan que no los plagiaron, que no se los llevaron, que no los tienen ahí a la fuerza, y  mucho menos que los están explotando, que los están prostituyendo. No vas a lograr nada a la primera. En realidad esto es una labor fina, de muchísima paciencia y es ante todo un reto, porque se debe dar seguimiento especial a las víctimas porque en principio no se van a reconocer como eso, como afectados o afectadas. Van a negar las cosas, van a negar cada hecho y tú como investigador vas a tener que ir muy despacio, paso a paso siguiéndolos día a día. Vas a tener que ver qué hacen, dónde lo hacen, cómo se comportan, con quién trabajan y para quién lo hacen, vas a seguir sus rutinas y vas a ir obteniendo pruebas, declaraciones, vas a ir documentando paso a paso lo que les sucede para poder sustentar, para demostrar que son víctimas de trata de personas. Comienzas a trabajar con una víctima, luego con otra y con una tercera; vas generando confianza y poco a poco se van abriendo, y entonces van surgiendo las denuncias, las acusaciones, los nombres de quiénes están detrás de ellos, de la gente que los controla; ves aparecer los rostros de la red de trata de personas y puedes actuar, pero eso toma mucho tiempo y más paciencia”.

En verdad hay mucho camino por recorrer todavía. Se debe iniciar con una completa homologación del tipo penal en todas las entidades federativas. De no hacerlo de inmediato, se corre el riesgo que una persona pueda operar impunemente en algunos estados. Además, para el establecimiento de la pena, el Juez del conocimiento debe tener en cuenta no sólo el daño que la víctima ha sufrido físicamente por la explotación laboral, sino que se deberían realizar diversos peritajes sicológicos y siquiátricos para determinar el daño emocional que la víctima ha sufrido, el cual, en diversas ocasiones, es infinitamente mayor a los daños físicos.

Nosotros como sociedad tenemos las herramientas para terminar con este delito. Es urgente que se castigue también a los consumidores. Si no hay consumidores, no habrá demanda y, consecuentemente, se terminará el mercado. Recordemos que “el mal avanza cuando los que sabemos y podemos hacer el bien no hacemos nada”.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Luto en el Gobierno Federal

Dadas las circunstancias que se presentaron en la mañana de este día, me veo en la necesidad de escribir estas líneas, las cuales no fueron planeadas y me gustaría que no tuvieran que ser escritas.

El día de hoy perdió la vida el Secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, junto con otras 6 personas, entre las que se encontraba el Subsecretario       de Asuntos Jurídico y Derechos Humanos, Felipe Zamora.

A pesar que las circunstancias en las cuales se presentó la tragedia aérea son poco claras, me cuesta mucho trabajo creer en la hipótesis del accidente.

Estoy totalmente consciente que esgrimir teorías de conspiración no ayudará a llegar al fondo de lo accidentado, sin embargo, no puedo dejar de percatarme de ciertas similitudes entre este accidente y el accidente en el que perdió la vida el segundo Secretario de Gobernación de esta administración:

Tanto Francisco Blake, como Juan Camilo Mouriño viajaban en transporte aéreo al momento de su muerte.

Otra circunstancia que llama mucho mi atención y que no puedo dejar de pensar que no es una coincidencia es la siguiente:

Pocos días antes de la muerte de Juan Camilo Mouriño, quien viajaba acompañado por José Luis Santiago Vasconcelos, asesor presidencial en temas de seguridad y ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), uno de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, había sido aprehendido por las autoridades federales. 90 horas antes de la muerte de José Francisco Blake, uno de los operadores financieros más importantes del Chapo había sido presentado ante las autoridades. ¿Coincidencia?

El hecho que ambos accidentes hayan ocurrido a bordo de aeronaves, en caso de ser cierta la hipótesis que el Chapo está detrás de los mismos, puede implicar también la existencia de un modus operandi de parte de su grupo delincuencial para desaparecer a altos funcionarios del Gobierno Federal. Esta hipótesis se puede ver robustecida si recordamos que, a raíz de un accidente aéreo, en el que se estrelló un helicóptero en la zona boscosa de Huixquilucan, Estado de México, perdieron la vida

Otro factor que me hace dudar que la muerte de Blake haya sido un accidente es que, según la bitácora del Súper Puma TPH-06 en que viajaban los funcionarios, éste iba a servir para trasladar al Presidente de la Residencia Oficial de los Pinos al Hangar Presidencial para que éste asistiera a la gira de trabajo que tenía programada en La Paz, Baja California Sur. Minutos después de que esta información salió a la luz pública, la Oficina de la Presidencia de la República desmintió esta versión. Ya sea cierta o no, esta versión genera un ambiente todavía más complicado en torno a los sucesos mortales del día de hoy. Creo firmemente que, aun cuando en verdad este helicóptero haya estado programado para transportar al Presidente, Presidencia se iba a encargar de negarlo. Admitirlo generaría un estado de psicosis colectiva muy importante, sería imposible dejar de preguntarse a quien estaba dirigido un eventual ataque, al Secretario de Gobernación o al Presidente de la República.

Como miembro del Partido Acción Nacional, lamentó la pérdida de dos panistas ejemplares, personas comprometidas con nuestro país. Si bien es cierto que mucha gente criticaba la manera de actual del Secretario de Gobernación hoy fallecido, también lo es que durante su administración se generaron diversos acuerdos entre la Federación y las diferentes entidades federativas.

Como ciudadano que cree que esto no fue un accidente y que no puede impedir ver la mano de la delincuencia organizada detrás de esta trágica colisión, me duele ver la vulnerabilidad de nuestras instituciones ante el embate del crimen organizado. Recordemos también que el 21 de septiembre de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta viajaba con rumbo al Penal de La Palma, acompañado por un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un helicóptero Bell 412 matrícula XCPFI cuando éste se desplomó en la comunidad San Miguel Mimiapan, Estado de México, bajo circunstancia que nunca fueron del todo esclarecidas.

Son demasiadas coincidencias. No puedo creer que varios funcionarios federales, entre los que se encontraban 3 titulares, hayan fallecido en accidentes relacionados con aeronaves. En caso de ser cierto que detrás de estas muertes hubo causas diferentes a error humano o fuerza de la naturaleza, es conveniente hacer un recuento de lo que hemos vivido en estos últimos años y veamos, de manera clara y objetiva, donde nos encontramos parados, cuales son nuestros peligros y cuales nuestras oportunidades.

Reitero. Dar marcha atrás no es la solución. Hacerlo, como lo he mencionado antes, solo haría que las vidas perdidas hayan sido en vano. La sangre de tantos policías, militares, marinos, civiles. Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño Terrazo y, el día de hoy, José Francisco Blake Mora se adelantaron en el camino, murieron en cumplimiento de su deber, murieron porque creían que es posible tener un México mejor, por tal motivo, debemos honrar su memoria.

El Gobierno Federal está de luto, los gobiernos locales también lo están, México entero está de luto. Hoy el Secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interna de nuestro país dejó de existir. Este hecho debe ser un llamado para todos los mexicanos a unirnos y redoblar esfuerzos en contra de la delincuencia. Recordemos que la lucha en contra de las drogas inicia en nuestra propia casa. Hagamos lo que, como ciudadanos, nos corresponde a cada uno.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Alimentando la prevención

Durante las publicaciones que he realizado en este espacio, he buscado generar conciencia, he intentado buscar soluciones y planes de acción que repercutan en políticas de prevención que generen la disminución de los índices delictivos. Estoy plenamente convencido que enfrentar nuestro entorno y realizar cambios, algunos tan simples como saludar a los vecinos y otros tan complejos como generar oportunidades, pueden crear un entorno de manera tal que se prevenga la presencia de conductas ilícitas.

En tal sentido, el pasado 12 de septiembre, publiqué una columna bajo el título “Oportunidades iguales para todos” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/oportunidades-iguales-para-todos.html), en la que propuse mi propio plan de prevención del delito basado en la generación de oportunidades en 4 rubros primordiales (educación, recreación, salud y mercado laboral), haciendo énfasis en que para el correcto funcionamiento de éste, se debería de actuar de manera conjunta y coordinada entre el gobierno y las familias, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Ante esta publicación, recibí un comentario de una persona a la que estimo demasiado. En su comentario me decía que, si bien es cierto que estaba de acuerdo con el plan que proponía, también lo era que consideraba que le faltaba un punto de vital importancia: la alimentación. El punto más sólido en que fundamentó su postura fue que “un pueblo sin alimentación seguirá delinquiendo para conseguir algo para mitigar su hambre, incluso puede derrocar gobiernos para mejorar la distribución de comida”. Desde ese día, hace ya casi dos meses, he estado pensando en este tema y he llegado a la conclusión que, tal como esta persona tan cercana a mí me lo dijo por medio de su comentario la alimentación es vital para generar un plan completo de prevención del delito. Aunado a la frase ya transcrita, no he podido sacar de mi cabeza lo manifestado por Harold Sibaja al decir que un joven de estos (refiriéndose a expandilleros) que no tiene una segunda oportunidad, va a volver a hacer lo mismo que sabe hacer: robar y asesinar si su hijo tiene hambre.

Ante este panorama la alimentación no solamente se constituye en un importante punto de salud pública, sino que también se convierte en un punto importantísimo a considerar en relación a la seguridad pública.

Es evidente que en la medida en que las necesidades más básicas de la ciudadanía se encuentren cubiertas, específicamente la cuestión alimentaria, los índices de delincuencia se verían seriamente disminuidos. Es por tal virtud que el Estado, en sus diversos órdenes de gobierno, debe garantizar, en la medida de lo posible y en el ámbito de sus respectivas competencias, que cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de comer todos los días. Este punto es medular porque sin una correcta alimentación, la población se enfrentará a problemas de desnutrición, la cual no permitirá que las personas, aún cuando tengan acceso a la educación o al empleo, se puedan desarrollar de manera óptima, toda vez que no cuentan con los nutrientes necesarios en su organismo. Es por tal motivo que el derecho a la alimentación debe ser garantizado a toda costa.

¿Cómo se podría garantizar el derecho a la alimentación? En primer punto, cabe hacer mención que el artículo 2, Apartado B, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las autoridades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, tienen la obligación de, entre otras, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

Por su parte, el artículo 4, párrafo séptimo de nuestra Carta Magna establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Como se puede observar de los dos artículos constitucionales comentados, el Congreso Constituyente ha restado importancia al tema de la alimentación. Únicamente dos artículos tocan este tema y ambos se refieren a menores. El derecho a la alimentación para adultos, no se encuentra garantizado por nuestra Ley Fundamental, lo cual, evidentemente, es un error que debe ser corregido urgentemente.

Existen diversas maneras en que el Estado podría garantizar el derecho de alimentación a la ciudadanía. Como primer paso, el cual se debe realizar ya, es elevar a nivel constitucional este derecho. Cualquier intento que se realice para otorgar alimentación a la ciudadanía, que no se encuentre respaldado por el reconocimiento constitucional, será en vano.

Otro punto que considero que vital importancia es fomentar las actividades del campo a través de apoyos económicos completamente regulados, que se otorguen a través de mecanismos de metas. En estos programas, los recursos que se entreguen deberán de estar avalados por informes en los que se reporten los cumplimientos de metas. Si las metas no son alcanzadas en el marco acordado, el recurso no se seguirá entregando Estos programas deberán ser revisados cuidadosamente para evitar que los recursos otorgados sean utilizados para fines distintos a los establecidos dentro de los mismos. Por tal motivo, se sugiera que los recursos se encuentren etiquetados y sujetos a auditorías tanto de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Mayor de Hacienda, despachos privados, entre otros.

Lamentablemente, el campo mexicano no ha sido explotado como podría. En su columna “El abandono del campo en el D.F.” publicada en el periódico El Universal del día de hoy (http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/55557.html), la Diputada Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, manifiesta que el DF solo cuenta con el 0.1% de la superficie sembrada a nivel nacional.

La Diputada Cuevas manifiesta también que es necesario fomentar la producción de alimentos dentro del DF atendiendo a la expansión que ha sufrido durante las últimas décadas, así como a factores como la densidad poblacional y la limitación de recursos alimenticios, haciendo hincapié en que, de las 16 delegaciones políticas de la Capital de la República, 7 de ellas (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco) son consideradas rurales, en las cuales se pueden producir, tranformar y comercializar productos agrícolas, principalmente avena forrajera, maíz y nopal.

Además de que las delegaciones mencionadas no han sido explotadas para conseguir los fines de alimentación, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC)en el presente ejercicio fiscal, fue una de las secretarías que menos recursos recibió para el logro de sus metas, ya que únicamente se le asignó el 0.5% del presupuesto destinado a las dependencias del DF. Las consecuencias de esta falta de recursos son evidentes. Las metas programadas por la SEDEREC no pueden ser cumplidas si no se cuenta con el dinero suficiente para hacerlo.

Aunado a lo anterior, el apoyo para proyectos específicos tampoco ha sido alentador a lo largo del 2011. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal únicamente aprobó algunos de bajo impacto como  los siguientes:

Ø  7 millones de pesos para el apoyo a campesinos de Tláhuac;

Ø  10 millones de pesos para el mejoramiento de la producción de planta y flores de la comunidad Barrio Caltongo de Xochimilco;

Ø  5 millones para apoyar a los productores de nopal en Milpa Alta;

Ø  3 millones de pesos para la agricultura sustentable a pequeña escala.

Es evidente que, con tan escasos apoyos, la actividad agrícola en el Distrito Federal no se podrá llevar a cabo de manera tal que sustente las necesidades de su población, lo que repercute en una deficiente alimentación de la ciudadanía, ya que se tiene que depender de lo que el campo en otras Entidades Federativas puedan aportar a la Capital.

Aun cuando los apoyos aprobados por el Órgano Legislativo del DF son un primer paso para lograr el cumplimiento de metas del campo, dichos apoyos son insuficientes. Es necesario que los apoyos otorgados se encuentren fundamentados en estudios serios que tomen como base la densidad de población y las necesidades de la ciudadanía. Solamente de esta manera se logrará la constitución de programas eficientes que coadyuven a otorgar la alimentación necesaria a la población.

Aun falta mucho por hacer y es imperioso que tomemos las medidas conducentes para que el campo mexicano trabaje a la máxima capacidad posible. Debemos recordar que la alimentación es una fuente importante para prevenir el delito. Recordemos que a lo largo de la historia mundial regímenes enteros han sido derrocados por falta de alimentación, tal como sucedió en la época de los Luises en Francia. Además, el tener cubierta la necesidad de alimentación impedirá que muchas personas salgan a delinquir con tal de conseguir los recursos necesarios para hacer frente a la misma.

Por tal motivo, considero que el tema de la alimentación, tal como me lo comentó un gran abogado de quien tengo el privilegio de compartir su sangre, es de una importancia inimaginable para los temas de seguridad pública y, por lo mismo, debe otorgársele la mayor atención por parte de las autoridades, tanto locales como federales. Recordemos que un refrán sumamente conocido de nuestra culturas reza que a barriga llena, corazón contento. Otorguémosle a nuestros ciudadanos la oportunidad de tener un corazón contento.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz