La crisis de la Institucionalidad

Como todos sabemos, actualmente nos encontramos inmersos en épocas electorales, en tiempos en que se habla primordialmente de política y de elecciones. Nos encontramos en pleno proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y diversos Ejecutivos y Legislativos Locales. Ante este panorama, algunos aspirantes a la Presidencia de la República, han publicado libros donde contienen sus propuestas y su ideología. Tenemos por ejemplo, que Enrique Peña Nieto publicó su libro “México la gran esperanza: un Estado eficaz para una democracia de resultados”, Manlio Fabio Beltrones, previo a su declinación, publicó “La vida y la política: orden, desarrollo y bienestar en la democracia”, Andrés Manuel López Obrador publicó su “Nuevo proyecto de Nación: por el renacimiento de México”, la precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota sacó a la venta su libro “Nuestra oportunidad, un México para todos”, incluso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano publico “Sobre mis pasos”.

Considero que, además de los espacios en medios de comunicación, los debates y los mítines, la lectura de estos libros son una excelente oportunidad para conocer las propuestas de los candidatos, sus preocupaciones, sus metas y sus planes para lograrlos. Es por esto que creo que, independientemente que se apoye a tal o cual candidato, el verdadero ciudadano, quien ejerce los derechos y obligaciones que le otorga la ciudadanía, debería procurar leerlos, para poder crearse un criterio más amplio de cara a las elecciones de 2012. En tal virtud, quien esto escribe, tomo la decisión de leer estos libros, por lo que comencé leyendo “Nuestra oportunidad, un México para todos” de Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a la Presidencia, a quien en lo personal yo apoyo abiertamente.

Para entrar al tema de este artículo, me permito hacer una breve semblanza del mencionado libro. Esta obra es el resultado de entrevistas realizadas por la Diputada con Licencia a diversos líderes mundiales, quienes compartieron con ella las experiencias obtenidas desde sus respectivas trincheras y sus observaciones y comparaciones respecto a sus respectivos países con México. Durante la lectura, me han llamado la atención especialmente las entrevistas con Julio María Sanguinetti y con José María Aznar.

Julio María Sanguinetti, quien fue Presidente de la República del Uruguay en dos ocasiones, hace mucho hincapié  en el tema de la institucionalidad. El ex-presidente uruguayo considera que la institucionalidad es un factor que debe ser cuidado de una manera muy especial por las personas encargadas de las políticas de gobierno e, incluso, por parte de los ciudadanos. Dice que sin una institucionalidad fuerte y realmente sentida como tal, no hay seguridad, además de especificar que la institucionalidad se debe entender no sólo como la arquitectura jurídica, sino como el ejercicio efectivo de la norma, como un código de comportamiento.

Para poder llegar a crear una institucionalidad sólida se requieren romper vicios, ir más allá, se requiere formar gente nueva.

El punto de la crisis institucional que vivimos, afecta no solamente a las instituciones como tal, sino que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos. La falta de institucionalidad, afecta de manera directa la economía, porque si ésta no existe y no se siente, no habrá seguridad que garanticen las condiciones que la inversión requiere. Una de las consecuencias de este rezago económico lo encontramos en los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que actualmente ascienden al 20% de la población  juvenil. El fenómeno nini es especialmente preocupante porque es el caldo de cultivo de la violencia y el narcotráfico, debido a que es la generación un sector que se siente alejado de la sociedad, siente que ésta no le da un lugar, por lo que va a ser muy fácil que sean agresivos en contra de ella.

Otro factor que se ve afectado por la falta de institucionalidad es la generación de oportunidades y el desarrollo social. Para que el Estado esté en posibilidades e generar un verdadero desarrollo social fuerte, es necesario contar con los medios económicos para hacerlo. Estos medio solamente se podrán obtener a partir de la eficiente recaudación de impuestos por parte de las autoridades hacendarias correspondientes. Desgraciadamente en México se encuentra una de las autoridades tributaria más ineficaz del mundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han demostrado ser incapaces de recaudar los impuestos de aproximadamente el 80% de la población económicamente activa. Esto evidentemente repercute en la vida de México, porque un país con tasas tan bajas de recaudación fiscal no puede generar desarrollo social verdaderamente fuerte. José María Aznar, ex-presidente español lanza una frase lapidaria: “El trabajo es una medicina estupenda. Hay que trabajar mucho. El trabajo es la mejor revolución social. Ofrecer oportunidades a la gente es lo más importante.” (José María Aznar en VÁZQUEZ MOTA, Josefina, “Nuestra Oportunidad, un México para todos”, Editorial Aguilar, México, 2011, p.104)

En México tenemos un punto muy sutil pero que refleja un serio problema de institucionalidad: no existe en dialogo y éste no existe porque no creemos en él. Los diálogos en México, los debates, se reducen a ataques contra los adversarios, dejando de un lado el verdadero motivo de los mismos, que son las propuestas. Tenemos la absurda idea que quien dialoga es débil y tiene propuestas endebles, cuando en la realidad quien verdaderamente dialoga lo hace porque se siente fuerte y siente que tiene los elementos para negociar, porque está convencido que su propuesta es la que de mejor manera cubre las necesidades populares. Es urgente que cambiemos nuestra forma de actuar. Un debate político no se gana, o no debería ganarse, por quien insultó o atacó más a su adversario, sino por quien demostró de mejor manera que su proyecto es el más viable para México. No debería interesar nada si Ernesto Cordero le dice a Josefina Vázquez Mota (solo por poner un ejemplo) que es una mentirosa o si ésta revira que él es ineficiente, lo que nos debería de importar es que ambos pongan sobre la mesa sus propuestas y sus planes, que cada uno de ellos las exponga, que mencione sus fortalezas y sus debilidades para concluir sobre su viabilidad, y una vez que se haya realizado esta exposición, ahora si dialogar, debatir sobre las propuestas. Los insultos y ataques solo lesionan a la institución más importante que tenemos en nuestro país: la democracia.

 Otro factor que refleja la crisis de institucionalidad que vivimos en México es el aumento sin igual de la violencia. Nos encontramos en un momento en la historia en que el poder corruptor del narcotráfico ha penetrado hasta las instituciones encargadas de las labores más delicadas para la vida nacional. Los narcotraficantes han generado redes de corrupción al interior de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública, de la Procuración de Justicia, a las Fuerzas Armadas, a los órganos legislativos. No creo que exista una sola institución en nuestro país que no haya sido infiltrada por el crimen organizado. Esta infiltración fue posible gracias a la incapacidad de los gobiernos de hacer frente a este problema e, incluso, a la cómplice inactividad de muchos otros gobiernos. Hacer frente a este flagelo no es asunto fácil. El Presidente Calderón inició una guerra en contra de la delincuencia organizada, guerra que en mi opinión, era necesaria, sin embargo, la estrategia empleada no ha sido la correcta. El resultado de esa fallida estrategia es visible: más de 50,000 muertos a lo largo de la administración calderonista. Esto se ha dado porque no ha existido un ataque completo e integral. Aznar, quien durante su gestión como Presidente de España tuvo que lidiar con el grupo terrorista ETA, manifiesta que (IBIDEM, p. 105):

“… a la criminalidad y al terrorismo no se le puede derrotar por partes. La batalla tiene que ser total. Si no hay una batalla total, se tienen muy pocas posibilidades de éxito.

El combate no es solamente contra los comandos terroristas… El combate también es contra todo lo que soporta eso, porque al final el terrorismo no es una ideología. El terrorismo es un instrumento detrás de una ideología. Tienes que combatir la ideología y tienes que combatir el instrumento, tienes que comabtir la utilización violenta, la utilización política, la presencia en medios de comunicación, la presencia financiera, las vinculaciones internacionales. Tienes que combatir todo y si no lo haces de esa manera, no avanzas.”

Además lanza una frase concluyente: “Si, como están las cosas, se dan pasos atrás, el riesgo es que se presente la sensación de que, de una manera y otra, la criminalidad ha tomado institucionalmente a México.” (IBIDEM, pp. 105-106)

La democracia es, evidentemente, una de las instituciones del Estado Mexicano que más se han visto afectadas durante esta época de crisis. Los liderazgos son absolutamente imprescindibles en el desarrollo social, sin embargo hoy día no tenemos liderazgos reales, o tenemos muy pocos. El otrora presidente José Aznar manifiesta que (IBIDEM p. 101):

“… el mundo está sobrado de líderes políticos, de partidos políticos que se acomodan al paisaje, que son perfectamente intercambiables y que, por eso, la gente acaba pensando que todos son lo mismo.

Pero la gente necesita líderes fuertes, necesita partidos y significados y necesita que los principios, los valores en los que cree, sean bien defendidos…”

Menciona también Aznar que una realidad que es evidente: Hoy en día “existe demasiado líder pendiente de las encuestas y demasiado poco (sic) líder pendiente de la toma de decisiones que el país necesita” (IBIDEM p. 105). Tristemente esta es una realidad que va más allá de cualquier duda, es lo cotidiano no solamente en México, sino en todo el mundo. La clase política se detiene demasiado observando las estadísticas, incluso, toma sus decisiones sobre la base de la afectación que su actuar puede tener en los números. Los políticos, los servidores públicos, han olvidado el motivo por el cual se encuentran en determinado cargo, que es porque están llamados a velar por la sociedad, a tomar decisiones que beneficien a la sociedad, olvidan lo que es anteponer el supremo interés nacional a los intereses personales y/o partidarios. Olvidan que por algo son conocidos como servidores públicos, porque están obligados a servir al público. Se requiere que la ciudadanía exija a sus líderes retomar los principios fundamentales de la política. De no ser así la población se va a seguir sintiendo defraudada, mentida y utilizada, lo que va a repercutir, como de hecho está sucediendo, en cada vez menor confianza en las instituciones nacionales, en un menor ejercicio del voto, porque, a palabras de la Presidenta Laura Chinchilla, “el sufragio mismo puede terminar por convertirse en una ceremonia sin mayor sentido para las poblaciones, si las poblaciones no se sienten parte de la democracia”. (IBIDEM p. 121)

Debemos recordar que, como País estamos frente a una gran batalla, no solamente en contra del crimen organizado, sino ante la gran crisis institucional que vivimos. Esta crisis no podrá ser nunca vencida si nosotros, como sociedad, no nos unimos y exigimos a los gobernantes que hagan su trabajo de manera eficiente, si no brindamos el apoyo necesario a los que buscan mejorar el País. En este punto es importante recalcar que, ningún gobierno, por sí solo, si no tiene el respaldo de su pueblo, podrá ganar esta batalla (Laura Chinchilla en IBIDEM p. 123).

He comentado en publicaciones anteriores que lo único que se requiere para que el mal avance es que los que sabemos hacer el bien no hagamos nada. El tema no es cambiar el mundo, sino mejorar el mundo y esa mejoría solamente podrá llegar si todos nos unimos para construir en lugar de seguir destruyendo. Esta es la única manera de generar Instituciones sólidas, lo que representaría un Estado firme que llegue a ser lo que merecemos, una potencia mundial. Ha llegado el momento de buscar chivos expiatorios, ha llegado el momento de culpar a otros o a las circunstancias de lo que nos ocurre. Tengamos el valor de aceptar que nuestros problemas son generados, en su gran mayoría, por nosotros mismos. Tengamos la madurez necesaria para aceptar nuestra responsabilidad y, sobre todo, tengamos el valor suficiente para enfrentar nuestros errores y arreglar los daños que hemos creado. En el momento en que aceptemos que los únicos arquitectos de nuestro destino somos nosotros, México podrá caminar hacia adelante con paso firme y decidido.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

La ineficacia del Sistema Penitenciario

Hace dos semanas, en mi publicación “Derecho Penal del Enemigo”, manifesté que considero que se debe establecer un régimen diferenciado de ejecución de sanciones para aquellas personas que cometen delitos de alto impacto social, incluyendo, claro, a los integrantes del crimen organizado (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/11/derecho-penal-del-enemigo.html). Ante tal conclusión, recibí un comentario de un gran amigo en el que manifestaba su desacuerdo. Por tal motivo, este artículo es, por así decirlo, una prórroga del anterior, con el cual pretendo aclarar mi postura. Estoy de acuerdo con el régimen diferenciado, sin embargo considero que para tal fin se debe reformar la legislación vigente, no para agravar las penas de estos delincuentes, sino para buscar sanciones alternativas para otro tipo de delincuentes.

En la actualidad, y valga la redundancia, se ha hecho uso excesivamente excesivo de la pena privativa de la libertad. Existe un caso de una persona que fue condenada a 25 años de prisión por Héctor Palomares Medina, Juez 26 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por el delito de robo agravado. El lector podrá creer que una sentencia de esta índole es adecuada, sin embargo, conociendo el caso vemos que no lo es. En la causa penal respectiva, se hace constar que el supuesto ladrón pidió a una persona que iba a abordar un camión en el paradero ubicado en metro Tacubaya le prestara dinero para su pasaje y el de 2 amigos más. Ante esto, la supuesta víctima le dio al “ladrón” 3 monedas de 5 pesos. Cuando el delincuente condenado se aleja del lugar, la víctima se acercó a un policía que se encontraba en las inmediaciones para solicitar su intervención en un caso de robo. Cuando el policía se acerca al ladrón, éste le dijo al oficial que no había robado nada, que únicamente había pedido le prestara el dinero y en el acto, intentó devolver los $15.00, está vez con una moneda de $10 y una moneda de $5. El oficial tomó esto como una confesión y lo remitió a la agencia del Ministerio Público. Una vez que se consignó el expediente, el Juez del conocimiento fue el Lic. Palomares quien, una vez que hubo agotado todas las instancias legales, dictó sentencia con la condena ya manifestada. Se llegó a este absurdo, el simple traslado del presunto delincuente a la Agencia del Ministerio Público resultó más caro que el monto de lo supuestamente robado, sin embargo, dado que la fracción III del artículo 224 del Código Penal establece que se impondrán, además de las sanciones descritas en el artículo 220 del mismo Código, de 2 a 6 años de prisión cuando la víctima o el objeto robado se encuentre en un vehículo particular o de transporte público.

Supongamos que, tal como lo manifestó la víctima, el presunto responsable lo haya despojado sin su consentimiento de los 15 pesos, el monto de lo robado, ¿es proporcional a la pena impuesta? La respuesta es evidente: no.

Si analizáramos las sentencias que los órganos jurisdiccionales han dictado, estoy cierto que encontraríamos muchas que no fueron dictadas en apego a derecho o que fueron dictadas sin que se haya comprobado la culpabilidad del indiciado. Esto, evidentemente, además provoca un problema de seguridad al generar sobrepoblación en los reclusorios.

Si aumentamos a esta sobrepoblación que los delincuentes, por así decirlo menores, se encuentran mezclados con delincuentes peligrosos, el problema se agrava inimaginablemente. Esta mezcla tiene una consecuencia funesta.

Antes de la reforma constitucional de 2008, el sistema penitenciario tenía como objetivo la readaptación del delincuente para conseguir su reincorporación a la sociedad. A partir de la mencionada reforma, se modifica esta obligación por la de reinserción. Esta modificación que pudiera parecer intrascendente, esconde una consecuencia importantísima. Tal es así que durante la presentación de su libro “Reforma Constitucional de 2008 en Materia de Justicia Penal”, el Dr. Raúl Carrancá y Rivas manifestó en el Auditorio Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que con esta modificación el gobierno dejó detrás su obligación de ir al fondo de la conducta criminal para reformar al sujeto e impedir su reincidencia.

Contrario a esta necesidad del Estado de otorgar la readaptación necesaria a través del sistema penitenciario, en muchas ocasiones, sino es que en todos, las cárceles se convierten en verdaderas escuelas del crimen. Las personas que entran por un robo, salen con maestría en violación, homicidio y otros delitos.

Es por este motivo que los delincuentes de alto impacto deberían estar alejados de otro tipo de delincuentes, de delincuentes que pueden ser readaptados de manera eficiente. Es por este motivo que propongo reformar la ejecución de las sentencias de la siguiente manera:

En primer lugar se debe hacer una distinción muy clara en los niveles de lesión que genera una conducta delictiva en la sociedad. No por nada, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, han trabajado para generar un catálogo de delitos de alto impacto, siendo estos: homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión, robo, delincuencia organizada y trata de personas. Hay que distinguir también los delitos que no generan un daño irreparable a la sociedad y que más bien su lesión se limita a la esfera de intereses de particulares.

En el caso de los delitos de alto impacto, que son nombrados de esta manera por la lesión que genera hacia la sociedad en su conjunto, se debería de optar por sanciones privativas de la libertad, mientras que en el otro rubro de delitos, se debería buscar, en la medida de lo posible, la conmutación de las penas. ¿Cómo poder hacerlo? Propongo la siguiente manera:

En el caso de delitos de bajo impacto, se deberá evitar el encarcelamiento, conmutando esta pena por trabajo a la comunidad y la reparación del daño respectivo. En caso de delitos financieros, la reparación del daño deberá incluir, además, el pago de los intereses desde la comisión del ilícito hasta la total liquidación del monto respectivo. Estos intereses deberán ser calculados con base en la tasa legal conducente. Las penas impuestas en este rubro deberán incluir, además, las terapias psicológicas necesarias para sanar la psique del delincuente.

En el caso de delitos de alto impacto, las penas establecidas deberán ser privativas de la libertad, así como la reparación del daño, tal como lo contempla la legislación vigente. Evidentemente, se requiere mejorar el sistema penitenciario para este fin, es decir, aplicar la máxima de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, por lo que se deberá generar un programa completo para buscar la readaptación del delincuente durante el tiempo de su internamiento. Este plan debería contener lo siguiente:

En primer lugar, se debe establecer un horario para que los reclusos despierten. Considero que, dados las actividades que propongo, este horario no podrá ser después de las 6 de la mañana.

De 7:00 a 7:30 a.m., los reclusos deberán estar presentes en el comedor para ingerir el desayuno.

Evidentemente, la educación debe ser parte esencial de este programa, por lo que, todos los días a las 7:30 a.m. se deberían iniciar actividades escolares en las que se haga especial énfasis en materias de ética, civismo, entre otras. El plan de estudios que se establezca en los centros de reclusión penitenciaria debe, además, ser acorde al aprobado por la Secretaría de Educación Pública para que, aquellos delincuentes que no tengan acreditada la educación, puedan concluir sus estudios. En este punto retomo una de las propuestas realizadas en la publicación “Oportunidades iguales para todos” en el sentido de hacer de la educación preparatoria obligatoria. Si entre los delincuentes hay personas que tiene completamente acreditada su educación hasta el nivel preparatoria, utilizar a éstos para que apoyen impartiendo clases a los demás reclusos. Las actividades escolares deberán terminar a las 3 p.m., contando con un descanso de 30 minutos a medio día, descanso en el que los reclusos deberán permanecer en el patio del centro de reclusión, permanentemente vigilados por los custodios.

Una vez terminadas las labores escolares, los reclusos deberán reportarse al comedor para ingerir la comida, que terminará, a más tardar a las 4 p.m.

De 4 p.m. a 6:30 p.m., los reclusos estarán en talleres artísticos, de manualidades o cualquier otra actividad que los mantenga ocupados. Los reclusos que tengan conocimientos en electricidad, plomería, albañilería o análogas, deberán impartir sus conocimientos y, en caso de ser necesario dentro del centro penitenciario, auxiliar para el arreglo de desperfectos.

De las 6:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., los reclusos tendrán actividades deportivas, las cuales desarrollaran bajo la mirada vigilante de los custodios, quienes deberán evitar la agresión entre los delincuentes.

De 7:30 p.m. a 8:30 p.m., los reclusos se reportarán en el comedor para ingerir la cena, para posteriormente tener media hora para realizar actividades libres y, finalmente reportarse en los dormitorios a las 9 p.m., donde pasarán diariamente revista.

En los fines de semana, el esquema deberá ser distinto. Se deberá procurar que tengan un tiempo de sana convivencia con su familia, además de contar con un tiempo para ellos mismos. Evidentemente, no podemos dejarlos caer en la ociosidad durante los fines de semana, por lo que se deberán diseñar actividades que el recluso pueda realizar de manera reiterada durante tales días.

Creo que el esquema propuesto puede ser mejorado, pero considero que es un gran paso para abatir, por una parte, la sobrepoblación de los reclusorios, además de prevenir los altísimos índices de reincidencia delictiva. Debemos tener en cuenta que muchas personas condenadas por delitos relativamente leves, reinciden con conductas delictivas infinitamente más severas.

Retomando lo manifestado en el primer párrafo del presente documento, reitero mi tesis de un régimen diferenciado para la delincuencia organizada, pero este régimen diferenciado deberá ser parecido a lo que propongo en el presente trabajo. El excesivo uso de la reclusión, lejos de ser un apoyo para la readaptación social y la disminución de los índices delictivos, se ha vuelto un aliciente para la delincuencia. Es necesario generar una reforma de fondo. Claro, estoy convencido que no soy experto en el tema, que habrá personas que puedan opinar diferente a mí, sin embargo, considero que la adopción de este esquema puede ser muy benéfica para nuestro país. Espero que se puedan realizar estudios más profundos sobre este tema y que sean nuestras autoridades y legisladores quienes se encarguen de lograr la reforma que urgentemente requerimos.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

México ante la Corte Penal Internacional

Los eventos acontecidos a finales de la semana pasada me han hecho pensar muy seriamente en donde estamos parados como sociedad. El pasado viernes 25 de noviembre, un grupo de activistas mexicanos, a través del abogado Netzai Sandoval, presentó una querella ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue al Presidente Felipe Calderón, altos funcionarios y al Chapo Gaznan a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestras civiles. Se les acusa de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Para poder definir la procedencia o improcedencia de la acusación ante la CPI, primeramente es necesario conocer la estructura de ésta, cuáles son los crímenes que persigue y cuáles son los requisitos de procedencia respectivos.

El Estatuto de Roma, el cual fue suscrito por México el 7 de septiembre de 2000 y ratificado por el Senado de la República el 28 de octubre de 2005, establece en su Artículo 1 el establecimiento de la Corte Penal Internacional, otorgándole un carácter de institución permanente que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Establece además que la CPI tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Por su parte, el artículo 5 del mencionado Estatuto enuncia los crímenes que podrán ser investigados por la CPI, los cuales son:

a)      El crimen de genocidio;

b)      Los crímenes de lesa humanidad;

c)       Los crímenes de guerra;

d)      El crimen de agresión.

Así pues, respecto al crimen de agresión, el párrafo 2. Del mencionado artículo establece que la Corte ejercerá competencia respecto a este crimen una vez que se apruebe una disposición en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

Para mayor comprensión, el artículo 7 del Estatuto de Roma, describe lo que son los crímenes de lesa humanidad, mientras que el artículo 8 tipifica los crímenes de guerra. No transcribiré estos artículos por lo extenso de los mismos, sin embargo, dejo el link para consultar el Estatuto de Roma completo (http://untreaty.un.org/cod/icc/statue/spanish/rome_statue(s).pdf).

El procedimiento que se lleva ante la CPI es bastante similar a los procedimientos penales de México, en cuanto a su forma. En México, se presenta una denuncia, la cual es investigada por el Ministerio Público. Si éste encuentra elementos necesarios, consignará la averiguación previa ante un Juez, quien decidirá si se inicia o no el juicio. En el caso de la CPI, se presenta la denuncia y será el Fiscal quien se encargue de realizar una investigación para determinar si existen o no elementos para iniciar con el juicio. Los resultados de esta investigación se presentan ante la Sala de Cuestiones Preliminares quien decidirá al respecto.

Evidentemente, existen una serie de hipótesis normativas que regulan esta etapa, las cuales se encuentran consagradas en el artículo 17 del Estatuto. Considero importantes, en el caso que nos ocupa, específicamente lo establecido en el párrafo 1, incisos a) y b), que a la letra dicen:

“Artículo 17

Cuestiones de Admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo…”

Una vez que hemos precisado cuál es la naturaleza de la CPI, cuáles son los delitos que conoce y los presupuestos bajo los cuales pueda actuar, podemos hacer un análisis respecto a la situación específica de México y los crímenes que se imputan a altos funcionarios y al líder más buscado de las células del narcotráfico.

En primer lugar creo que es necesario especificar a qué se refiere que la CPI tenga carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. En materia de Derecho Internacional, existe un principio básico, nada por encima de la soberanía de un Estado. Si un Estado está ejerciendo su jurisdicción sobre las conductas que pueden ser sancionadas por la CPI, ésta última se encontrará imposibilitada para ejercer su competencia, de acuerdo con el Artículo 17 transcrito anteriormente.

En el caso de México, si bien es cierto que Joaquín Guzmán Loera se encuentra prófugo de la justicia, también lo es que existen numerosos procedimientos penales incoados en contra de él y muchos miembros más de la delincuencia organizada. Este simple factor, aun suponiendo sin conceder que las conductas llevadas a cabo por los denunciados tipifiquen los crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que la Sala de Cuestiones Preliminares desestime la denuncia presentada.

Ahora bien, por lo que hace a los crímenes de lesa humanidad que se pretenden hacer valer, cabe mencionar que para que se configuren los mismos, se debe estar ante un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En el caso de la violencia que vivimos en México, se podría configurar este ataque sistemático o generalizado por algunos de los cárteles de droga más importantes, como lo es el caso de los zetas, sin embargo, el gobierno mexicano no ha sido ajeno a estas circunstancias y ha iniciado diversas averiguaciones previas, ha detenido a varios sicarios y ha realizado importantes operativos que han redundado en la detención o, en su caso, muerte de diversos miembros de grupos de narcotraficantes, ante este panorama queda claro que el Gobierno Mexicano si ha actuado en contra de los miembros de la delincuencia organizada, que si bien es cierto los resultados no siempre han sido favorables, se busca detener esta ola de violencia y poner a estos criminales donde pertenecen, tras las rejas. Por tal motivo, la CPI no deberá iniciar el procedimiento solicitado porque hacerlo implicaría una flagrante violación a la soberanía de nuestro país.

Lo que hace a los crímenes de guerra, me queda claro que en diversas ocasiones los cárteles de la droga actúan sin escrúpulo alguno y matan a diestra y siniestra sin preocuparse si aquellas personas se pueden defender, están armadas o representan un riego real e inminente que justifique su acción. Estoy convencido que varias de las conductas que establece el artículo 8 del Estatuto de Roma son llevadas a cabo por los grupos criminales. Tengo conocimiento de fuentes cercanas como los zetas en Hidalgo, por mencionar un ejemplo, específicamente en Pachuca de Soto, ingresaban a los hoy llamados antros y cerraban las puertas. Todos los comensales podían consumir cuanto quisieran y serían los miembros de este grupo criminal quienes se encargarían de pagar la cuenta. ¿Cuál era el beneficio de los zetas? Simplemente si veían a una mujer que les parecía atractiva, ahí mismo, en público, la violaban, sin importar si iba acompañada o no. Si alguien se levantaba a defenderla, el asunto se resolvía simplemente con un balazo al defensor. Claro que estas conductas son deplorables y claro que pueden ser considerados como crímenes de guerra atendiendo al tipo establecido en el Estatuto de Roma, sin embargo, la jurisdicción mexicana ha iniciado cuanto procedimiento penal ha podido para traer a estas personas ante la justicia.

El caso de los mandos militares acusados de crímenes de guerra es diferente. Se ha utilizado mucho el ejemplo de aquel civil que falleció después de que su automóvil fue acribillado por elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos. La realidad de las cosas es mucho más compleja de lo que los medios dieron a conocer a la opinión pública. A esta muerte, vino acompañada una recomendación por parte de la CNDH dirigida a la Secretaría de Marina Armada de México. La respuesta brindada por tal Dependencia nos da una luz de lo que aconteció en aquel momento:

Aquel día se estaba llevando a cabo un operativo para aprehender a Arturo Beltrán Leyva, por lo que elementos de la Marina levantaron un cerco  de seguridad para salvaguardar  la vida e integridad física de los civiles. Durante el operativo, se comunicaron a los elementos de la Marina diversos informes de inteligencia en los que se hacía constar que diversos integrantes del grupo delictivo de Arturo Beltrán Leyva habían salido desde Acapulco y la Ciudad de México para brindar auxilio a su jefe. Ante este informe, la Marine reforzó la vigilancia en el cerco de seguridad. El civil que perdió la vida intento penetrar el mencionado cerco, a lo que la Marina, en un inicio intentó impedir, y una vez que el civil, aun a pesar de los señalamientos de la Marina en el sentido que detuviera su auto, cruza el cerco, evidentemente los marinos creyeron que se trataba de un refuerzo de Beltrán y, por lo mismo, un riesgo a la seguridad. Lo detuvieron. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo en la forma en que la Marina detuvo a su sospechoso, estoy convencido que pudieron buscar la manera de inmovilizar el vehículo y, en su caso, aprehender al conductor.

Desgraciadamente, el clima de violencia tan grande que vivimos actualmente, nos hace dejar de ver las cosas en perspectiva. Creemos que el Presidente de la República es el culpable de la ola de violencia que vivimos e, incluso, hemos llegado a acuñar la frase de “era mejor dejarlos hacer lo que quisieran si eso no implicaba violencia”. Perdón, pero si algo he aprendido en mi vida es que un problema no enfrentado no es un problema que se queda atrás, sino que, por el contrario, va creciendo hasta que llega el momento en que es inevitable enfrentarlo. Esto es una muestra de ello. El poder que se le dio durante mucho tiempo al narcotráfico, el dejarlos actuar a sus anchas, está generando que, cuando se pretende meterlos en cintura, reaccionen de manera tan violenta, llegando, según se rumora aunque no se pueda confirmar, a cobrar la vida de dos Secretarios de Gobernación de Felipe Calderón.

Ahora bien, hagamos memoria: antes de la administración de Felipe Calderón no existía paz entre los narcotraficantes. Esta paz existió mucho antes, durante varias administraciones, hasta que la misma se vio rota cuando Miguel de la Madrid Hurtado, según afirma Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco” les otorgó mucho mayores prerrogativas de las que venían teniendo de antaño. La violencia se ha generado desde entonces, basta recordar el homicidio, fuera del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, del Cardenal Juan José Posadas Ocampo o aquella balacera en el ahora extinto Bali-Hai que tenía por objeto terminar con la vida de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, por decir algunos.

He dicho en más de una ocasión, en estas líneas y en conversaciones privadas, que la estrategia de la lucha contra el narcotráfico es incorrecta e incompleta, ha dejado descuidados temas no solamente importantes, sino vitales, como lo es la prevención de nuevos ingresos a sus filas, temas que requieren de atención urgente. Evidentemente, es necesario que se replanté la estrategia, que se diseñe una nueva que contemple todas las vertientes de manera integral.

Independientemente de los errores de estrategia, estoy a favor de la lucha emprendida por el Gobierno Federal en contra de las bandas de la delincuencia organizada, en especial contra el narcotráfico. Es un tema que ha generado demasiados daños y que requería de una atención especial por parte de los gobernantes. Considero irracional que se busque juzgar ante la Corte Penal Internacional a la persona que ha intentado repara los daños que tantos años de gobiernos crearon en México al otorgarles prerrogativas sin igual a los narcos, ¿por qué no mejor juzgar a aquellos que permitieron que el problema escalara hasta este nivel?

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Derecho Penal del Enemigo

Desde que el jurista alemán Günther Jakobs esgrimió el concepto de derecho penal del enemigo, mucho se ha hablado al respecto. Muchos estudiosos del Derecho han manifestado su desacuerdo en este tipo de Derecho Penal, argumentando que el mismo resulta violatorio del Estado Democrático de Derecho. No obstante lo anterior, considero que el Estado de Derecho se ve vulnerado de una manera más severa con la existencia de ciertos criminales que atacan los cimientos mismos de las instituciones de nuestro país. Como consecuencia de este debate, surgió en mí la inquietud de estudiar un poco más al respecto, buscando tener elementos para comparar la teoría del Dr. Jakobs con la situación que actualmente estamos viviendo en nuestro país. Fue de esta manera como leí el libro “Derecho Penal del Enemigo”, escrito por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Uno de los puntos que llamó mi atención de entrada, fue la justificación que el Dr. Mancera realiza respecto al debate existente en este tema. Parte desde el punto de vista que la seguridad pública es una obligación del Estado, así como la principal exigencia de los ciudadanos, así como la dificultad de aplicar un derecho penal convencional a algunos criminales, dada su peligrosidad. El Dr. Mancera lo establece de la siguiente manera:

“En efecto, la mira del Estado está puesta en la seguridad de sus ciudadanos y al tiempo esa es la exigencia de éstos, pero la ecuación se complica cuando aparecen las estructuras de la delincuencia organizada porque entonces se tiene que reaccionar de un modo diferente, un modo mucho más agresivo que el que se ocupa para la delincuencia habitual, ello no deja de provocar polémica dado que esos modelos resultan cercanos a los que emplean estados totalitarios, es decir, un camino que conduce a un claro alejamiento de ese llamado ‘Estado democrático de Derecho’”

El Dr. Mancera manifiesta que se ha hablado mucho acerca de la convergencia en el Derecho Penal del Enemigo de una serie de características que encajan y dan pie a suponer la presencia de un modelo de Estado autoritario, sin embargo hace énfasis en que tal manifestación resulta vaga para poder definirlo, dado que hablar de Derecho Penal autoritario es algo obvio, pues todo derecho penal tiene presente esa característica ya que en él confluye la violencia, tanto en las conductas que regula, como en la forma de reaccionar ante ellas.

Tal como lo manifiesta el Dr. Mancera, haciendo referencia a lo manifestado por el Dr. Muñoz Conde, se ve robustecida si tenemos en cuenta que el Derecho Penal es una forma de control social, a la cual el Estado confía la custodia de los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, al menos, los que el consenso social considera los de mayor valor y ello la hace porque sabe que quien se atreve a atentar contra tales valores está consciente de que la reacción del sistema jurídico será la más severa y por ende, enfrentará graves consecuencias. Ahora bien, no obstante la violencia que el Derecho Penal conlleva, las personas se han encargado de buscar limitarlo y, de esta manera, se han creado complejas construcciones de derechos fundamentales, en la celebración de tratados internacionales e, incluso, se financia el establecimiento y operación de tribunales de jurisdicción internacional que entre otras cosas buscan sancionar los excesos cometidos en contra de supuestas luchas consideradas legítimas, es decir, buscan combatir el exceso, el abuso y las conductas arbitrarias realizadas al amparo de ostentar el poder, conductas que, incluso, pueden derivar de la propia ley.

Dentro del derecho penal, los derechos y garantías fundamentales propias de un Estado democrático de Derecho consisten en los principios de legalidad, de intervención mínima, de culpabilidad, el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, a no declarar contra sí mismos, entre otros.

Para entender de mejor manera lo que representa el Derecho Penal del Enemigo, conozcamos cuáles son las características que se le atribuyen:

1.       Adelantamiento de la línea de defensa sancionando, incluso, actividades preparatorias del delito;

2.       La pena resulta desproporcionada respecto de una conducta que aún no entra en fase ejecutiva;

3.       Se plantea como una legislación de lucha, de combate;

4.       Se presenta una notable reducción de garantías procesales.

Günther Jakobs justifica la existencia del Derecho Penal del Enemigo en el hecho de considerar a una serie de sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley alcanzan un status de no personas, los cuales requieren un tratamiento especial, diferenciado del que se da a los ciudadanos normales. En términos generales, Jakobs considera como enemigos a los narcotraficantes, terroristas, a los que cometen delitos económicos y, en general, a todos aquellos que se encuentran dentro de la delincuencia organizada.

Además de lo ya mencionado, Jakobs justifica la existencia del Derecho Penal del enemigo en la consideración de que existen grupos de la sociedad que han hecho del delito una empresa y respecto de los cuáles la gran mayoría de los estados no han encontrado la manera idónea de reaccionar y, por ello, se vuelve necesario encontrar una forma efectiva de contrarrestar sus efectos dentro de la sociedad, la que debe tener un efecto cognitivo claro.

Ante esta manifestación, no puedo sino pensar en los cárteles del narcotráfico que operan en nuestro país. Muchos de los hijos de los grandes líderes son personas que se han dedicado a estudiar administración de empresas y que, incluso, cuentan con maestrías en negocios por parte de universidades extranjeras. Ante esto, resulta innegable que el narcotráfico se ha vuelto una verdadera empresa criminal, al grado de ser el segundo negocio ilícito que más ganancias genera a nivel mundial, detrás únicamente del tráfico de armas, el cual, también es una empresa criminal.

Ante esto, me nace la duda si, en caso de poder detener a las personas que se dedican a estas empresas, a la trata de personas, al tráfico de drogas, de armas, el derecho penal mexicano estaría a la altura para poder detener este flagelo. Honestamente, considero que no.

Durante este fin de semana, aproveche para estar un tiempo con mi esposa, descansando, dándonos un tiempo para nosotros y veíamos por internet un video en el que Adal Ramones, en su extinto programa Otro Rollo, hacía una sátira a las películas de Hollywood y dentro de aquel monólogo, dijo una frase que en lo personal me dolió por cierta. Decía que el protagonista en Estados Unidos mataba a 200 personas para posteriormente llegar al malo y detenerlo y, a final de cuentas, era considerado un héroe, mientras que en México un policía no puede dar un macanazo en contra de un delincuente porque en el momento le cae encima Derechos Humanos. Desgraciadamente, esto es muy cierto. Bajo el pretexto de la consagración de los derechos de los delincuentes, se ha llegado al extremo alarmante de proteger más a los delincuentes que a la sociedad a la cual agravian con su conducta ilícita. Tal como lo mencioné en la publicación “La inequidad en la legislación pro equidad” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/10/la-inequidad-en-la-legislacion-pro.html), el atender necesidades que habían sido por mucho tiempo desatendidas, se llega al extremo de desatender las conductas que no deben ser desatendidas. Tal es el caso de lo que sucede con los derechos de los delincuentes. No niego que ellos también tienen derechos que deben ser salvaguardados, sin embargo, el derecho de la sociedad, en conjunto, también debe ser salvaguardado.

Aunado a lo anterior, el daño que ha generado la delincuencia organizada en nuestro país justifica, por lo menos desde mi punto de vista, la existencia de un Derecho Penal del Enemigo en contra de tales delincuentes, de acuerdo con lo manifestado por el propio Jakobs en el sentido que es necesario que el Estado encuentre medios de represión idóneos para hacer frente a estos delincuentes.

En lo personal no puedo considerar digno de un Estado democrático de Derecho que, en atención a los derechos de los delincuentes, se vulneren los derechos de la sociedad. Es imperioso que se recuerde que el bien de la sociedad está por encima del bien personal, por lo que se debería atender de manera eficiente este principio fundamental del Derecho.

Si el Estado tienen la necesidad de hacer frente a los miembros de la delincuencia organizada a través de las armas, que lo haga, sin embargo, no estoy de acuerdo en que maten a los narcotraficantes en los operativos, máxime si los mismos se encuentran sin armas y sin posibilidad de defenderse, tal como aconteció con la muerte de Arturo Beltrán Leyva, quien fue, literalmente ejecutado sin tener en su posesión ni una sola arma de fuego.

La manera en como el Estado debe responder a los miembros de la delincuencia organizada, llámense narcotraficantes, tratantes de personas, traficantes de armas, etc., debe ser con todo el peso de la fuerza que tenga a su alcance, pero deben llevarlos ante los Jueces competentes para que ellos, una vez que conozcan la causa penal, dicten una sentencia en que se les imponga una condena legal.

Aquí entramos en otro problema que será tratado en una publicación diversa: el sistema penitenciario. Si no se logra una reforma completa de la operación del Sistema Penitenciario a nivel nacional, ningún narcotraficante va a temer pisar cualquier Centro Penitenciario, por más que sea de alta seguridad.

Estamos ante un problema muy fuerte de seguridad pública, un problema que requiere ser enfrentado con valor y haciendo uso de todos los instrumentos posibles. Es por esto que considero que la limitación de ciertas garantías a los narcotraficantes en aras del bienestar social, no deben ser tomadas como violación a los derechos humanos, dada cuenta la supremacía de los intereses que se buscan salvaguardar. No obstante lo anterior, esta limitación y la consagración del Derecho Penal del Enemigo debe realizarse con todo cuidado para evitar llegar al extremo contario, a un estado tiránico. Por tal motivo, me permito terminar esta publicación con una frase esgrimida por el Dr. Mancera en su “Derecho Penal del Enemigo”:

“De no cuidar la limitación del Derecho penal del enemigo el riesgo es doble, pues por un lado tendremos un Derecho penal más agresivo, más violento y, por otro, la expansión de ese Derecho, alejándonos cada vez más de la existencia de un Derecho penal mínimo, con lo que, lejos de crear un clima de tranquilidad o de generar la sensación de seguridad, lo que tendríamos ahora sería una inseguridad jurídica”.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Trata de personas

Debo admitir que, aún cuando siempre he sentido repudio hacia la trata de personas, este flagelo no era un tema del que me preocupara específicamente. Cuando llegaba a ver casos de trata me molestaba, me interrogaba el por qué no se hacía nada para terminar con él y ya, no había más. Lo veía como algo ajeno. Esta perspectiva cambió radicalmente cuando el Director General del área donde trabajo solicitó mi apoyo para llevar a cabo la presentación del libro “Del Cielo al Infierno en un día” cuya coautoría se debe a la Dip. Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas y a Evangelina Hernández, periodista con más de 23 años de carrera, evento que se llevó a cabo en el Auditorio Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Dicho evento me hizo percatarme del lado humano que hay detrás de este delito, del sufrimiento al que son sujetas las víctimas. Desde ese momento comencé a interesarme más por el tema. Convivir con las autoras, escuchar su historia, ser testigo del relato de una víctima es algo que marca profundamente. En ese momento no pude adquirir el libro por diversas circunstancias, sin embargo me quedó una lección gravada muy profundamente en mi alma.

Ha pasado ya algún tiempo y mi interés se vio todavía más recrudecido cuando por fin, la semana pasada, tuve la oportunidad de leer el libro en comento. Se trata de un trabajo de investigación en el que se narra la historia de 6 víctimas de variadas edades, desde mujeres ya en plena edad adulta, hasta el caso de una niña de 8 años. Mientras uno recorre las páginas, siente toda la gama posible de emociones que se puedan imaginar. Uno pasa de la rabia a la tristeza, después al odio, a la desesperación. Mientras emprendía la lectura, pude comprender de la manera más clara el origen de aquellas lágrimas que, aún ante el descomunal esfuerzo de la Dip. Orozco por impedir su brote, comenzaron a correr por sus mejillas. Cualquier persona con corazón presentaría el mismo cuadro.

Desgraciadamente, tal como lo manifiesta en reiteradas ocasiones Rosi Orozco, y como lo dejan ver diversos funcionarios, estamos acostumbrados a ver la prostitución como parte del paisaje urbano. En rarísimas ocasiones hay personas que ven más allá de lo obvio, son muy pocas las personas que se dan cuenta que detrás de las personas que se prostituyen hay personas que se encargan de explotarlas de la manera más ruin y que son las prostitutas las verdaderas víctimas. Por esto se requiere hacer un cambio estructural en nuestra manera de pensar. Cabe perfectamente una manifestación vertida por la Lic. Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros quien fungiera como Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. “… no son putitas, no son prostis, no son pirujas, son personas de carne y hueso que todos los días tienen que luchar por mantenerse vivas”. Dejamos de ver que detrás de estas personas que señalamos como prostitutas se esconden historias de vulnerabilidad y dolor.

No puedo sino estar de acuerdo con las palabras de la Diputada Orozco cuando manifiesta que “estas personas son calificadas con los peores adjetivos del idioma, y se les trata como basura humana, pero en realidad no son ellas las que merecen tan humillantes tratos. Ellas son sólo víctimas de los usuarios quienes las han degradado hasta un límite que ningún ser humano merece”.

Otro comentario que refleja la realidad detrás de cómo la sociedad ve la prostitución es el realizado por el Lic. Luis Martínez, abogado de muchas de las víctimas rescatadas gracias a los operativos realizados y esposo de la Directora del Albergue: “Los hombres tenemos que hacer cambios estructurales en nuestra cultura para dejar de ver a las mujeres como objetos, para dejar de violentarlas sexualmente. Tenemos la obligación de reenfocar nuestra escala de principios y valores para dejar de ser una parte del problema”.

Desgraciadamente la realidad ha demostrado que en diversas ocasiones se ha minimizado la atención que las víctimas de estas conductas delictivas requieren debido a que, según muchos funcionarios, éstas decidieron estar donde están, es decir, según muchos, ellas son solo prostitutas que no merecen la atención de nadie. Incluso, existen diversas indagatorias de personas prostituidas que han desaparecido y las autoridades encargadas no han hecho gran cosa. Si creemos fielmente que estas víctimas no merecen su atención recordemos que, tal como dice Rosi Orozco, “muchas de esas mujeres son tan inocentes como lo es su hija, su sobrina, su nieta, su hermana, querido lector, y fueron secuestradas para ser puestas en una red de explotación sexual”. Si lo pensamos de esta manera, las cosas cambian, ¿verdad?

Para entender a fondo lo que es la trata de personas, me permito transcribir la tipificación que sobre este delito establece el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 188 Bis:

“ARTÍCULO 188 Bis. Al que promueva, facilite, consiga, entregue o reciba para sí o para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa.

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.”

Si bien es cierto que la trata de personas comprende una gran variedad de conductas, también lo es que de todos los casos que se presentan de este ilícito, se calcula que el 80% de las víctimas reclutadas son para la prostitución u otras formas de explotación sexual.

Algunos datos para comprender la magnitud de este problema:

Ø  Según la UNICEF, un millón de niños y niñas son reclutados anualmente para esta industria ilícita.

Ø  En México, las cifras emitidas en el año 2000 por la UNICEF y DIF indican que existían entonces de 16,000 a 20,000 niñas, niños y adolescentes en explotación sexual comercial.

Ø  La impunidad sigue siendo alarmante. Por cada 800 víctimas rescatadas se condenó a un solo victimario.

Como se puede observar de los datos anteriormente presentados, el problema de la trata de personas es descomunal. Se tiene estimado que esta industria ilícita es la tercera a nivel mundial en cuanto a ingresos generados. Evidentemente, la impunidad tiene mucho que ver con este poder económico que los padrotes obtienen de la explotación sexual.

Otro factor que propicia la impunidad es el hecho que el consumo no es castigado. En tal virtud, muchos proxenetas, al momento de ser arrestados, alegan ser clientes de la sexoservidora al momento del operativo. Debemos tener en cuenta que si no hubiera clientes, el mercado sexual no existiría, que los verdaderos responsables de este negocio son los consumidores, quienes compran pornografía, quienes asisten a centros nocturnos como los llamados table dance y similares, quienes contratan a mujeres para que se prostituyan. Si ellos no estuvieran dispuestos a dar dinero fresco todos los días a la industria de la explotación sexual, el negocio no existiría.

Este problema ha alcanzado magnitudes tales que la Organización de las Naciones Unidas ha denominado a la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI.

Evidentemente, la explotación sexual no se da únicamente a través de la prostitución. Existen además por lo menos 4 formas más de explotación sexual:

Ø  Pornografía;

Ø  Turismo sexual;

Ø  Tráfico con fines sexuales;

Ø  Matrimonios forzados o serviles.

No niego la existencia de personas que se prostituyen por voluntad propia, sin embargo, éstas son las menos. La gran mayoría de las personas que se encuentran en la calle, vendiendo su cuerpo, son forzadas a esta actividad, incluyendo, claro está, a las niñas y niños que son víctimas de esta conducta. Recordemos que un niño o una niña no pueden desear prostituirse, es imposible que lo haga con su consentimiento. En este caso es inexacto hablar de personas prostitutas, siendo lo correcto personas prostituidas.

Para poder prevenir la esclavitud sexual es necesario educar; hablar a los niños, niñas y jóvenes sobre los posibles riesgos, darles educación sexual, enseñarles a no entablar relación con extraños, a no dejarse chantajear, a no dejarse confundir por anuncios de empleo, teniendo una buena comunicación con ellos, invitarnos a cuidarse de lo que ven y con quien establecen contacto a través del Internet. Es también de vital importancia generar un ambiente de cordialidad dentro del seno familiar. Muchas víctimas del delito de trata de personas caen en las redes de los explotadores por ser vulnerables y buscar aceptación. Un miembro de una familia disfuncional, en la que sufre violencia, es terreno fértil para que los tratantes los recluten en sus grupos, tal como se menciona en el libro en comento: “Las heridas del alma se traducen con frecuencia en baja autoestima y ésta en proclividad de caer en manos de explotadores”.

Para lograr prevenir este delito, se ha realizado un perfil victimológico, el cual se encuentra presenta en la gran mayoría de las víctimas. Este perfil es el siguiente:

Ø  Son jóvenes que han sufrido violencia.

Ø  Son personas procedentes de zonas rurales o barrios marginales.

Ø  Son adolescentes que provienen de familias desintegradas.

Ø  Migrantes en busca de mejor nivel socioeconómico.

Ø  Niños o niñas que han sufrido abuso sexual, pobreza extrema, o ambas.

Ø  Jóvenes en búsqueda de oportunidades para ser modelos o edecanes o bien que viven en situaciones económicas desesperadas.

Desgraciadamente, estos factores no son los únicos detonantes para la existencia de este flagelo. En palabras de Mira Solvino, Embajadora de la Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de trata de personas, “las víctimas existen porque existe la indiferencia y la negligencia de autoridades y de sociedades”. Ante esta declaración, cabe también lo dicho por Dilcya Samantha García: “Vemos con naturalidad la prostitución porque hemos sido educados por una sociedad hipócrita, con una doble moral. En todos los sectores, hasta en los más conservadores, lo que importa no es que se cometan los crímenes, sino ocultaros, hacerlos invisibles”. Mientras no rompamos ese círculo vicioso, mientras no aprendamos a ver en las víctimas lo que son, es decir, víctimas, no vamos a poder hacer nada para detener este terrible delito.

Afortunadamente, se ha hecho algo, se ha trabajado incesantemente para, por lo menos, frenar los incrementos de este delito. De acuerdo con las estadísticas de la PGJDF, durante los años 2009 y 2010 se logró el rescate de 106 víctimas. Por este delito fueron consignadas 5 personas. Asimismo, durante dicho periodo se realizaron 10 operativos de los cuales 9 resultaron ser en contra de la explotación sexual comercial. En el mismo lapso se detuvieron a noventa y seis presuntos responsables asó como se aseguraron quince predios para aplicarles la Ley de Extinción de Dominio.

Aún falta mucho por hacer. Juana Camila Bautista Rebollar, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, señala que en su opinión es necesario que todos los involucrados en perseguir y castigar este delito se capaciten, no sólo en el ámbito jurídico, sino en el plano sicológico para poder entender el sufrimiento de las víctimas y evitarles más dolor al enfrentarlas a sus captores. ¿Por qué opina esto? Porque ella cree que

“Los jueces deberían ser más humanos con las víctimas porque los careos las exponen a un doble impacto: por un lado entender su condición de víctimas, y por el otro enfrentarse al hombre que, en un momento determinado, creyeron estar enamoradas. Es una situación emocional muy delicada para ellas que, creo, que los jueces no toman en cuenta. He observado que en algunos casos, no en todos, lo toman como un proceso jurídico más, como si se tratara de robo de vehículos”.

Tengo que darle la razón a la fiscal. No se está tratando cualquier asunto. Se está ventilando un juicio en el cual le fue arrebatada a la víctima su vida, su dignidad, sus sueños. Son personas que han sufrido cosas que ninguno de nosotros imaginamos. El trato que debemos otorgar, tanto funcionarios como sociedad, es un trato humano, un trato que las haga sentir que valen por el simple hecho de ser personas, que les apoye a recuperar su autoestima.

Quiero transcribir una cita de Luis Martínez, que aparece en la página 145 del libro, esperando que los haga reflexionar:

“En cuestión de víctimas, las buenas intenciones no son suficientes para hacer justicia, se requiere de legislaciones claras, donde sus derechos sean plenamente respetados y de procedimientos penales en los que su identidad e integridad sea cuidada como lo más preciado. Ellas no son un expediente más en los juzgados, son seres humanos a quienes les robaron todo y luchan cada día por sobrevivir”.

El daño que sufre una persona que es expuesta a esta tipo de esclavitud requiere de gran atención para lograr su restauración integral. Este daño dificulta la investigación ya que en la gran mayoría de los casos, sino en todos, las víctimas se niegan a denunciar ya sea por miedo o porque siguen creyendo que sus tratantes las aman en verdad. Para puntualizar este punto, transcribo lo que el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia y Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal, mencionó a las coautoras del libro Del Cielo al Infierno en un día:

“Si te llega una denuncia y acudes a un sitio y te encuentras a cuatro o cinco niños o jovencitas ahí que están siendo explotadas sexualmente, y se logra configurar el delito de trata de personas, tú puedes pensar que ya lograste de un solo golpe algo muy bueno, algo sensacional, y no es así. No has ganado nada, no has logrado nada y difícilmente lo vas a lograr, porque lo más probable es que los niños, las jovencitas lo nieguen todo y te digan que no los plagiaron, que no se los llevaron, que no los tienen ahí a la fuerza, y  mucho menos que los están explotando, que los están prostituyendo. No vas a lograr nada a la primera. En realidad esto es una labor fina, de muchísima paciencia y es ante todo un reto, porque se debe dar seguimiento especial a las víctimas porque en principio no se van a reconocer como eso, como afectados o afectadas. Van a negar las cosas, van a negar cada hecho y tú como investigador vas a tener que ir muy despacio, paso a paso siguiéndolos día a día. Vas a tener que ver qué hacen, dónde lo hacen, cómo se comportan, con quién trabajan y para quién lo hacen, vas a seguir sus rutinas y vas a ir obteniendo pruebas, declaraciones, vas a ir documentando paso a paso lo que les sucede para poder sustentar, para demostrar que son víctimas de trata de personas. Comienzas a trabajar con una víctima, luego con otra y con una tercera; vas generando confianza y poco a poco se van abriendo, y entonces van surgiendo las denuncias, las acusaciones, los nombres de quiénes están detrás de ellos, de la gente que los controla; ves aparecer los rostros de la red de trata de personas y puedes actuar, pero eso toma mucho tiempo y más paciencia”.

En verdad hay mucho camino por recorrer todavía. Se debe iniciar con una completa homologación del tipo penal en todas las entidades federativas. De no hacerlo de inmediato, se corre el riesgo que una persona pueda operar impunemente en algunos estados. Además, para el establecimiento de la pena, el Juez del conocimiento debe tener en cuenta no sólo el daño que la víctima ha sufrido físicamente por la explotación laboral, sino que se deberían realizar diversos peritajes sicológicos y siquiátricos para determinar el daño emocional que la víctima ha sufrido, el cual, en diversas ocasiones, es infinitamente mayor a los daños físicos.

Nosotros como sociedad tenemos las herramientas para terminar con este delito. Es urgente que se castigue también a los consumidores. Si no hay consumidores, no habrá demanda y, consecuentemente, se terminará el mercado. Recordemos que “el mal avanza cuando los que sabemos y podemos hacer el bien no hacemos nada”.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Luto en el Gobierno Federal

Dadas las circunstancias que se presentaron en la mañana de este día, me veo en la necesidad de escribir estas líneas, las cuales no fueron planeadas y me gustaría que no tuvieran que ser escritas.

El día de hoy perdió la vida el Secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, junto con otras 6 personas, entre las que se encontraba el Subsecretario       de Asuntos Jurídico y Derechos Humanos, Felipe Zamora.

A pesar que las circunstancias en las cuales se presentó la tragedia aérea son poco claras, me cuesta mucho trabajo creer en la hipótesis del accidente.

Estoy totalmente consciente que esgrimir teorías de conspiración no ayudará a llegar al fondo de lo accidentado, sin embargo, no puedo dejar de percatarme de ciertas similitudes entre este accidente y el accidente en el que perdió la vida el segundo Secretario de Gobernación de esta administración:

Tanto Francisco Blake, como Juan Camilo Mouriño viajaban en transporte aéreo al momento de su muerte.

Otra circunstancia que llama mucho mi atención y que no puedo dejar de pensar que no es una coincidencia es la siguiente:

Pocos días antes de la muerte de Juan Camilo Mouriño, quien viajaba acompañado por José Luis Santiago Vasconcelos, asesor presidencial en temas de seguridad y ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), uno de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, había sido aprehendido por las autoridades federales. 90 horas antes de la muerte de José Francisco Blake, uno de los operadores financieros más importantes del Chapo había sido presentado ante las autoridades. ¿Coincidencia?

El hecho que ambos accidentes hayan ocurrido a bordo de aeronaves, en caso de ser cierta la hipótesis que el Chapo está detrás de los mismos, puede implicar también la existencia de un modus operandi de parte de su grupo delincuencial para desaparecer a altos funcionarios del Gobierno Federal. Esta hipótesis se puede ver robustecida si recordamos que, a raíz de un accidente aéreo, en el que se estrelló un helicóptero en la zona boscosa de Huixquilucan, Estado de México, perdieron la vida

Otro factor que me hace dudar que la muerte de Blake haya sido un accidente es que, según la bitácora del Súper Puma TPH-06 en que viajaban los funcionarios, éste iba a servir para trasladar al Presidente de la Residencia Oficial de los Pinos al Hangar Presidencial para que éste asistiera a la gira de trabajo que tenía programada en La Paz, Baja California Sur. Minutos después de que esta información salió a la luz pública, la Oficina de la Presidencia de la República desmintió esta versión. Ya sea cierta o no, esta versión genera un ambiente todavía más complicado en torno a los sucesos mortales del día de hoy. Creo firmemente que, aun cuando en verdad este helicóptero haya estado programado para transportar al Presidente, Presidencia se iba a encargar de negarlo. Admitirlo generaría un estado de psicosis colectiva muy importante, sería imposible dejar de preguntarse a quien estaba dirigido un eventual ataque, al Secretario de Gobernación o al Presidente de la República.

Como miembro del Partido Acción Nacional, lamentó la pérdida de dos panistas ejemplares, personas comprometidas con nuestro país. Si bien es cierto que mucha gente criticaba la manera de actual del Secretario de Gobernación hoy fallecido, también lo es que durante su administración se generaron diversos acuerdos entre la Federación y las diferentes entidades federativas.

Como ciudadano que cree que esto no fue un accidente y que no puede impedir ver la mano de la delincuencia organizada detrás de esta trágica colisión, me duele ver la vulnerabilidad de nuestras instituciones ante el embate del crimen organizado. Recordemos también que el 21 de septiembre de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta viajaba con rumbo al Penal de La Palma, acompañado por un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un helicóptero Bell 412 matrícula XCPFI cuando éste se desplomó en la comunidad San Miguel Mimiapan, Estado de México, bajo circunstancia que nunca fueron del todo esclarecidas.

Son demasiadas coincidencias. No puedo creer que varios funcionarios federales, entre los que se encontraban 3 titulares, hayan fallecido en accidentes relacionados con aeronaves. En caso de ser cierto que detrás de estas muertes hubo causas diferentes a error humano o fuerza de la naturaleza, es conveniente hacer un recuento de lo que hemos vivido en estos últimos años y veamos, de manera clara y objetiva, donde nos encontramos parados, cuales son nuestros peligros y cuales nuestras oportunidades.

Reitero. Dar marcha atrás no es la solución. Hacerlo, como lo he mencionado antes, solo haría que las vidas perdidas hayan sido en vano. La sangre de tantos policías, militares, marinos, civiles. Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño Terrazo y, el día de hoy, José Francisco Blake Mora se adelantaron en el camino, murieron en cumplimiento de su deber, murieron porque creían que es posible tener un México mejor, por tal motivo, debemos honrar su memoria.

El Gobierno Federal está de luto, los gobiernos locales también lo están, México entero está de luto. Hoy el Secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interna de nuestro país dejó de existir. Este hecho debe ser un llamado para todos los mexicanos a unirnos y redoblar esfuerzos en contra de la delincuencia. Recordemos que la lucha en contra de las drogas inicia en nuestra propia casa. Hagamos lo que, como ciudadanos, nos corresponde a cada uno.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz