Oportunidades iguales para todos

La semana pasada leí, nuevamente, los “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, escritos de manera conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y me detuve en un punto que llamó profundamente mi atención. En el primer párrafo de la página 33 del mencionado documento, se puede leer textualmente: “La reclusión para jóvenes sólo debe ser un recurso extremo del Estado, nunca el primero”.

Ante esta frase, surgió en mí una profunda inquietud respecto al motivo por el cual muchos jóvenes caen en este tipo de conductas.

Sin pretender justificar el motivo por el cual muchos jóvenes incurren en delitos, lo cierto es que, en diversas ocasiones, esto obedece a la falta de oportunidades. Debemos tener en cuenta que en los jóvenes descansa el futuro y el presente de nuestro país. Nosotros seremos las próximas generaciones, los que estaremos al frente de las actividades. Es por este motivo que, en lugar de recluirlos en instalaciones que han demostrado su ineficacia, se deben generar tratamientos en libertad que coadyuven a una verdadera readaptación, así como oportunidades para dotarlos con las herramientas necesarias para encarar sus necesidades. Desgraciadamente, esta opinión no es compartida por el Dr. Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien solicitó se retome la iniciativa presentada por dicho órgano jurisdiccional para que se eleve la pena de 7 a 10 años de reclusión para menores infractores. Es una tristeza saber que el Presidente del Poder Judicial del Distrito Federal solicité incrementar las penas, sabiendo que los efectos pueden ser, y muy seguramente serán, adversos. En lugar de esto deberíamos, como dice el Dr. Luis Rodríguez Manzanera, alcanzar la justicia social en su más amplia acepción, permitiendo a los menores el acceso a diversos derechos y satisfactores y en una palabra, el desarrollo social (RODRÍGUEZ MANZANERA Luis, “Criminalidad de Menores, 4ª Edición2, Ed. Porrúa, México, 2004, p. 450).

En este punto, debemos aceptar además que se ha hecho un uso abusivo de la pena privativa de la libertad. Es urgente que busquemos mecanismos alternos que, de manera sustentable, puedan sustituir esta medida, en virtud de que, actualmente, la prisión genera más desventajas que beneficios. La reclusión se debe aplicar únicamente tratándose de ciertos delitos de alto impacto que generan una severa lesión en contra de la sociedad.

Aunado a esto, en la Reforma Constitucional que en materia de Seguridad Pública se llevó a cabo en el año 2008, se realizó un cambio que a simple vista pudiera parecer insignificante, pero que definitivamente no lo es. Se suplió la obligación de readaptación por la de reinserción. Esta modificación, aunque pequeña, genera un cambio radical en el objetivo principal de la aplicación de las penas, ¿por qué? La respuesta es muy simple: la readaptación implica llevar a cabo ciertas actividades con la finalidad de adaptar nuevamente al delincuente a la vida social, la reinserción no. Ejemplifiquemos un poco, supongamos que tenemos un librero lleno de ejemplares. Uno de ellos se encuentra roto de la carátula. La readaptación en este caso, implicaría sacarlo del estante y llevar a cabo las actividades que fueran necesarias para regresarle al mencionado libro su funcionalidad completa, es decir, arreglarlo. En el caso de la reinserción, se está omitiendo la obligación de “arreglar” al delincuente. La obligación únicamente se reduce a tenerlo retenido para, posteriormente, reinsertarlo a la sociedad. Se viola el que, en teoría, es el fin de la prisión: la readaptación. Por este motivo es urgente que se le otorgue a la readaptación, nuevamente, rango constitucional.

En sus Elementos, la UNAM, en su propuesta 25 establece la necesidad de “Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas, como la administrativa”.  Sobre este particular, considero que la mediación podría ser una excelente herramienta para la resolución de controversias que emanen de faltas no graves y en las cuales se vean lesionados derechos entre particulares, y no de la sociedad. La mediación debe estar perfectamente regulada para que pueda alcanzar los objetivos para los que fue concebida y se pueda proporcionar justicia de manera pronta y expedita.

Igualmente, la UNAM propone en su numeral 2 del apartado 5 del mencionado documento que es necesario generar los consensos políticos y sociales necesarios para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos.

Al respecto considero que existen varios puntos importantes. En primer lugar, se puede desprender que el punto medular de cualquier política de Estado en materia de seguridad pública, debe ser la prevención del delito. Si las políticas se centran únicamente en sistemas represivos y correctivos, estos únicamente demostrarán, como de hecho ha pasado, su ineficacia para frenar el incremento en los índices delictivos. La única forma sostenible para generar seguridad pública, es a través de programas y acciones concretas que eviten la generación de conductas que puedan ser constitutivas de delito.

En segundo lugar, el abatimiento a la impunidad es un tema por demás complejo. La impunidad nace de una colusión entre autoridades y sociedad. Una persona, como lo mencioné en publicaciones anteriores, puede salir librado impunemente con solamente pagar una “pena extrajudicial”.

Respecto a la reducción del número de muertes y de lesionados, es necesario generar una estrategia mucho más profunda en el ataque al narcotráfico. Esta estrategia debe incluir herramientas eficaces para evitar que los jóvenes se integren a las filas del crimen organizado. Una opción que consideró efectiva, sería atacar de manera frontal el aparato financiero de los cárteles. Aquí entra un punto de vital importancia. El ataque al lavado de dinero. El primer objetivo al emprender este ataque debe ser exactamente la disminución del poder económico de las bandas del crimen organizado. Si se logra este punto, el narcotráfico se vería imposibilitado a adquirir nuevos recursos materiales (armas, vehículos, equipos de telecomunicación, insumos para la fabricación de drogas, etc.) así como recursos humanos. Para esto, hay que ser extremadamente cuidadosos en la elaboración de un plan que no tenga laguna alguna, porque intentar congelar los recursos del crimen organizado sin tener un plan sólido, podría recrudecer la comisión de ciertos tipos de delitos para hacerse de los recursos financieros necesarios, como lo son el secuestro y la extorsión.

La preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos juega, o debería jugar un papel importantísimo en la búsqueda por restablecer el orden social. Debemos de tener permanentemente en la cabeza que el gobierno se debe a su pueblo y por tal motivo está obligado a salvaguardarlo a toda costa. En cuanto al respeto y la defensa de los derechos humanos, éste debe ser el eje sobre el que gire cualquier acción tendiente a mejorar las condiciones de seguridad pública. Cualquier política que atente contra de los derechos humanos, únicamente generará tiranía, cuyos resultados son por todos conocidos. Al principio se podrá mantener una aparente calma, sin embargo, a la larga, se generarán actos de violencia mucho más severos.

¿Qué hacer entonces?

Se debe generar un plan para dotar a los jóvenes de las oportunidades necesarias para poder enfrentar, dentro de los márgenes de la legalidad, los retos que la vida misma representa. Para este plan es imprescindible la actuación conjunta, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, del gobierno y la sociedad, específicamente, las familias.

¿Cuál es la competencia de las familias en este tema? La respuesta es muy simple y muy clara. La educación viene del hogar. Desgraciadamente, los hogares disfuncionales han intentado cambiar esta verdad y le han cedido completamente a las escuelas la responsabilidad de educar. No hay nada más falso que esto. La escuela es simplemente una institución donde se instruye a los alumnos en ciertas áreas especializadas del saber, pero en la cuestión educativa, hablando de los valores y los límites, la escuela no hace (o por lo menos así debiera ser) sino reforzar lo que se  gesta en el hogar. Gran parte del deterioro social se debe precisamente al hecho que se han delegado a las escuelas las responsabilidades que son única y exclusivamente competencia de los hogares. Es por este motivo que el primer punto inamovible del plan de prevención que se propone, debe ser precisamente concientizar a los padres de la importancia de brindar, dentro del seno de la familia, una educación integral, que comprenda la vinculación con los valores éticos y morales, que proporcione a los menores integridad, respeto por las normas, por las personas, una educación que se base en la libertad para que los menores puedan ser ellos mismos, pero con los límites necesarios para ir forjando su carácter. Es vital llevar eso a cabo. Si no existe esta base dentro de los hogares, cualquier programa o plan desarrollado por cualquier gobierno, emane del partido del que emane, será insuficiente.

Sobre este mismo tenor, la sociedad debe abrir los ojos y aceptar que los niveles de violencia que hoy día se presentan en los videojuegos y programas televisivos “para niños” no tienen control. Vemos que hoy día los programas de televisión y los juegos de video han hecho un tributo al derramamiento de sangre y a la cultura del homicidio y la violencia. Es evidente que esto repercute de manera negativa en el desarrollo humano de los niños y jóvenes. Se ha hecho común, incluso, al parecer, normal, resolver cualquier tipo de conflicto a través de la agresión, eso es lo que a nuestros niños y jóvenes ha generado el que hayamos otorgado a la televisión la facultad y potestad de educar. La violencia generada por este tipo circunstancias tiene solución, simplemente es necesario que retomemos la responsabilidad de nuestros actos.

Respecto a la competencia del gobierno y lo que éste debe tener en mente para la creación de este plan es precisamente generar las oportunidades para los jóvenes. Se sugieren cuatro rubros mínimos que el Estado deberá garantizar: oportunidad a la educación, a la recreación, a la salud y al mercado laboral.

Respecto a la educación, ésta debe ser tomada en consideración para la generación de políticas de prevención del delito, así como prevención de las adicciones, por la importancia que repercute en la vida de los alumnos. Generar programas que eviten o reduzcan, en la medida de lo posible, la deserción escolar generará un cambio significativo en la calidad de vida de los estudiantes y, por consiguiente, en la sociedad. Es por este motivo que el Estado debe garantizar el cumplimiento a la obligación que le fue impuesta en el artículo 3 de nuestra Ley Fundamental de otorgar, gratuitamente y con altos índices de calidad, educación tendiente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él el amor a la Patria y lo conciencia de la solidaridad, así como luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sobre este tema, sugiero, dado el altísimo grado de deserción en el nivel de educación preparatoria, reformar el citado artículo 3 constitucional para otorgar a la educación media superior el carácter de obligatoria.

Por lo que hace a las actividades deportivas, culturales y recreativas, es necesario generar un ambiente propicio para el desarrollo de las mismas. El conjunto de educación y actividades deportivas es un binomio que no debería desperdiciarse. El deporte evita el ocio, genera actividad física, evita la incursión en conductas delictivas, el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias dañinas. Igualmente, las actividades culturales permiten un acercamiento al arte en cualquier de sus manifestaciones, evita que, en tiempos libres, la mente divague. Recordemos que una mente desocupada es un excelente lugar para la gestación de cualquier tipo de vicio. En lugar de permitir esto, debemos de generar en nuestros jóvenes el hábito de la lectura, el acercamiento al teatro, a la pintura, la poesía. Cualquier actividad cultural mantiene una mente sana, es por este motivo que, consciente de la importancia que la cultura tiene en la prevención del delito, hace algunas semanas el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, suscribió un convenio de colaboración con Gerardo Quiroz, Director General del Teatro Polyforum Siqueiros a efecto de crear una red de prevención del delito. De manera similar, las actividades recreativas son necesarias para un sano desarrollo. No todo en la vida es aprender, ejercitarte, estudiar. También es necesario distraernos de nuestras actividades, tener tiempo para divertirnos, para salir de la rutina. Es por este motivo que es de vital importancia generar actividades recreativas que se puedan llevar a cabo en ambientes seguros, alejados de las drogas. Es innegable que una persona completa en todos los sentidos, que tenga oportunidades sostenibles para estudiar, hacer deporte, recrearse, cultivarse, será mucho menos propensa a cometer delitos.

Otro factor fundamental que debe cuidarse es la generación de oportunidades para ingresar a los sistemas de salud. En este punto en específico es de reconocerse el esfuerzo que ha realizado el Gobierno Federal a través del Seguro Popular. Evidentemente, todavía hay mucho por hacer pero este es un excelente comienzo. Hay muchos motivos por los cuales el acceso a la salud es primordial: uno de ellos es que, cuando alguien tiene un pariente enfermo es necesario sufragar grandes cantidades de dinero para poder cubrir las necesidades de atención médica y la adquisición de medicamentos. En caso de que dicha persona no cuente con los recursos necesarios para este fin, saldrá a conseguirlos de cualquier manera, llegando incluso a delinquir para obtener la suma necesaria. Otro elemento que hace del acceso a la salud un tema prioritario es que a través de adecuados planes de prevención, se podrá impedir que los jóvenes caigan en las redes de la drogadicción. Debemos recordar que el adicto es un enfermo, no un delincuente. El tema de las adicciones es un problema de salud pública, no de seguridad nacional. Sin embargo, estoy consciente que aun cuando el adicto no es un delincuente, su adicción si genera, de manera indirecta, la comisión de delitos, como lo es el narcotráfico, es por este motivo que las autoridades deben generar planes para reducir la demanda de drogas y no buscar el control de la oferta. Una reducción en la demanda, generará, lógicamente, un decremento en la oferta.

Respecto a este punto en específico, me uno a la propuesta realizada por un muy querido profesor, el Dr. Mario Rodríguez López, quien establece la necesidad de crear un Instituto Federal contra las Adicciones que se convierta en garante del  Control Estatal del Consumo de Drogas y Estupefacientes, que comprende las fases de censo de adictos, registro e identificación, control del consumo, programas de deshabituación y seguimiento. A través de este programa, el gobierno deberá acopiar las drogas y estupefacientes necesarios para lograr una deshabituación paulatina de los adictos. Esto de ninguna manera quiere decir que las drogas deban legalizarse, sino por el contrario, debe regularse su uso por instituciones de salud pública con el único fin de controlar el consumo para lograr la deshabituación que repercuta en una disminución de la demanda.

Por supuesto, otro factor determinante en la generación de un plan de prevención del delito es el acceso a oportunidades laborales. Al igual que el tema de la educación, ofrecer a los jóvenes oportunidades de tener un empleo digno y bien remunerado ayudará sustancialmente en la tarea de prevenir el delito. No obstante, el ofrecimiento de oportunidades no debe reducirse únicamente a los jóvenes. Las personas adultas también tienen este derecho. La remuneración adecuada y suficiente para cubrir las necesidades más básicas que tiene el ser humano generará un ambiente en el que no sea necesario desplegar conductas ilícitas para cubrir las mismas. Es necesario que la población en edad productiva se involucre en actividades laborales en las que puedan ser recompensados con una paga digna y suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Además de esto, impulsar las actividades laborales, generará que la producción nacional crezca, generando un incremento en las finanzas públicas que, necesariamente deberán repercutir en la creación de nuevos programas que tengan como objetivo principal el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

Como se puede observar a lo largo de este documento, aún hay muchas cosas por hacer, el trabajo que se cierne frente a nosotros es arduo, pero estoy cierto que de luchar por alcanzar estos objetivos, el futuro que tendremos como mexicanos será infinitamente mejor. Por esto hago el llamado a ensuciarnos, a meternos en el lodo, para trabajar desde la trinchera y generar las condiciones para que los resultados anhelados puedan llegar al fin.

Y ya que en estas líneas he tocado la importancia de la familia, aprovecho para felicitar por ser hoy su cumpleaños, a una gran mujer y mejor madre, a mi esposa Tania, quien ha sido un apoyo imprescindible para quien estas líneas escribe en la consecución de sus sueños. Porque como diría el Maestro Mario Benedetti: “Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos”. A ti Flaquita, todo mi amor.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz