El Poder de la Sociedad Civil

En los albores de todo proceso electoral es común que los candidatos a ocupar un puesto de elección popular, sea del ámbito local o federal, lancen propuestas de gobierno, propuestas en las que establecen su plan de acción, sus metas, sus retos. En últimas fechas, gran parte de estas propuestas se han centrado en empoderar a la sociedad civil, quitarle poder al ente gobernante y cederlo a la ciudadanía, ¿pero qué significa realmente otorgar el poder a la ciudadanía? ¿Hasta qué punto es factible ceder el control a la sociedad civil?

Si bien es cierto que una excesiva regulación e injerencia del Estado, sobre todo en el sector de los servicios, puede resultar contraproducente, también lo es que existen ciertos rubros en los cuales el Estado no puede ni debe ceder su control.

La participación ciudadana comprende muchos aspectos, varios de los cuales no son vistos con buenos ojos por parte de nuestra clase política, quienes únicamente se refieren a participación ciudadana en el sentido de darnos mayor voz, otorgarnos foros de opinión, incluso se ha escuchado la propuesta de crear una especie de auditoría ciudadana que tenga las facultades necesarias para conocer y sancionar cualquier tipo de práctica ilegal por parte de la clase política. Si bien esta propuesta es en esencia buena, también lo es incompleta. La participación de la sociedad va mucho más lejos. ¿Qué tan lejos puede llegar la participación de la población en las funciones del Estado?

En primer término recordemos que hasta la administración de Miguel de la Madrid Hurtado el sistema de telefonía mexicana se encontraba estatizado, al igual que el sistema bancario. Según diversos estudios, los servicios que prestaban estos dos sectores eran verdaderamente ineficientes. Cuando, durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, estos servicios son privatizados, se abrió, además la posibilidad de generar competencia, lo que genera una mejor regulación de precios y una mejora en el servicio. Tanto Teléfonos de México como los bancos fueros privatizados a personas mexicanas, lo que permitió que, en el caso de los bancos, el sistema de pagos de nuestro país se mantuviera en manos de connacionales. Si hoy día los bancos pertenecen a capital extranjero se debe a los movimientos y reformas realizadas por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

El ejemplo de la privatización del sector telefónico y bancario de nuestro país, nos da una idea de las áreas en las que la sociedad civil puede ingresar. Evidentemente con esta privatización se generó un cambio en la normatividad aplicable aunado al hecho que las nuevas empresas privadas que fueron creadas se comenzaron a regir por las leyes del mercado, en las cuales eran sujetas de tener competencia,   de tener que mejorar sus productos, servicios y forma de atención para poder mantener a los clientes cautivos y no perderlos ante otra empresa que prestara los mismos servicios. Otro factor fundamental al que contribuyó esta privatización y al que contribuye la propia competencia es una regulación de precios: al no existir la competencia, la empresa, que en este caso eran estatales, puede de manera arbitraria establecer sus precios, sin importarle lo elevado de éstos. Al abrirse el mercado a la competencia, esta práctica se ve disminuida.

Pero resulta evidente que el mercado de bienes y servicios no es el único en el cual puede ingresar la iniciativa privada para apoyar las funciones del Estado. Creer que es la única arista en la que se puede ver la actividad privada sería tanto como creer que por el simple hecho que existan empresas privadas, legalmente constituidas de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que brinden ciertos servicios, la participación ciudadana se ha visto cumplida.

Hay más áreas en las que el ciudadano particular o, como se ha llegado a decir, el ciudadano de a pie, tiene una injerencia sin límites, áreas en las que si participación es crucial.

Como lo he mencionado a lo largo de las publicaciones que integran este blog, las políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito no pueden llegar a buen puerto sin el apoyo de la sociedad civil, pero ahora vayamos más allá. Un órgano legislativo, sea federal o local, expide una nueva ley sobre, por decir un ejemplo, trato digno a los animales, y la envía al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación. Resulta evidente que, como cualquier Ley, este nuevo cuerpo normativo se encontrará compuesto por una serie de derechos y obligaciones, así como las consecuentes penas para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulado del cuerpo legal. Por supuesto, el Estado, haciendo uso de su iuspuniendi, estará facultado para aplicar las sanciones correspondientes. Hasta ahí todo bien, ¿pero qué pasa si la ciudadanía simplemente decide no cumplir con lo dispuesto por la ley? ¿Qué pasaría si la ciudadanía considera que tiene cosas más importantes en que preocuparse que por el trato digno hacia los animales? Evidentemente, los incumplimientos serían constantes, el Estado se vería rebasado en su capacidad de imponer sanciones, las conductas quedarían impunes y tendríamos una Ley que, aún vigente, no se cumple. Desgraciadamente, ejemplos como este tenemos muchos.

Para que una ley, un decreto, o cualquier otro cuerpo normativo tenga una vida útil se requiere la participación de la ciudadanía. Retomo el tema de una publicación anterior “Si él puede, ¿por qué yo no?” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/08/si-el-puede-por-que-yo-no.html) en el sentido que basta con que una persona haga algo malo, viole alguna ley, incumpla algún reglamento para que los demás nos creamos legitimados a actuar de la misma manera.

Siempre voy a creer que para que un país verdaderamente avance, se requiere el esfuerzo y compromiso de la clase gobernante, pero también de la ciudadanía. Hemos caído en el absurdo de creer que el Presidente de la República, los Gobernadores, el Jefe de Gobierno, son magos omnipotentes que con solo mover una mano van a solucionar nuestros problemas, pero eso sí, cuando a nosotros, como sociedad civil, nos piden que nos involucremos, que trabajemos en conjunto con el gobierno, ahí si ya no nos gusta la cosa, ¿por qué hacerlo? Es responsabilidad del gobierno ¿qué no?

Para ejemplo un botón: es responsabilidad del gobierno mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado, esto, entre otras cosas, para prevenir inundaciones y minimizar el riesgo de contraer enfermedades. Entre otras acciones tendientes para la manutención del mencionado sistema, se encuentra el servicio de limpia. Con esto se evita que la basura obstruya el drenaje. Todos los días, por las mañanas, se puede ver a todo un regimiento de trabajadores barriendo y limpiando las calles, pero pues como es obligación del gobierno que esto se haga, y a esa flotilla yo les pago a través de mis impuestos, pues que trabajen, ¿no? Por eso, se nos hace fácil tirar basura en la calle, al final de cuentas, van a venir a recogerla. Claro, la basura se va a las coladeras y va obstruyendo el tránsito de las aguas residuales. Consecuencia lógica: el drenaje se tapa. Resultado: las calles se inundan. Ahora, ¿qué pasa cuando una calle se inunda? Las personas sales a las calles a reclamarle al gobierno que no cumple su obligación de mantener en óptimas condiciones el sistema de drenajes y que por eso la calle está inundada. Ante esto, mi pregunta es muy simple, ¿no sería lo ideal que aceptáramos nuestra propia responsabilidad? ¿En verdad es mejor echarle la culpa al gobierno aún de nuestras fallas? Evidentemente, por más que un gobierno mantenga brigadas de barrenderos en la calle, si la ciudadanía no deja de tirar la basura, los drenajes se seguirán tapando, con las consecuentes inundaciones que este hecho pueda generar.

En su libro “Democracia Ciudadana”, el otrora Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari lanza una frase demoledora: “Nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo”. Por supuesto que con esto no pretendo restar responsabilidades al Estado, quien, obviamente, debe ser el referente obligado. Yo tengo una manera de pensar a este respecto. Considero que el Presidente o Gobernador, más que ser el mago omnipotente que todo puede, debe ser un líder, alguien que tenga la capacidad de guiarnos, lo que incluye, por supuesto, reconocer los errores que se puedan presentar, pero ¿de qué sirve un líder si no tiene gente que lo siga?

Sobre este punto, cabe hacer una breve mención de inquilino de la Residencia Oficial de Los Pinos en el periodo comprendido entre 1988 a 1994. En términos generales, la ciudadanía tiene una imagen muy lesionada de Carlos Salinas de Gortari. Se le ha convertido en el enemigo público número 1 de México. En parte esto se debió a la propaganda lanzada desde el gobierno zedillista y la continuidad de estas manifestaciones por parte de los actores políticos actuales, específicamente de Andrés Manuel López Obrador. Sin el afán de profundizar en si las responsabilidades que le son imputadas a Salinas de Gortari son o no ciertas (no es el objetivo de la presente publicación), es justo hacer un balance objetivo en un rubro importantísimo. Como cualquier ser humano, la política de Salinas tuvo errores y tuvo aciertos, eso es inevitable, sin embargo, en mi opinión (por supuesto, el lector no tiene que estar de acuerdo con ella), su política social fue uno de sus mayores aciertos. Incluso, la política social salinista es mejor que las políticas sociales emanadas, por lo menos, de los gobiernos posteriores. El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) estaba configurado de una manera muy especial. Lejos de fomentar el clientelismo y control estatal, fomentaba la participación ciudadana. A través de ese esquema, la ciudadanía, a través de los Comités de Solidaridad, exponían sus necesidades. En el seno de dichos Comités se analizaban todas las necesidades y proyectos, se definía cuáles eran los prioritarios y se  llevaban a cabo. Por ejemplo, si la necesidad consistía en pavimentar una calle, el gobierno, a través del PRONASOL, otorgaba a la ciudadanía los insumos necesarios para hacerlo y era la ciudadanía quien, a través de proporcionar la mano de obra, concluía el proyecto. Esto me recuerda aquel antiguo refrán chino “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida”, sin afán de hacer menos la sabiduría china, yo contemplaría dicho refrán de la siguiente manera: “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y dale las herramientas para hacerlo y comerá toda su vida”. A través del PRONASOL, la ciudadanía se vio involucrada en el mejoramiento de sus comunidades. Dejaron de ser espectadores y se convirtieron en actores del cambio.

Otro punto en el que resulta fundamental la participación ciudadana es en la evaluación de los resultados generados por las políticas de seguridad pública. Para este fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha encaminado esfuerzos para dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para llevar a cabo dichas evaluaciones.

Ahora bien, un punto importantísimo, no se debe confundir la participación ciudadana con el hecho que el Estado delegue las responsabilidades que legalmente le competen. Un ejemplo para mi muy preocupante es el siguiente: a últimas fechas, y dada la incapacidad por parte del Estado de contener los niveles de violencia al interior de los Centros de Readaptación Social, se ha propuesto que los mismos sean operados por la Iniciativa Privada. Permitirlo sería tanto como entregar la seguridad pública a los particulares. La Seguridad Pública es una obligación de la Federación, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Tal aseveración se desprende del texto del artículo 21 Constitucional, el cual, en ningún lugar habla de la incursión de la Iniciativa Privada en dichas tareas. Si habla de la ciudadanía se refiere a la evaluación de las políticas, no a la operación de las mismas. El Sistema Penitenciario, aun cuando ha sido abusado, mal implementado y castigo presupuestalmente, es el último eslabón de la seguridad pública. Resulta inverosímil creer que el Estado pueda lavarse las manos y entregar la ejecución de sus obligaciones a los particulares (igual de malo como los casos de Nuevo León y Tamaulipas, cuyos gobernadores se han abstenido de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, endosándole toda la responsabilidad a la Federación). No se puede permitir esto. El siguiente paso sería que las policías fueran privadas. Solo para reflexión piense el lector ¿cuántos malos usos se podrían presentar si la seguridad pública estuviera encomendada a particulares?

Para una adecuada participación ciudadana es también necesario poner en su justo lugar las victorias sociales. ¿A qué me refiero? El 18 de marzo de 1938, por decreto del General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo la expropiación petrolera (que en verdad debería llamarse la Nacionalización Petrolera). Evidentemente es de aplaudirse que por fin, después de 21 de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alguien haya tenido el valor de aplicar el artículo 27 de nuestra Ley Fundamental. De igual manera, creo fielmente que el decreto expedido por el Presidente Cárdenas fue producto de buena fe, teniendo las mejores intenciones para con el pueblo mexicano. Las circunstancias de la época obligaban a tomar medidas radicales para impedir que los extranjeros robaran, literalmente, nuestros recursos naturales.

Esta semana se cumplen exactamente 74 años e tal suceso y seguimos cargando consecuencias negativas del mismo. Al inicio de su administración, el Presidente Calderón presento una iniciativa de reforma, la famosa “Reforma Energética” misma que fue rechazada. Recuerdo que al momento que dicha iniciativa fue presentada, se levantó la voz en ciertos sectores que alegaban que, de aprobarse la misma, se estaría dando la espalda a una de las más importantes victorias en la defensa de nuestra soberanía, victoria que llegó después de 21 años de promulgado el marco jurídico necesario y del derramamiento de sangre de muchos mexicanos inocentes. Nada hay más falso que esto.

El subsuelo mexicano es rico en petróleo, desgraciadamente, no contamos con la infraestructura necesaria para explotarlo. Ante esto, los Estados Unidos han venido consumiendo nuestros yacimientos a través del famoso efecto popote. Esto es especialmente grave en nuestroPaís debido a que nuestra economía encuentra su base en, precisamente, ese petróleo que no podemos explotar adecuadamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que exportamos petróleo barato e importamos gasolina cara y mala? Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de inversión en el ramo. Es necesario que dejemos detrás una mal creada ideología. La expropiación petrolera es una de las más importantes victorias el México Contemporáneo, innegable. Que verdaderos fanáticos han hecho de esa victoria uno de nuestros más pesados lastres, tampoco hay duda. El permitir la entrada de inversión privada al sector petrolero del País no quiere decir negar nuestras victorias, no quiere decir dar marcha atrás en lo que tanto trabajo costó. Por el contrario, sería fortalecer una victoria, sería abrirnos la puerta de ser eficientes en la elaboración de hidrocarburos. Claro, se requerirían reglas claras. El Estado Mexicano seguiría siendo el dueño absoluto de los productos naturales. La inversión privada puede entrar en especie, con maquinaria necesaria para extraer el oro negro. Tomemos como ejemplo el caso de Brasil. Después de tener una de las industrias petroleras más ineficaces, hoy día, gracias a la política implementada por Lula Da Silva, hoy es la 5ª mejor industria a nivel mundial. Para que México pueda llegar a esto, es necesario cambiar la idiosincrasia del pueblo mexicano, es necesario dejar de creer que sería dar marcha atrás. Mejor hagamos lo necesario para consolidar nuestra soberanía, no dependiendo de otros países en un sector tan importante como lo es el energético. Aquí se requiere la participación ciudadana para crecer. Requerimos de empresas, eso sí, con capital 100% mexicano, para obtener el crecimiento que tanto anhelamos. Estoy seguro que, con reglas claras y la correcta aplicación de las mismas, incluso el General Cárdenas estaría de acuerdo en permitir la inversión privada.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz