La Corte y Florence Cassez

El próximo 21 de marzo se llevará a cabo la votación de lo que podría ser una de las sentencias de mayor relevancia en la historia de los procesos jurisdiccionales modernos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirá para votar el proyecto de sentencia que resolverá el Amparo Directo en revisión 517/2011 que interpuso Florence Marie Louise Cassez Crepin. El proyecto que será sometido a la votación de los 5 ministros que integran la mencionada Sala de nuestro máximo Tribunal fue elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su versión pública puede ser consultada en la página http://www.scjn.gob.mx/pleno/Documents/proyectos_resolucion/ADR-517_2011.pdf. 

El proyecto de referencia otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa y ordena su libertad inmediata y absoluta, por los motivos que se detallan a lo largo de las 145 páginas que componen el documento público. 

Por la importancia que se ha dado a la resolución del caso Cassez, cabe mencionar que el presente documento, como todos los que he publicado, refleja única y exclusivamente la opinión de su autor. 

En primer término, hay que reconocer que el caso de Florence Cassez se ha convertido en un tema recurrente de opinión. La presión que viven en este momento los Ministros que votarán el proyecto de resolución ha de ser, me imagino, impresionante. Nos encontramos frente a un caso que, además de afectar las relaciones bilaterales entre México y Francia, puede generar precedentes que pueden afectar de manera sustancial la manera como se llevan a cabo los procesos penales en nuestro país. 

Tengo que reconocer que respeto la carrera del Ministro Zaldívar, considero que es un funcionario eficiente, con un criterio jurídico bastante acertado y que, en el corto tiempo que lleva en nuestro Más Alto Tribunal, no se ha dejado influenciar por circunstancias externas y se ha limitado a resolver los asuntos que le son turnados con estricto apego a la legislación aplicable. No obstante lo anterior, en este caso en particular estoy en desacuerdo con su proyecto de sentencia. 

En primer lugar cabe mencionar que, por regla general el juicio de Amparo Directo es un procedimiento uniinstancial, es decir, las resoluciones en él dictadas no admiten recurso alguno. No obstante lo anterior, la Ley de Amparo establece, en la fracción V de su artículo 83, la excepción a esta regla. Es en virtud de este precepto normativo que por medio de acuerdo de 9 de marzo de 2011, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, lo registró en el expediente 517/2011 y lo remitió a la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad. Posteriormente, mediante acuerdo de 10 de marzo de 2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del mencionado asunto, lo admitió a trámite y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución respectivo, tal como se acredita en las páginas 85 y 86 de la versión pública del mencionado proyecto. 

El proyecto en estudio se avoca específicamente a violaciones procesales que redundaron en la lesión en agravio de la quejosa de 3 derechos fundamentales consagrados en nuestro Carta Magna, la representación consular en caso de extranjeros, la buena fe ministerial y la presunción de inocencia. Para este documento, seguiremos el mismo orden en que dichas violaciones fueron analizadas por el Ministra Zaldívar. 

Antes de entrar en el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la recurrente, el Ministro Zaldívar reseña lo que él llama “La escenificación ajena a la realidad”, consistente en las imágenes transmitidas por las principales cadenas de televisión nacional durante la mañana de 9 de diciembre de 2005, por la importancia que éstas tienen para la comprensión de los hechos como para la resolución del asunto, por lo que procedió a hacer un recuento de ellas. Lo que recibió la denominación de Escenificación ajena a la realidad no es más que la transmisión en vivo del supuesto operativo por medio del cual la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) rescató a tres víctimas de secuestro y aprehendió a dos miembros del grupo delictivo: Israel Vallarta y Florence Cassez. 

Esta escenificación ajena a la realidad es, según el Ministro Zaldívar, el punto medular de las violaciones procesales que conllevaron a la lesión de los derechos humanos de Cassez, por los siguientes motivos: 

Según consta en autos, la captura de los presuntos secuestradores ocurrió el 8 de diciembre de 2005 y no el 9 como se hizo creer en las imágenes televisivas. Según se hizo constar, posterior a la detención de Vallarta y Cassez, éstos estaban siendo remitidos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuando, a petición de Vallarta, regresaron hacia el Rancho Las Chinitas para salvaguardar la vida de las víctimas secuestradas. Según la versión oficial, en el momento en que arribaron al Rancho, se realizó la transmisión mencionada. Las 3 violaciones que hace valer la quejosa tienen como punto de origen, según el proyecto de sentencia mencionado, esta escenificación. 

A lo largo de todo el texto del Proyecto de Sentencia se hace mención a supuestas violaciones cometidas en contra de la quejosa, violaciones que vulneran sus derechos humanos e, incluso, tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. A la supuesta violación de este tratado se le da un valor primordial. El argumento es que Florence Marie Louise Cassez Crepin, al ser ciudadana extranjera, requería de representación consular. En los hechos, una vez que la quejosa arribó a las oficinas del Ministerio Público de la Federación, la Representación Social intentó establecer contacto con el Consulado francés sin tener éxito. Posterior a esto, la indiciada rindió declaración sin contar con la presencia de representante consular. Ahora bien, fue hasta el día siguiente a su puesta a disposición que Florence Cassez fue asistida por el Cónsul General. El simple hecho que haya declarado previamente a contar con el apoyo de su representación consular es, según lo establece el Ministro Zaldívar, una violación grave a los derechos humanos de la quejosa y motivo suficiente para revocar la resolución impugnada y ordenar la inmediata puesta en libertad de la sentenciada. Difiero del punto de vista del Ministro Zaldívar por lo siguiente: 

En primer lugar, si bien es cierto que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece la obligación por parte de las autoridades de informar sin dilación a los extranjeros que se encuentren detenidos el derecho que los asiste de contar con el apoyo de su representación diplomática, también lo es que ningún cuerpo normativo, ni siquiera la mencionada Convención, establece que es requisito sinne que non que se cuente con la presencia de funcionario diplomático alguno para continuar el procedimiento, motivo por el cual, no puede ser desechada la primera declaración de Cassez bajo el argumento de que no se había contactado a la Representación Diplomática. 

Ahora bien, a lo largo de la resolución que será votada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se prueba de manera indubitable si las autoridades cumplieron o no la obligación de comunicar a Cassez su derecho de asistencia consular, por lo que no se prueba de manera fehaciente la presunta violación a los derechos humanos que intenta hacer valer el Ministro Ponente. 

Otro punto, la quejosa, contando ya con asistencia consular, ratificó todas y cada una de sus declaraciones, incluida la primera (tal como consta en la página 55 de la versión pública del proyecto de sentencia), por lo que, cualquier vicio que hubiera podido existir por la carencia de representación diplomática, se subsana. 

Otro punto que considero importante es la argumentación que el Ministro Zaldívar realiza en las páginas 101 y 102 de la versión pública multicitada para desvirtuar que la quejosa se encontraba representada y que, por tal motivo, no se violaba en su perjuicio la garantía de debido proceso. Para tal fin, me permito transcribir la parte conducente: 

“La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada. 

A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.” 

Me resulta grave el contenido de estos dos párrafos. En primer lugar, respecto a la frase final del primer párrafo, en el sentido que el contar con un traductor y un abogado no resulta suficiente para considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada, resulta en verdad denigrante. Tomemos como ejemplo el caso de las personas indígenas que siguen hablando en sus propias lenguas. Si son arrestados y sujetos a un proceso, tienen el derecho de contar con un traductor y con un abogado y con esto se entiende cumplida la garantía de debido proceso, ¿por qué con un extranjero debe ser diferente? Aceptémoslo, en muchas ocasiones, sino es que en todas, nuestros indígenas, para efectos judiciales, nos parecen extranjeros: tienen sus propias costumbres, sus propias leyes, y aun así, tenemos cubierta la obligación constitucional de la defensa adecuada con el simple hecho de designarles un traductor y un abogado. Pero claro, no son franceses, probablemente por esto Cassez requiera prerrogativas extralegales. Luego dicen que la Justicia no discrimina y cumple a cabalidad el último párrafo del artículo 1 de nuestra Carta Magna. 

El segundo párrafo se me antoja aún más aberrante, establecer como pretexto la “idiosincrasia cultural”. Claro, como en Francia es completamente legal secuestrar a las personas, es más, es la manera cotidiana de vida en el país galo, pues es entendible que la quejosa no sepa que en México hacerlo es motivo de sanciones penales privativas de la libertad. 

Como se puede observar, el argumento que esgrime el Ministro Zaldívar que no se actuó de manera suficiente para garantizar el mandato constitucional de una defensa adecuada, son por demás endebles. 

Ahora bien, un factor determinante en el presente caso es que una de las víctimas rescatadas era menor de edad. Sobre este punto es importante recordar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto viene a colación por el hecho que la Declaración de los Derechos de los Niños es un instrumento internacional debidamente suscrito por el Estado Mexicano y ratificado por el Senado de la República de conformidad con las reglas establecidas en nuestra Constitución. En este tema, tienen especial importancia los principios 1, 2, 8 y 9. Para mayor claridad, me permito transcribir los citados principios: 

“PRINCIPIO 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento y otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

PRINCIPIO 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y moral, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

… 

PRINCIPIO 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 

PRINCIPIO 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

…” 

Aprobar el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Zaldívar y dejar en absoluta e inmediata libertad a Florence Cassez solo generaría que el Estado Mexicano incumpla los principios de la Declaración de los Derechos de los Niños anteriormente transcritos. Además, por si esto fuera poco, iría en contra de lo establecido en el párrafo séptimo párrafo del artículo 4 constitucional el cual establece a la letra: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos… “ 

Ahora bien, la “escenificación ajena a la realidad”, menciona el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, violó de manera insalvable la presunción de inocencia con que la quejosa debió contar hasta en tanto un juez competente dictara sentencia en la que se le condenara por los delitos que se le acusaron. Establece también que, le hecho que los medios de comunicación, quienes no son autoridad jurisdiccional, hayan reportado que se detuvo a una banda de secuestradores y que uno de sus miembros era una mujer de nacionalidad francesa, también redundo en una grave violación a esta presunción de inocencia. Este punto, sobre todo la parte final, en lo que compete a los medios de comunicación, es de vital importancia para la justicia en México. Aprobar el proyecto como lo propone el Ministro Ponente, tendría un resultado verdaderamente grave: crearía un precedente por medio del cual, todos los criminales apresados por el Gobierno Federal en la llamada Guerra contra el Narco, los cuales fueron presentados ante los medios de comunicación como asesinos, narcotraficantes, lavadores de dinero, salgan libres. Pongamos el que considero uno de los ejemplos más sensibles: el Pozolero, quien fue presentado a los medios como un homicida que cocinaba a sus víctimas, sin que esto haya sido probado ante un Juez, de aprobarse este proyecto, podría promover un amparo para obtener su libertad. Bastante grave, ¿no? 

Se menciona también, en la página 128 de la versión pública comentada, se establece que (las negrillas son de la versión del proyecto) “Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la aparición del juez. En las situaciones a las que nos estamos refiriendo la policía no pretende facilitar información de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su desarrollo, pero sin cumplir las garantías del debido proceso,” 

Agrega, en la página 133, que “Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad”. Cabe mencionar que estoy en total desacuerdo con lo establecido por el Ministro Zaldívar debido a que, independientemente de lo que los medios de comunicación reporten, es el Juez quien, haciendo un análisis concreto del caso particular, dictará la sentencia que en derecho proceda, sin tomar en cuenta cuestiones subjetivas ajenas al proceso (por algo dicen que los abogados somos fríos e insensibles). Tomemos como ejemplo un caso que, en su momento, fue muy sonado. Cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil y posteriormente extraditados a nuestro país para enfrentar el proceso penal que se les había instaurado en su contra, todos los medios de comunicación condenaron públicamente a ambos famosos. Recuerdo, incluso, que una de las máximas autoridades de noticias de espectáculos de la Televisora del Ajusco, abiertamente dijo que los acusados eran culpables y merecían ser sancionados. Todo esto no fue tomado en cuenta por el Juez de la causa quien dictó sentencia en la que absolvió a los inculpados. 

El Ministro Zaldívar menciona también que los testigos y víctimas fueron reconociendo posteriormente a Florence Cassez, y no en el momento de su primera declaración. Al respecto, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar este punto específico con una psicóloga quien me confirmó lo que ya sabía: en un caso tan traumático como lo es un secuestro, para protección, el cerebro bloquea circunstancias que pueden seguir dañando a la víctima y que, poco a poco, éstas pueden ir saliendo a la luz. Incluso, cuando menciona el Ministro que al momento que las víctimas escucharon la voz de Cassez en la televisión misteriosamente la “reconocieron” como parte de sus captores, es totalmente factible, porque el escuchar una voz, o percibir un olor, o ver una imagen, puede traer a la memoria recuerdos que antes se encontraban guardados en el sub-consciente. Negar esto, sería negar a las víctimas los derechos que les son conferidos en el artículo 19 Apartado B de nuestra Ley Fundamental. 

En cuanto a la dilación de los agentes de la AFI para presentar a los detenidos ante el Ministerio Público de la Federación, ésta se encuentra justificada ya que, tal como consta en autos, fue el mismo Israel Vallarta quien solicitó regresar al Rancho Las Chinitas con la finalidad de salvaguardar la vida de las víctimas ahí secuestradas. 

Siendo completamente objetivos, no puedo negar la existencia de vicios procedimentales que, en dado caso, pudieron haber afectado el resultado del juicio, sin embargo, no considero que sean lo suficientemente graves como para ordenar la liberación absoluta e inmediata de la víctima, por el contrario, en dado caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería ordenar la reposición del procedimiento para subsanar tales vicios. 

Como se podrá ver además, el presente caso presenta un alto contenido de derechos en pugna. Se encuentran enfrentados derechos de las víctimas y de los indiciados, sin embargo, como es sabido por todos los abogados (y que además es de pura lógica) se deberá salvaguardar el de mayor valía ante el Derecho. Cabe mencionar que el bien jurídicamente tutelado por excelencia es la vida y, otro de los de mayor valor es la libertad, por lo que, ante este coque, la Corte debería decidir salvaguardar éstos últimos. 

No niego que las autoridades responsables de la escenificación ajena a la realidad deban recibir una sanción, pero si niego que esa sanción la deba pagar la sociedad. Si es necesario que los funcionarios involucrados reciban penas de prisión, que lo hagan, pero no la sociedad, no podemos permitir que por funcionarios de poca ética (por no decir más) termine pagando la sociedad a la que, se supone, sirven. 

La población busca justicia, al igual que lo hago yo, por tal motivo, pido de la manera más encarecida a los señores Ministros que integran la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal busquen la justicia. Considero que dejar en libertad a Florence Cassez generaría mayores violaciones a preceptos constitucionales que negar el amparo y confirmar la sentencia recurrida o, en su caso, ordenar la reposición del procedimiento. 

Cuando decidí estudiar Derecho, un gran abogado me obsequió un ejemplar de su tesis de Licenciatura. Como ha sido costumbre siempre entre él y yo, cada que nos regalamos un libro, lo hacemos con una dedicatoria. En la que estampó en su tesis me decía “Busca siempre aplicar el Derecho y sólo cuando no se pueda ve por la justicia”. En este caso hay derechos encontrados, no se puede aplicar de manera completa la ley sin lesionar los derechos de la contraparte, por lo que hay que optar por la justicia. Hasta el día de hoy, por fin entendí en toda su magnitud estas palabras. 

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo 

Twitter: @Benjamin_Muniz

El Poder de la Sociedad Civil

En los albores de todo proceso electoral es común que los candidatos a ocupar un puesto de elección popular, sea del ámbito local o federal, lancen propuestas de gobierno, propuestas en las que establecen su plan de acción, sus metas, sus retos. En últimas fechas, gran parte de estas propuestas se han centrado en empoderar a la sociedad civil, quitarle poder al ente gobernante y cederlo a la ciudadanía, ¿pero qué significa realmente otorgar el poder a la ciudadanía? ¿Hasta qué punto es factible ceder el control a la sociedad civil?

Si bien es cierto que una excesiva regulación e injerencia del Estado, sobre todo en el sector de los servicios, puede resultar contraproducente, también lo es que existen ciertos rubros en los cuales el Estado no puede ni debe ceder su control.

La participación ciudadana comprende muchos aspectos, varios de los cuales no son vistos con buenos ojos por parte de nuestra clase política, quienes únicamente se refieren a participación ciudadana en el sentido de darnos mayor voz, otorgarnos foros de opinión, incluso se ha escuchado la propuesta de crear una especie de auditoría ciudadana que tenga las facultades necesarias para conocer y sancionar cualquier tipo de práctica ilegal por parte de la clase política. Si bien esta propuesta es en esencia buena, también lo es incompleta. La participación de la sociedad va mucho más lejos. ¿Qué tan lejos puede llegar la participación de la población en las funciones del Estado?

En primer término recordemos que hasta la administración de Miguel de la Madrid Hurtado el sistema de telefonía mexicana se encontraba estatizado, al igual que el sistema bancario. Según diversos estudios, los servicios que prestaban estos dos sectores eran verdaderamente ineficientes. Cuando, durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, estos servicios son privatizados, se abrió, además la posibilidad de generar competencia, lo que genera una mejor regulación de precios y una mejora en el servicio. Tanto Teléfonos de México como los bancos fueros privatizados a personas mexicanas, lo que permitió que, en el caso de los bancos, el sistema de pagos de nuestro país se mantuviera en manos de connacionales. Si hoy día los bancos pertenecen a capital extranjero se debe a los movimientos y reformas realizadas por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

El ejemplo de la privatización del sector telefónico y bancario de nuestro país, nos da una idea de las áreas en las que la sociedad civil puede ingresar. Evidentemente con esta privatización se generó un cambio en la normatividad aplicable aunado al hecho que las nuevas empresas privadas que fueron creadas se comenzaron a regir por las leyes del mercado, en las cuales eran sujetas de tener competencia,   de tener que mejorar sus productos, servicios y forma de atención para poder mantener a los clientes cautivos y no perderlos ante otra empresa que prestara los mismos servicios. Otro factor fundamental al que contribuyó esta privatización y al que contribuye la propia competencia es una regulación de precios: al no existir la competencia, la empresa, que en este caso eran estatales, puede de manera arbitraria establecer sus precios, sin importarle lo elevado de éstos. Al abrirse el mercado a la competencia, esta práctica se ve disminuida.

Pero resulta evidente que el mercado de bienes y servicios no es el único en el cual puede ingresar la iniciativa privada para apoyar las funciones del Estado. Creer que es la única arista en la que se puede ver la actividad privada sería tanto como creer que por el simple hecho que existan empresas privadas, legalmente constituidas de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que brinden ciertos servicios, la participación ciudadana se ha visto cumplida.

Hay más áreas en las que el ciudadano particular o, como se ha llegado a decir, el ciudadano de a pie, tiene una injerencia sin límites, áreas en las que si participación es crucial.

Como lo he mencionado a lo largo de las publicaciones que integran este blog, las políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito no pueden llegar a buen puerto sin el apoyo de la sociedad civil, pero ahora vayamos más allá. Un órgano legislativo, sea federal o local, expide una nueva ley sobre, por decir un ejemplo, trato digno a los animales, y la envía al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación. Resulta evidente que, como cualquier Ley, este nuevo cuerpo normativo se encontrará compuesto por una serie de derechos y obligaciones, así como las consecuentes penas para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulado del cuerpo legal. Por supuesto, el Estado, haciendo uso de su iuspuniendi, estará facultado para aplicar las sanciones correspondientes. Hasta ahí todo bien, ¿pero qué pasa si la ciudadanía simplemente decide no cumplir con lo dispuesto por la ley? ¿Qué pasaría si la ciudadanía considera que tiene cosas más importantes en que preocuparse que por el trato digno hacia los animales? Evidentemente, los incumplimientos serían constantes, el Estado se vería rebasado en su capacidad de imponer sanciones, las conductas quedarían impunes y tendríamos una Ley que, aún vigente, no se cumple. Desgraciadamente, ejemplos como este tenemos muchos.

Para que una ley, un decreto, o cualquier otro cuerpo normativo tenga una vida útil se requiere la participación de la ciudadanía. Retomo el tema de una publicación anterior “Si él puede, ¿por qué yo no?” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/08/si-el-puede-por-que-yo-no.html) en el sentido que basta con que una persona haga algo malo, viole alguna ley, incumpla algún reglamento para que los demás nos creamos legitimados a actuar de la misma manera.

Siempre voy a creer que para que un país verdaderamente avance, se requiere el esfuerzo y compromiso de la clase gobernante, pero también de la ciudadanía. Hemos caído en el absurdo de creer que el Presidente de la República, los Gobernadores, el Jefe de Gobierno, son magos omnipotentes que con solo mover una mano van a solucionar nuestros problemas, pero eso sí, cuando a nosotros, como sociedad civil, nos piden que nos involucremos, que trabajemos en conjunto con el gobierno, ahí si ya no nos gusta la cosa, ¿por qué hacerlo? Es responsabilidad del gobierno ¿qué no?

Para ejemplo un botón: es responsabilidad del gobierno mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado, esto, entre otras cosas, para prevenir inundaciones y minimizar el riesgo de contraer enfermedades. Entre otras acciones tendientes para la manutención del mencionado sistema, se encuentra el servicio de limpia. Con esto se evita que la basura obstruya el drenaje. Todos los días, por las mañanas, se puede ver a todo un regimiento de trabajadores barriendo y limpiando las calles, pero pues como es obligación del gobierno que esto se haga, y a esa flotilla yo les pago a través de mis impuestos, pues que trabajen, ¿no? Por eso, se nos hace fácil tirar basura en la calle, al final de cuentas, van a venir a recogerla. Claro, la basura se va a las coladeras y va obstruyendo el tránsito de las aguas residuales. Consecuencia lógica: el drenaje se tapa. Resultado: las calles se inundan. Ahora, ¿qué pasa cuando una calle se inunda? Las personas sales a las calles a reclamarle al gobierno que no cumple su obligación de mantener en óptimas condiciones el sistema de drenajes y que por eso la calle está inundada. Ante esto, mi pregunta es muy simple, ¿no sería lo ideal que aceptáramos nuestra propia responsabilidad? ¿En verdad es mejor echarle la culpa al gobierno aún de nuestras fallas? Evidentemente, por más que un gobierno mantenga brigadas de barrenderos en la calle, si la ciudadanía no deja de tirar la basura, los drenajes se seguirán tapando, con las consecuentes inundaciones que este hecho pueda generar.

En su libro “Democracia Ciudadana”, el otrora Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari lanza una frase demoledora: “Nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo”. Por supuesto que con esto no pretendo restar responsabilidades al Estado, quien, obviamente, debe ser el referente obligado. Yo tengo una manera de pensar a este respecto. Considero que el Presidente o Gobernador, más que ser el mago omnipotente que todo puede, debe ser un líder, alguien que tenga la capacidad de guiarnos, lo que incluye, por supuesto, reconocer los errores que se puedan presentar, pero ¿de qué sirve un líder si no tiene gente que lo siga?

Sobre este punto, cabe hacer una breve mención de inquilino de la Residencia Oficial de Los Pinos en el periodo comprendido entre 1988 a 1994. En términos generales, la ciudadanía tiene una imagen muy lesionada de Carlos Salinas de Gortari. Se le ha convertido en el enemigo público número 1 de México. En parte esto se debió a la propaganda lanzada desde el gobierno zedillista y la continuidad de estas manifestaciones por parte de los actores políticos actuales, específicamente de Andrés Manuel López Obrador. Sin el afán de profundizar en si las responsabilidades que le son imputadas a Salinas de Gortari son o no ciertas (no es el objetivo de la presente publicación), es justo hacer un balance objetivo en un rubro importantísimo. Como cualquier ser humano, la política de Salinas tuvo errores y tuvo aciertos, eso es inevitable, sin embargo, en mi opinión (por supuesto, el lector no tiene que estar de acuerdo con ella), su política social fue uno de sus mayores aciertos. Incluso, la política social salinista es mejor que las políticas sociales emanadas, por lo menos, de los gobiernos posteriores. El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) estaba configurado de una manera muy especial. Lejos de fomentar el clientelismo y control estatal, fomentaba la participación ciudadana. A través de ese esquema, la ciudadanía, a través de los Comités de Solidaridad, exponían sus necesidades. En el seno de dichos Comités se analizaban todas las necesidades y proyectos, se definía cuáles eran los prioritarios y se  llevaban a cabo. Por ejemplo, si la necesidad consistía en pavimentar una calle, el gobierno, a través del PRONASOL, otorgaba a la ciudadanía los insumos necesarios para hacerlo y era la ciudadanía quien, a través de proporcionar la mano de obra, concluía el proyecto. Esto me recuerda aquel antiguo refrán chino “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida”, sin afán de hacer menos la sabiduría china, yo contemplaría dicho refrán de la siguiente manera: “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y dale las herramientas para hacerlo y comerá toda su vida”. A través del PRONASOL, la ciudadanía se vio involucrada en el mejoramiento de sus comunidades. Dejaron de ser espectadores y se convirtieron en actores del cambio.

Otro punto en el que resulta fundamental la participación ciudadana es en la evaluación de los resultados generados por las políticas de seguridad pública. Para este fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha encaminado esfuerzos para dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para llevar a cabo dichas evaluaciones.

Ahora bien, un punto importantísimo, no se debe confundir la participación ciudadana con el hecho que el Estado delegue las responsabilidades que legalmente le competen. Un ejemplo para mi muy preocupante es el siguiente: a últimas fechas, y dada la incapacidad por parte del Estado de contener los niveles de violencia al interior de los Centros de Readaptación Social, se ha propuesto que los mismos sean operados por la Iniciativa Privada. Permitirlo sería tanto como entregar la seguridad pública a los particulares. La Seguridad Pública es una obligación de la Federación, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Tal aseveración se desprende del texto del artículo 21 Constitucional, el cual, en ningún lugar habla de la incursión de la Iniciativa Privada en dichas tareas. Si habla de la ciudadanía se refiere a la evaluación de las políticas, no a la operación de las mismas. El Sistema Penitenciario, aun cuando ha sido abusado, mal implementado y castigo presupuestalmente, es el último eslabón de la seguridad pública. Resulta inverosímil creer que el Estado pueda lavarse las manos y entregar la ejecución de sus obligaciones a los particulares (igual de malo como los casos de Nuevo León y Tamaulipas, cuyos gobernadores se han abstenido de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, endosándole toda la responsabilidad a la Federación). No se puede permitir esto. El siguiente paso sería que las policías fueran privadas. Solo para reflexión piense el lector ¿cuántos malos usos se podrían presentar si la seguridad pública estuviera encomendada a particulares?

Para una adecuada participación ciudadana es también necesario poner en su justo lugar las victorias sociales. ¿A qué me refiero? El 18 de marzo de 1938, por decreto del General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo la expropiación petrolera (que en verdad debería llamarse la Nacionalización Petrolera). Evidentemente es de aplaudirse que por fin, después de 21 de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alguien haya tenido el valor de aplicar el artículo 27 de nuestra Ley Fundamental. De igual manera, creo fielmente que el decreto expedido por el Presidente Cárdenas fue producto de buena fe, teniendo las mejores intenciones para con el pueblo mexicano. Las circunstancias de la época obligaban a tomar medidas radicales para impedir que los extranjeros robaran, literalmente, nuestros recursos naturales.

Esta semana se cumplen exactamente 74 años e tal suceso y seguimos cargando consecuencias negativas del mismo. Al inicio de su administración, el Presidente Calderón presento una iniciativa de reforma, la famosa “Reforma Energética” misma que fue rechazada. Recuerdo que al momento que dicha iniciativa fue presentada, se levantó la voz en ciertos sectores que alegaban que, de aprobarse la misma, se estaría dando la espalda a una de las más importantes victorias en la defensa de nuestra soberanía, victoria que llegó después de 21 años de promulgado el marco jurídico necesario y del derramamiento de sangre de muchos mexicanos inocentes. Nada hay más falso que esto.

El subsuelo mexicano es rico en petróleo, desgraciadamente, no contamos con la infraestructura necesaria para explotarlo. Ante esto, los Estados Unidos han venido consumiendo nuestros yacimientos a través del famoso efecto popote. Esto es especialmente grave en nuestroPaís debido a que nuestra economía encuentra su base en, precisamente, ese petróleo que no podemos explotar adecuadamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que exportamos petróleo barato e importamos gasolina cara y mala? Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de inversión en el ramo. Es necesario que dejemos detrás una mal creada ideología. La expropiación petrolera es una de las más importantes victorias el México Contemporáneo, innegable. Que verdaderos fanáticos han hecho de esa victoria uno de nuestros más pesados lastres, tampoco hay duda. El permitir la entrada de inversión privada al sector petrolero del País no quiere decir negar nuestras victorias, no quiere decir dar marcha atrás en lo que tanto trabajo costó. Por el contrario, sería fortalecer una victoria, sería abrirnos la puerta de ser eficientes en la elaboración de hidrocarburos. Claro, se requerirían reglas claras. El Estado Mexicano seguiría siendo el dueño absoluto de los productos naturales. La inversión privada puede entrar en especie, con maquinaria necesaria para extraer el oro negro. Tomemos como ejemplo el caso de Brasil. Después de tener una de las industrias petroleras más ineficaces, hoy día, gracias a la política implementada por Lula Da Silva, hoy es la 5ª mejor industria a nivel mundial. Para que México pueda llegar a esto, es necesario cambiar la idiosincrasia del pueblo mexicano, es necesario dejar de creer que sería dar marcha atrás. Mejor hagamos lo necesario para consolidar nuestra soberanía, no dependiendo de otros países en un sector tan importante como lo es el energético. Aquí se requiere la participación ciudadana para crecer. Requerimos de empresas, eso sí, con capital 100% mexicano, para obtener el crecimiento que tanto anhelamos. Estoy seguro que, con reglas claras y la correcta aplicación de las mismas, incluso el General Cárdenas estaría de acuerdo en permitir la inversión privada.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Cariñosilandia

Todas las personas que vivimos el proceso electoral de 2006 recordamos, o por lo menos deberíamos recordar de manera clara a un personaje que acaparó diversas críticas por su discurso incendiario: el candidato presidencial perredista y, hasta poco antes, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En su calidad de titular del poder ejecutivo del Distrito Federal, el tabasqueño había tenido la oportunidad de darse a conocer, de hacer campaña desde un puesto público. Durante los poco menos de 6 años que se mantuvo en la primera magistratura de la Capital de la República, la política de gobierno del “Peje” se caracterizó por muchas cosas.

En primer punto, por las continuas desavenencias que se suscitaron entre López, emanado, como todos los gobiernos de la capital desde 1997, del PRD, con el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el panista, Vicente Fox Quezada. Debemos recordar incluso que, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue Secretario de Seguridad Pública de López Obrador, secretario que fue destituido de dicho puesto por Vicente Fox, en uso de sus facultades legales. En este punto es importante recordar que el régimen jurídico del Distrito Federal, esta Entidad Federativa no es un Estado, sino el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, tal como reza el artículo 44 de nuestra Ley Fundamental.

Recordemos también que, durante la campaña presidencial, una vez que hubo renunciado al puesto de Jefe de Gobierno, López Obrador se caracterizó por una total falta de respeto por las autoridades. Recordemos cuantas veces despotricó contra el entonces Presidente Vicente Fox. Muchos mantenemos viva en nuestra memoria aquella frase lapidaria: “Cállate chachalaca”. Desde el momento en que lanzó esta frase, yo me percaté de la facilidad con la que López Obrador actuaba en contra de las Instituciones Democráticas de México. Si bien es cierto que la espetó contra un ciudadano, también lo es que en ese momento dicho ciudadano estaba investido con la envergadura presidencial, es decir, el insultó no fue en contra de Vicente Fox Quezada, fue en contra de la institución de la presidencia, lo que llevó inexorablemente a que López Obrador faltara al respeto y lesionara la misma Institución por la que él estaba compitiendo para acceder. Algo contradictorio, diría yo.

Evidentemente, si las agresiones las profería contra el Titular del Poder Ejecutivo Federal, su actitud se extrapolaba en contra del candidato panista a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa y en contra del candidato príista, Roberto Madrazo Pintado.

Contra Felipe Calderón, López Obrador siempre esgrimió el argumento que si el señor ganaba las elecciones no iba a ser resultado de su capacidad como político, mucho menos por el trabajo realizado anteriormente, sino que iba a ser gracias al apoyo ilegal recibido por parte del Gobierno Federal y los poderes fácticos de los medios de comunicación. Fácilmente logró parodiar el slogan de “Manos limpias” de Calderón. Decidió demandar por la vía civil a Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del entonces candidato presidencial panista. Todavía recuerdo como, al transitar por la calle, se podían observar campañas que rezaban “Calderón, quiero ser tu cuñado”. Todo esto generado por una acusación lanzada, sin los elementos de prueba necesarios, por al candidato perredista en contra del Zavala, acusación que resultó en que este último en una demanda civil por daño moral que entabló ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el señor Hildebrando Zavala, en contra del tabasqueño.

Por lo que hace a Roberto Madrazo Pintado, los sucesos no fueron tan diferentes. Debemos recordar que entre ellos ya existía una historia de traición y oposición, historia que culminó en la salida de López Obrador del Partido Tricolor para unirse a las filas del Partido del Sol Azteca.

Quien se detiene a analizar la manera de actuar de López Obrador podrá ver que sus métodos eran bastante obvios. El discurso incendiario, la intolerancia y la confrontación fueron las monedas de cambio de la política lopezobradorista. Ahora bien, si observamos más a fondo nos daremos cuenta que el mismo López Obrador actuaba de la manera que él mismo criticaba. Dijo, como ya lo mencioné, que en caso que Calderón ganara la Presidencia, sería gracias a una elección de Estado. Recordemos que cuando renuncia a su puesto como Jefe de Gobierno toma posesión, tal como lo marca la legislación aplicable, el Secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, incondicional del ex Jefe de Gobierno. Desde el poder que le daba gobernar el Distrito Federal, ahora a través de Encinas, López Obrador aprovechó recursos públicos para hacerse propaganda. Recordemos que dentro de la infraestructura de los servicios de transporte del Distrito Federal, se podían observar innumerables pancartas del candidato presidencial. En cuanto al candidato para Jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, López Obrador no requirió mover su maquinaria par que éste ganara. Sin lugar a dudas, Ebrard no tuvo un contrincante lo suficientemente sólido como para mermar la continuidad del proyecto lopezobradorista en la capital. Este manejo de recursos públicos para promocionar su campaña presidencial, ¿no es de lo que tanto se quejaba de las prácticas arcaicas del PRI? ¿No denunciaba, justificada o injustificadamente, estas supuestas prácticas por parte del PAN, partido en el poder? La incongruencia fue otro factor que describió a López Obrador.

 Sin lugar a dudas, la elección presidencial de 2006 fue la más cerrada en la historia de nuestro País. En 2000 Vicente Fox ganó la Presidencia por un amplio margen, 6 años después, la historia fue la contraria. Cerradas las casillas electorales, era aventurado que el Instituto Federal Electoral se pronunciara por un virtual ganador a través del cómputo del PREP. Incluso las encuestas de salida daban resultados muy cerrados. ¿A qué se debió la diferencia tan radical en los márgenes en tan sólo 6 años? La respuesta es muy fácil. Vicente Fox fue un excelente candidato. Todos lo recordamos como aquel que iba a entrar a Los Pinos y terminar con los problemas heredados por el PRI. Lo vimos como el candidato con valor, con convicción y de ideas firmes. No creo que haya muchos que hayan olvidado el “Yo viene a un debate hoy y quiero que se haga el debate HOY”. Desgraciadamente, una vez instalado en la Residencia Oficial, de aquel candidato no quedó nada y se convirtió en un Presidente que, si bien tuvo aciertos, tuvo muchas indecisiones, se vio tibio en muchos asuntos que requerían una solución contundente y se vio como alguien que cedió el control a su esposa. La ciudadanía se sintió defraudada por la manera de gobernar de Vicente Fox, sintieron que su voto había sido desperdiciado. Sin embargo, las heridas causadas por el PRI seguían abiertas y sangrando. Si a esto se le suma el discurso incendiario de López Obrador, y las acciones que realizó en el Distrito Federal, el resultado era de esperarse. Mucha gente decidió otorgarle su confianza y votar por él. Aquí el motivo de los resultados tan cerrados.

Una vez que se dieron los resultados preliminares que le otorgaban el triunfo de la contienda electoral a Calderón, López Obrador reaccionó de una manera que solamente demostró su intolerancia y su obsesión por el poder. Al no verse beneficiado con el triunfo levantó aquella famosa frase “Voto x Voto, Casilla x Casilla”. Presentó impugnaciones ante el IFE, mismas que fueron resultas de manera favorable al virtual candidato vencedor. Molesto por los resultados, presentó los medios de impugnación que consideró pertinentes ante el máximo órgano electoral de nuestro país: el Tribunal Federal Electoral (hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), quien confirmó el triunfo de Felipe Calderón. Si realmente Calderón ganó o no la elección, si existió el fraude electoral o no, no es motivo del presente documento, lo que sí interesa para los fines de esta publicación es la manera como el tabasqueño reaccionó.

Una vez más, salió a la luz pública con el único fin de desprestigiar a las instituciones de nuestro país. Arremetió en contra del IFE, del TRIFE, de la Presidencia de la República, incluso en contra de empresas privadas tal como el gran dupolio televisivo. No conforme con esto, decidió de manera tiránica, tomar la ciudad, claro, con la complicidad de Alejandro Encinas. Todos recordamos que, por un tiempo bastante prolongado, se instaló en el Paseo de la Reforma, cerrándolo por completo. Claro, al hacer esto, no se dio cuenta el señor que estaba perjudicando también a personas que requerían utilizar esa vía para ir a trabajar. Gracias a este plantón, muchos negocios tuvieron que cerrar, lo que produjo un aumento en los índices del desempleo, con el consecuente aumento en los índices de pobreza. Con su reclamo, López Obrador únicamente afectó a aquellos por los que decía luchar.

Además de esta actividad a todas luces ilegal, López Obrador creó la Presidencia Legítima, constituyendo todo un gabinete y cobrando sueldo como Presidente Legítimo de la Nación. ¿Dónde se había visto esto? La enfermedad por poder que presenta López Obrador, llegó al absurdo de desconocer al Presidente legítimamente nombrado y crear todo un sistema de gobierno alterno y, evidentemente en contra de la ley. Por supuesto no olvidemos que la usurpación de funciones públicas es un delito sancionado con pena de prisión. Lo dejo al costo.

Otra de las inconsistencias López Obrador es el reclamo que hacia acerca del control del PRI para elegir y seguir gobernando aún después de concluida una administración. Para esto utilizaba (y lo sigue haciendo) constantemente  como ejemplo a Carlos Salinas de Gortari, quien, a decir del “Peje” sigue gobernando México. ¿Dónde entra la incongruencia? Muy simple, López Obrador, aún después de renunciar a la Jefatura de Gobierno, siguió gobernando la Capital de la República. Alejandro Encinas fue simplemente una pantalla para cubrir los requisitos legales para postularse como Presidente. En el D.F. se vivió, durante ese breve lapso, un panorama parecido al Maximato callista: el Jefe de Gobierno está en el Antiguo Palacio Virreinal, el que gobierna está en Copilco, se pudo haber dicho en ese tiempo. Cuando Ebrard rinde protesta como Jefe de Gobierno, López Obrador intentó seguir gobernando a través de él. Las cosas no le salieron como él lo pensaba. Ebrard resultó ser un hijo desobediente en muchos aspectos y le limitó el poder al tabasqueño, más o menos lo que le sucedió a Calles con Lázaro Cárdenas. Ebrard pintó su raya y gobernó él, claro, dando continuidad a muchos de los proyectos de López Obrador, pero sin convertirse en su subordinado. Recordemos incluso el conflicto que se generó entre ellos cuando, al concluir una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ebrard tendió la mano al Presidente Calderón y, posteriormente, declaró que Calderón era el Presidente Legítimamente instaurado.

No pudo decir que todo lo realizado por López Obrador fue malo, sería deshonesto e incluso tendencioso. Como todo ser humano, tiene aciertos y fracasos, errores y virtudes. Tengo que reconocer que desde la Jefatura de Gobierno, Obrador generó políticas interesantes: el apoyo económico a las personas con escasos recursos fue una gran idea, tal vez no realizada con fines verídicamente altruistas, sino como medidas clientelares, pero lo cierto es que ha apoyado a las clases bajas. La construcción de los segundos pisos y de la línea 1 del metrobus son otros de sus grandes aciertos, pero para mi gusto, si ponemos en una balanza su actuar, ésta se inclinaría hacia lo negativo. Recordemos también que su chofer, el famoso Nico, ganaba una fortuna para su puesto. Esto atentaba contra su dicho en el sentido de no a los grandes sueldos de los funcionarios públicos.

Las izquierdas apostaron todas sus canicas a un candidato y apostaron mal. Por resultados, por proyectos, el candidato de las izquierdas debió haber sido Marcelo Ebrard, sin embargo, decidieron ir nuevamente con Andrés Manuel. Probablemente en la decisión sellaron su fracaso. Veremos qué cambios se pueden presentar en esta campaña presidencial. De entrada, ya hay uno importante.

Después del discurso incendiario que ha caracterizado a López Obrador, y al ver que ya no genera los mismos resultados de antaño y que, incluso, ha hecho que pierda adeptos, decidió seguir el ejemplo de Ignacio Lula da Silva, y cambiar su discurso por su República Amorosa, al grado de llegar a decir que, de ganar la Presidencia, crearía una Secretaría de la Felicidad. Después de haber sido reaccionario, de quemar pozos petroleros, de atentar contra los bienes y las instituciones nacionales, ahora quiere que vivamos en Cariñosilandia.

Me cuesta trabajo creer en su cambio. Dudo mucho que de ganar la Presidencia, lo que se ve muy difícil, siga su discurso amoroso. El poder lo cegará nuevamente y veremos al verdadero López Obrador. Recordemos que, como reza un dicho popular, un tigre nunca cambia sus rayas.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz