Mucho ataque, pocas propuestas

El día de ayer fuimos testigos del primero de tres debates presidenciales que se llevarán a cabo a lo largo de este proceso electoral. A las 20:00 horas se dieron cita en el Palacio de Minería los 5 candidatos que aspiran a alcanzar la Primera Magistratura del País. El formato de este debate me agradó, a mí parecer abre la posibilidad de una mejor confrontación de ideas, lo que resulta tan necesario en este tipo de actividades democráticas.

En cuanto al contenido de los mensajes de los candidatos, creo que ahí si quedo con un sabor agridulce. Estoy convencido que en todo debate debe haber confrontación de ideas, de eso se trata, pero lo que vimos ayer fue mucha confrontación y pocas propuestas. Todos los candidatos se encargaron de atacar a AMLO argumentando que es incongruente, que su gestión como Jefe de Gobierno da cuenta de su incapacidad para enfrentar los problemas sociales. Por supuesto que eso es legítimo en un debate como el de ayer. La mejor manera de analizar a un candidato es analizar el resultado de sus gestiones anteriores. Si no puedes lo menos, no vas a poder lo más. Sin embargo, esto se debe realizar contrastando las propuestas propias. En este caso, decir, por ejemplo: “Durante la gestión de AMLO como Jefe de Gobierno la inversión disminuyó en 50%, yo propongo en tal punto hacer tal o cuál cosa”. Desgraciadamente, en la mayor parte del debate esta segunda parte hizo falta. No hubo propuesta, solo ataque.

El desempeño de los contendientes fue muy ambivalente. Considero honestamente que, quien tuvo mejor discurso, mejores propuestas, mejor manejo del tiempo fue Ricardo Anaya, sin embargo, no puedo dejar de reprocharle su falta de congruencia. Me explico: cuando inició su participación, dijo que él no estaba ahí para atacar, sino para presentar propuestas. Estoy de acuerdo que presentó su plataforma, pero se dedicó a atacar a AMLO con bastante ahínco. No cumplió su aseveración de no ataque. Eso no habla del todo bien de él.

Por su parte, José Antonio Meade fue un personaje gris. No tiene control escénico, no prende a la audiencia, no conecta con el público. Puede que sea maravilloso en su trabajo, que sea un excelente técnico, pero no acaba de encender la mecha que lo lleve a ser un buen político. Su discurso fue plano, nada nuevo bajo el sol, eso sin considerar que se presentó una gran incongruencia cuando dijo que en su sexenio no habría ninguna estafa maestra, olvidando que esa gran estafa maestra fue realizada por su predecesora en la Secretaría de Desarrollo Social y que él no hizo nada para perseguir a los culpables, ni estando en SEDESOL ni como titular de la SHCP. Nuevamente, las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que, a final de cuentas, verdaderamente importan.

Margarita Zavala generó en mí una gran decepción. Considero que es una mujer inteligente y con gran capacidad, pero se le notó muy nerviosa y no logró concretar una sola de sus participaciones sin tartamudear. Además de esto, cayó en el juego de defender el sexenio de Felipe Calderón en lugar de realizar propuestas para lo que sería su gobierno.

Jaime Rodríguez Calderón sabía a qué iba y cumplió su papel. Fue el último en ser reconocido como Candidato a la Presidencia, por lo que llegó a la contienda después que sus adversarios. Él buscó hacerse notar, que todo el mundo conociera al Bronco, y vaya que lo logró. Su propuesta de mochar la mano de los delincuentes generó mucho ruido. Por supuesto, es totalmente absurdo pensar que se apruebe, sería violatorio al artículo 22 constitucional, pero logró su cometido: todo el mundo habla de él. Las frases más celebres del debate se las debemos al regiomontano. “Claro que creo en el matrimonio, tan creo en él que me he casado tres veces”. “Llámeme raza, un WhatsApp”. “No te echamos montón, pero es que dices cada barbaridad”. El Bronco cumplió su objetivo. Quería tener los reflectores, quería decir “aquí estoy”.

Después de tres campañas presidenciales y la presencia en más debates que sus contrincantes, AMLO debió ser el más preparado, sin embargo, la realidad mostró ser otra. Se le vio omiso, ambiguo, sin capacidad de responder a las interrogantes, sin capacidad de aclarar sus contradicciones y, lo peor, sin una propuesta concreta, al contrario, se encargó de decir que, al ganar, se sentará con expertos para analizar las acciones a seguir. Con todo el debido respeto, eso lo tiene que hacer desde ahora, de ahí tiene que surgir su plataforma de gobierno, además, si tan seguro está que el ganará la elección, ¿por qué esperar al 2 de julio? ¿Por qué no sentarse con los expertos desde los meses pasados? Una más de sus incongruencias. Comparto la opinión de Pablo Hiriart, AMLO fue la estrepitosa derrota en el debate (se puede consultar su columna en http://elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/amlo-estrepitosa-derrota-en-el-debate), enojado, sin dar la cara, sin proponer, sin responder y, para acabar de darse un balazo en el pie, salió del recinto sin siquiera tener la educación, ya no digamos oficio político, para despedirse de los 4 candidatos restantes. Meade tiene una gran oportunidad aquí: que haga públicos los folios reales en que se consigna la propiedad de AMLO respecto a tres departamentos y que, públicamente, exija la firma de un acto traslativo de dominio. Al tiempo.

Sin ser un debate con grandes propuestas, considero que el ganador fue el candidato de la coalición “Por México al Frente”. Fue el más seguro, el único que presentó propuestas. Su discurso fue muy estudiado y su manejo de tiempos inmejorable. ¿Eso le basta para ser Presidente? No, por supuesto que no.

Aún faltan dos debates, faltan dos meses de campaña. La moneda está en el aire. Los días que faltan de la campaña se antojan interesantes. La estrategia que genere cada equipo después del debate será crucial. Se logró vislumbrar tanto los aciertos como los errores de cada contendiente, ahora es su responsabilidad hacer valer la valiosa enseñanza que arrojó el debate. Por lo pronto, parafraseado a Hiriart, el error de AMLO la primera vez fue no ir al debate, esta vez, su error fue ir.

En casi 70 días se llevará a cabo la Jornada Electoral. Lo que sucedió ayer, ¿influirá en el desarrollo y en la intención del voto? Aún hay un largo camino por recorrer.

Twitter: @Benjamin_Muniz

La incongruencia de las alianzas

Se ha iniciado ya el proceso electoral ordinario 2017-2018 por medio del cual se elegirá al nuevo Presidente de la República. De igual manera, se renovará la totalidad del Congreso de la Unión, las diputaciones al primer Congreso de la Ciudad de México, sus alcaldías, la Jefatura de Gobierno y varias gubernaturas y congresos locales. Evidentemente, el número de cargos a ser electos, así como la magnitud de los mismos conllevan a percatarnos que 2018 será un año muy complejo.

Dentro de esta complejidad, los partidos políticos han buscado generar estrategias que les permitan conseguir el mayor número de votos posibles y recurrieron a la forma más conocida y, al parecer, favorita: concretar alianzas electorales. De entrada podría no ser malo pero, en el fondo, ¿verdaderamente funcionarán? No hablemos ya de la capacidad de ganar la elección, sino de la manera en que se llevaría el gobierno si la alianza triunfa.

Como ha acontecido desde hace ya bastante tiempo, el PRI concretó su alianza con el Partido Verde. Aceptémoslo, el Verde es ya un satélite del tricolor. No hay nada nuevo que hablar ahí, sin embargo, la manera en que concretó la alianza con el tercer partido si levanta muchas suspicacias: Nueva Alianza, el partido fundado por la lideresa sindical, Elva Esther Gordillo, aceptó aliarse con el Revolucionario Institucional justamente el día en que la Maestro Gordillo abandonó el reclusorio para cumplir su pena bajo el esquema de prisión domiciliaria, y por más que puedan levantarse voces para argumentar que su estado de salud lo ameritaba, ustedes disculparán, en política no hay coincidencias ni sorpresas, solo hay sorprendidos.

No es poco común que la izquierda salga unida a las elecciones, de hecho, es lo más normal. Recordemos, por ejemplo, en 2012, todas las izquierdas salieron unidas, lo que bastó para que Miguel Ángel Mancera ganara la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal con una votación mayor al 60% de los sufragios emitidos. En 2015, sin embargo, las cosas cambiaron un poco. Con la aparición de MORENA, muchos militantes y simpatizantes del PRD decidieron optar por el partido que dice ser la esperanza de México. Las izquierdas, en esa elección, salieron divididos, lo que generó que, en el Distrito Federal cuando menos, se repartieran el pastel: 5 delegaciones para uno, 4 para el otro y, además, esa división causó que el PRI ganara La Magdalena Contreras. En 2018, nuevamente, el partido del sol azteca y el formado por el mesiánico tabasqueño irán separados, pero no solos: ambos consiguieron concretar alianzas que, desde mi muy particular punto de vista, son verdaderamente incongruentes.

El PRD, que se ha caracterizado por ser un partido liberal, el partido que apoya la legalización de la marihuana, la interrupción legal del embarazo y los matrimonios entre homosexuales, entre otras, concretó su alianza con Movimiento Ciudadano, que en teoría comparten un poco la ideología y con, nada más ni nada menos que el PAN, partido conservador que se fundamenta en el respeto de la vida humana y su defensa desde la concepción. El partido que se ha opuesto tajantemente al aborto y a la legalización de las drogas. Para los que nos gusta el futbol, es como si Chivas y América se aliaran para jugar un partido. Es mezclar agua con aceite.

Por su parte, MORENA afianzó su alianza con el resucitado Partido del Trabajo. Recordemos que este instituto político había perdido el registro, sin embargo, por azares de nuestra democracia, reingresó a la arena política. Tampoco se extraña esa alianza, se veía venir, sin embargo, el tercer partido es el que salta a la vista por la incongruencia: Encuentro Social, partido primordialmente religioso que se alió con el partido fundado por un, según él, recalcitrante juarista. Se juntaron Dios y el Diablo.

Según Alejandra Barrales, la unión entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no es una alianza electoral, sino un frente encaminado a generar mejores condiciones para la ciudadanía. Es un objetivo loable, sin lugar a dudas, sin embargo, siendo honestos, no encuentro como se pueden congeniar el agua y el aceite para gobernar en conjunto. ¿Qué va a pasar cuando el PRD quiera presentar una iniciativa a nivel federal para legalizar la marihuana o el aborto? ¿El PAN se quedaría sentado y la aprobaría? De hacerlo se estarían violentando los estatutos y principios de doctrina del blanquiazul. El PRD es liberal, el PAN es conservador. El PRD busca ganar gente a través de la entrega de programas sociales, el PAN busca fortalecer el mercado.

La alianza de MORENA con el PES me resulta todavía más incomprensible. AMLO ha manifestado que, desde su punto de vista, ser juarista y religioso, guadalupano para ser más preciso, no es contradictorio. Por primera vez creo que estoy de acuerdo con él, hasta cierto punto. Cada quien tiene el derecho de profesar la religión, culto o rito que mejor le parezca sin que eso determine su preferencia política, siempre y cuando se mantengan separadas las ideologías políticas y religiosas. AMLO cayó en la incongruencia, en este aspecto en específico, en el momento que pidió colaboración a los ministros de culto para que hicieran un llamado a sus feligreses para que éstos no vendan su voto. Ahí si ya hay incongruencia simplemente por el hecho de integrar a las iglesias a la vida política del país, situación contra la que luchó Juárez, no solo luchó por la separación Iglesia-Estado, fue su principal estandarte. Por si eso no bastara, concreta una alianza con un partido político religioso. No voy a juzgar si los religiosos tienen o no que formar parte de la política mexicana, ya he hablado de eso, lo que llama profundamente mi atención es la incongruencia que genera esta alianza. Un juarista aliándose con religiosos para contender en las elecciones. Juárez se ha de estar revolcando, una vez más, en su tumba. Aunque sea incongruente, tampoco me extraña. Quienes me conocen saben que no comparto las ideas políticas de AMLO, saben que es todo lo contrario, pero en esta incongruencia tan evidente, la gente que sigue al tabasqueño por su postura “juarista” no se ha detenido a preguntarse cómo es posible. Con esto reitero lo que siempre he pensado: MORENA más que parecer un partido político, parece una secta que adora y obedece a su máximo líder AMLO sin cuestionar absolutamente nada. Como diría mi buen amigo Fernando Dworak, si MORENA no hubiera obtenido su registro como partido político nacional, bien hubiera podido dirigirse a la Secretaría de Gobernación a solicitar su registro como Asociación Religiosa.

Esta elección presidencial es una carrera de tres, evidentemente el ganador emanará de una de las alianzas referidas en estas líneas, sin embargo, la pregunta permanece, ante tales diferencias de principios entre los partidos integrantes, ¿cómo funcionarán los gobiernos de coalición? Anaya, en su palomazo con el precandidato al Senado por el Estado de México, Juan Zepeda, manifestó que para echar un palomazo y para sacar un mal gobierno, son una misma banda. Recordemos que muchas bandas legendarias han tenido fracturas y disoluciones épicas. Solo el tiempo me dirá si tengo o no razón.

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¿Se está militarizando el país?

El jueves 30 de noviembre de este año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, por mayoría de votos, el dictamen que contiene el proyecto de Ley de Seguridad Interior. Atendiendo a lo dispuesto por nuestra Constitución, dicho dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su discusión. La noche del 13 de diciembre la Cámara Alta aprobó en Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el Dictamen que fue enviado por la Cámara de Diputados, mismo que, según la convocatoria emitida será votado el día de hoy por el Pleno.

La noticia respecto a esta aprobación generó mucha división. Por una parte, algunos sectores de la población, así como organismos nacionales e internacionales se manifestaron en contra del proyecto de ley, mientras que también existen organismos internacionales y nacionales, así como organizaciones de la sociedad civil que consideran que debe aprobarse dicha ley. Honestamente, en ese momento no quise escribir al respecto por una sencilla razón: no había tenido oportunidad de estudiar a fondo el dictamen de referencia, así que, para poder emitir mi opinión al respecto, procedí a consultar en Anexo VI de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura, número 4917-VI de fecha 30 de noviembre de 2017 (consultable en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171130-VI.pdf#page=2) y analizar a fondo el texto que fue aprobado por los Diputados. Las Comisiones Unidas hicieron modificaciones a 9 artículos, modificaciones que tendrán que ser discutidas en el Pleno del Senado, sin embargo, al momento en que escribo estas líneas, la Cámara Alta no ha iniciado con la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Interior.

A pesar que en la historia de nuestro país han existido muchos temas muy polémicos, no recuerdo uno que lo haya sido tanto como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Ayer escuchaba en el radio, honestamente no recuerdo en qué programa, a un locutor que manifestaba que si se escuchaba la voz de las personas que se oponen a la aprobación de la ley uno les puede dar toda la razón, sin embargo, que si se escuchaba la voz de las personas que estaban a favor de la aprobación, también tenían toda la razón por lo que dicho locutor no podía pronunciarse respecto a si era conveniente o no aprobar la ley que hoy se discute en el Senado. En gran parte, estoy de acuerdo con esa manifestación.

Como ya lo dije, para escribir estas líneas leí las 142 páginas de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura del 30 de noviembre de este año. En esas páginas se contiene la exposición de motivos por la cual la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja considera que debe aprobarse la Ley, contiene además, el texto normativo y el voto particular de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD por el cual, a su consideración, no debe aprobarse la iniciativa.

En el apartado de exposición de motivos, hay ciertas frases que reflejan de manera muy clara la necesidad de contar con una legislación específica que regule lo que de facto ya existe, es decir, desde hace muchos años, las Fuerzas Armadas han tomado parte directa en el combate a la delincuencia organizada sin que su actuar se encontrara regulado.

En la página 54 de la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Gobernación establece un párrafo que, desde mi punto de vista, es toral para la discusión de esta ley:

“Para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retomar la normalidad. No obstante, es preciso advertir que las acciones de seguridad interior no implicarán en todos los casos la intervención de las Fuerzas Armadas”.

Una página más adelante se puede leer una realidad indiscutible:

“A nadie escapa que la estrategia de erradicación del crimen organizado hace necesaria la efectiva articulación de todas las fuerzas de seguridad con las que cuenta el Estado mexicano en sus tres niveles”.

El primer problema radica, precisamente, en definir qué debe entenderse por amenazas a la Seguridad Interior. Para hacerlo, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados consideró que éstas son las definidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional pero que tienen su origen dentro del territorio nacional y argumenta, tal como puede observarse en la página 56 de la referida Gaceta que:

“Es precisamente en el marco de la definición de seguridad interior y del fortalecimiento y existencia de las instituciones desde donde debe ser normada la actuación de las Fuerzas Armadas, para que se les mantenga como ultima ratio o último recurso de la Federación, ya que resulta innegable que su participación no debe prolongarse en el tiempo sino hasta que la amenaza haya sido controlada”.

Ahora bien, ¿es verdad que, de aprobarse esta ley, se estaría militarizando al país? Honestamente no lo creo así y el motivo es simple: con esta ley se busca regular algo que ya existe y que se estaba llevando a cabo sin la existencia de un marco legal que definiera de manera clara las atribuciones y responsabilidades de cada una de las instituciones que intervinieran en la lucha contra el crimen organizado.

Algunas voces establecen que se están dando demasiadas facultades discrecionales al Presidente para enviar Fuerzas Armadas a las entidades. Estoy en desacuerdo, en primer término, porque el envío de Fuerzas Federales o Fuerzas Armadas se deberá realizar previa solicitud fundada y motivada del Congreso del Estado de que se trate o del titular del Ejecutivo. Una vez recibida la solicitud, la misma deberá ser analizada en el Consejo de Seguridad Nacional, órgano colegiado que determinará la procedencia del envío de tropas, ya sean de Fuerzas Federales o de Fuerzas Armadas. Además, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá contener, entre otras cosas, la temporalidad de la misma, la cual no podrá exceder de un año.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley que se propone, las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate. Con esto, nuevamente se puede apreciar que el uso del Ejército, Fuerza Área y Marina es el último recurso con que cuenta el Gobierno Federal.

Algunas organizaciones manifiestan que con la aprobación de esta Ley se podrá utilizar al Ejército para disolver manifestaciones, sin embargo, el artículo 8 de dicho proyecto establece que las protestas y manifestaciones no pueden ser consideradas como amenaza o riesgo a la seguridad interior, por lo que, no solamente las Fuerzas Armadas estrían impedidas legalmente para entrar, sino que también lo estaría cualquier Fuerza Federal.

El voto particular que realizó el Grupo Parlamentario del PRD en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados me resulta muy interesante. Dicho grupo manifiesta que no debe aprobarse la Ley, no por su fondo, sino porque el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene facultades para legislar en materia de Seguridad Interior, sino que lo que se preceptúa en esta propuesta de Ley debería ser parte de la Ley de Seguridad Nacional. En eso estoy de acuerdo, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción III de la Ley de Seguridad Nacional, se entiende por Seguridad Nacional las acciones tendientes al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. De igual manera, el artículo 5 fracciones III y V de la ley de referencia, establece que se consideran como amenazas a la Seguridad Nacional los actos que impidan a las autoridades actual contra la delincuencia organizada y los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Ante esto, considero que, tal como argumenta el Grupo Parlamentario del PRD, se requiere más una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que la expedición de una Ley de Seguridad Interior, sin embargo, no se puede negar la necesidad de regular la operación de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. El dictamen de la Cámara de Diputados, en su página 59, establece con meridiana claridad lo siguiente:

“En tales circunstancias es necesario hacer consciencia de que la manera más efectiva de hacer frente a los riesgos de seguridad interior es abordar el problema reconociendo las carencias actuales y corrigiéndolas mediante la creación de un marco legal que establezca límites y competencias bien definidas para todas las autoridades involucradas, que permita que la colaboración entre las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales se realice mediante un procedimiento claro y respetuoso de los derechos humanos en tanto se erradique la amenaza a nuestras instituciones”.

Por su parte, Jesús Reyes Heroles, Presidente de Grupo GEA, escribió hoy en El Universal (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jesus-reyes-heroles-g-g/nacion/seguridad-interior) que:

“Toda ley es perfectible, pero es mejor que exista una a continuar con un vacío de muchos años, que no definía ni un marco normativo para la participación de las Fuerzas Armadas, ni ponía énfasis en la observancia de los Derechos Humanos, ni establecía temporalidad”.

Estoy totalmente a favor de la limitación de facultades, máxime que la Ley de Seguridad Interior establece controles claros para evitar abusos, como la intervención de la Comisión Bicameral compuesta por 3 diputados y 3 senadores. Las sociedades son dinámicas, generando cambios en su estructura y, por lo mismo, nuestro sistema jurídico se debe adecuar a las necesidades imperantes. Aprobar la Ley de Seguridad Interior, desde mi óptica, lejos de generar violaciones a Derechos Humanos, permitirá que éstos sean protegidos de mejor manera. Por supuesto que los órganos legislativos y ejecutivos deberán estar muy al pendiente para que dicho cuerpo normativo se vaya modificando conforme sea necesario para hacer frente de la mejor manera posible a los grupos criminales que amenazan a nuestro país.

Twitter: @Benjamin_Muniz