La Corte y Florence Cassez

El próximo 21 de marzo se llevará a cabo la votación de lo que podría ser una de las sentencias de mayor relevancia en la historia de los procesos jurisdiccionales modernos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirá para votar el proyecto de sentencia que resolverá el Amparo Directo en revisión 517/2011 que interpuso Florence Marie Louise Cassez Crepin. El proyecto que será sometido a la votación de los 5 ministros que integran la mencionada Sala de nuestro máximo Tribunal fue elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y su versión pública puede ser consultada en la página http://www.scjn.gob.mx/pleno/Documents/proyectos_resolucion/ADR-517_2011.pdf. 

El proyecto de referencia otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa y ordena su libertad inmediata y absoluta, por los motivos que se detallan a lo largo de las 145 páginas que componen el documento público. 

Por la importancia que se ha dado a la resolución del caso Cassez, cabe mencionar que el presente documento, como todos los que he publicado, refleja única y exclusivamente la opinión de su autor. 

En primer término, hay que reconocer que el caso de Florence Cassez se ha convertido en un tema recurrente de opinión. La presión que viven en este momento los Ministros que votarán el proyecto de resolución ha de ser, me imagino, impresionante. Nos encontramos frente a un caso que, además de afectar las relaciones bilaterales entre México y Francia, puede generar precedentes que pueden afectar de manera sustancial la manera como se llevan a cabo los procesos penales en nuestro país. 

Tengo que reconocer que respeto la carrera del Ministro Zaldívar, considero que es un funcionario eficiente, con un criterio jurídico bastante acertado y que, en el corto tiempo que lleva en nuestro Más Alto Tribunal, no se ha dejado influenciar por circunstancias externas y se ha limitado a resolver los asuntos que le son turnados con estricto apego a la legislación aplicable. No obstante lo anterior, en este caso en particular estoy en desacuerdo con su proyecto de sentencia. 

En primer lugar cabe mencionar que, por regla general el juicio de Amparo Directo es un procedimiento uniinstancial, es decir, las resoluciones en él dictadas no admiten recurso alguno. No obstante lo anterior, la Ley de Amparo establece, en la fracción V de su artículo 83, la excepción a esta regla. Es en virtud de este precepto normativo que por medio de acuerdo de 9 de marzo de 2011, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, lo registró en el expediente 517/2011 y lo remitió a la Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad. Posteriormente, mediante acuerdo de 10 de marzo de 2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del mencionado asunto, lo admitió a trámite y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución respectivo, tal como se acredita en las páginas 85 y 86 de la versión pública del mencionado proyecto. 

El proyecto en estudio se avoca específicamente a violaciones procesales que redundaron en la lesión en agravio de la quejosa de 3 derechos fundamentales consagrados en nuestro Carta Magna, la representación consular en caso de extranjeros, la buena fe ministerial y la presunción de inocencia. Para este documento, seguiremos el mismo orden en que dichas violaciones fueron analizadas por el Ministra Zaldívar. 

Antes de entrar en el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la recurrente, el Ministro Zaldívar reseña lo que él llama “La escenificación ajena a la realidad”, consistente en las imágenes transmitidas por las principales cadenas de televisión nacional durante la mañana de 9 de diciembre de 2005, por la importancia que éstas tienen para la comprensión de los hechos como para la resolución del asunto, por lo que procedió a hacer un recuento de ellas. Lo que recibió la denominación de Escenificación ajena a la realidad no es más que la transmisión en vivo del supuesto operativo por medio del cual la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) rescató a tres víctimas de secuestro y aprehendió a dos miembros del grupo delictivo: Israel Vallarta y Florence Cassez. 

Esta escenificación ajena a la realidad es, según el Ministro Zaldívar, el punto medular de las violaciones procesales que conllevaron a la lesión de los derechos humanos de Cassez, por los siguientes motivos: 

Según consta en autos, la captura de los presuntos secuestradores ocurrió el 8 de diciembre de 2005 y no el 9 como se hizo creer en las imágenes televisivas. Según se hizo constar, posterior a la detención de Vallarta y Cassez, éstos estaban siendo remitidos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuando, a petición de Vallarta, regresaron hacia el Rancho Las Chinitas para salvaguardar la vida de las víctimas secuestradas. Según la versión oficial, en el momento en que arribaron al Rancho, se realizó la transmisión mencionada. Las 3 violaciones que hace valer la quejosa tienen como punto de origen, según el proyecto de sentencia mencionado, esta escenificación. 

A lo largo de todo el texto del Proyecto de Sentencia se hace mención a supuestas violaciones cometidas en contra de la quejosa, violaciones que vulneran sus derechos humanos e, incluso, tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. A la supuesta violación de este tratado se le da un valor primordial. El argumento es que Florence Marie Louise Cassez Crepin, al ser ciudadana extranjera, requería de representación consular. En los hechos, una vez que la quejosa arribó a las oficinas del Ministerio Público de la Federación, la Representación Social intentó establecer contacto con el Consulado francés sin tener éxito. Posterior a esto, la indiciada rindió declaración sin contar con la presencia de representante consular. Ahora bien, fue hasta el día siguiente a su puesta a disposición que Florence Cassez fue asistida por el Cónsul General. El simple hecho que haya declarado previamente a contar con el apoyo de su representación consular es, según lo establece el Ministro Zaldívar, una violación grave a los derechos humanos de la quejosa y motivo suficiente para revocar la resolución impugnada y ordenar la inmediata puesta en libertad de la sentenciada. Difiero del punto de vista del Ministro Zaldívar por lo siguiente: 

En primer lugar, si bien es cierto que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece la obligación por parte de las autoridades de informar sin dilación a los extranjeros que se encuentren detenidos el derecho que los asiste de contar con el apoyo de su representación diplomática, también lo es que ningún cuerpo normativo, ni siquiera la mencionada Convención, establece que es requisito sinne que non que se cuente con la presencia de funcionario diplomático alguno para continuar el procedimiento, motivo por el cual, no puede ser desechada la primera declaración de Cassez bajo el argumento de que no se había contactado a la Representación Diplomática. 

Ahora bien, a lo largo de la resolución que será votada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se prueba de manera indubitable si las autoridades cumplieron o no la obligación de comunicar a Cassez su derecho de asistencia consular, por lo que no se prueba de manera fehaciente la presunta violación a los derechos humanos que intenta hacer valer el Ministro Ponente. 

Otro punto, la quejosa, contando ya con asistencia consular, ratificó todas y cada una de sus declaraciones, incluida la primera (tal como consta en la página 55 de la versión pública del proyecto de sentencia), por lo que, cualquier vicio que hubiera podido existir por la carencia de representación diplomática, se subsana. 

Otro punto que considero importante es la argumentación que el Ministro Zaldívar realiza en las páginas 101 y 102 de la versión pública multicitada para desvirtuar que la quejosa se encontraba representada y que, por tal motivo, no se violaba en su perjuicio la garantía de debido proceso. Para tal fin, me permito transcribir la parte conducente: 

“La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo, esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada. 

A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la idiosincrasia cultural. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.” 

Me resulta grave el contenido de estos dos párrafos. En primer lugar, respecto a la frase final del primer párrafo, en el sentido que el contar con un traductor y un abogado no resulta suficiente para considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada, resulta en verdad denigrante. Tomemos como ejemplo el caso de las personas indígenas que siguen hablando en sus propias lenguas. Si son arrestados y sujetos a un proceso, tienen el derecho de contar con un traductor y con un abogado y con esto se entiende cumplida la garantía de debido proceso, ¿por qué con un extranjero debe ser diferente? Aceptémoslo, en muchas ocasiones, sino es que en todas, nuestros indígenas, para efectos judiciales, nos parecen extranjeros: tienen sus propias costumbres, sus propias leyes, y aun así, tenemos cubierta la obligación constitucional de la defensa adecuada con el simple hecho de designarles un traductor y un abogado. Pero claro, no son franceses, probablemente por esto Cassez requiera prerrogativas extralegales. Luego dicen que la Justicia no discrimina y cumple a cabalidad el último párrafo del artículo 1 de nuestra Carta Magna. 

El segundo párrafo se me antoja aún más aberrante, establecer como pretexto la “idiosincrasia cultural”. Claro, como en Francia es completamente legal secuestrar a las personas, es más, es la manera cotidiana de vida en el país galo, pues es entendible que la quejosa no sepa que en México hacerlo es motivo de sanciones penales privativas de la libertad. 

Como se puede observar, el argumento que esgrime el Ministro Zaldívar que no se actuó de manera suficiente para garantizar el mandato constitucional de una defensa adecuada, son por demás endebles. 

Ahora bien, un factor determinante en el presente caso es que una de las víctimas rescatadas era menor de edad. Sobre este punto es importante recordar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto viene a colación por el hecho que la Declaración de los Derechos de los Niños es un instrumento internacional debidamente suscrito por el Estado Mexicano y ratificado por el Senado de la República de conformidad con las reglas establecidas en nuestra Constitución. En este tema, tienen especial importancia los principios 1, 2, 8 y 9. Para mayor claridad, me permito transcribir los citados principios: 

“PRINCIPIO 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento y otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

PRINCIPIO 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y moral, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

… 

PRINCIPIO 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 

PRINCIPIO 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

…” 

Aprobar el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Zaldívar y dejar en absoluta e inmediata libertad a Florence Cassez solo generaría que el Estado Mexicano incumpla los principios de la Declaración de los Derechos de los Niños anteriormente transcritos. Además, por si esto fuera poco, iría en contra de lo establecido en el párrafo séptimo párrafo del artículo 4 constitucional el cual establece a la letra: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos… “ 

Ahora bien, la “escenificación ajena a la realidad”, menciona el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, violó de manera insalvable la presunción de inocencia con que la quejosa debió contar hasta en tanto un juez competente dictara sentencia en la que se le condenara por los delitos que se le acusaron. Establece también que, le hecho que los medios de comunicación, quienes no son autoridad jurisdiccional, hayan reportado que se detuvo a una banda de secuestradores y que uno de sus miembros era una mujer de nacionalidad francesa, también redundo en una grave violación a esta presunción de inocencia. Este punto, sobre todo la parte final, en lo que compete a los medios de comunicación, es de vital importancia para la justicia en México. Aprobar el proyecto como lo propone el Ministro Ponente, tendría un resultado verdaderamente grave: crearía un precedente por medio del cual, todos los criminales apresados por el Gobierno Federal en la llamada Guerra contra el Narco, los cuales fueron presentados ante los medios de comunicación como asesinos, narcotraficantes, lavadores de dinero, salgan libres. Pongamos el que considero uno de los ejemplos más sensibles: el Pozolero, quien fue presentado a los medios como un homicida que cocinaba a sus víctimas, sin que esto haya sido probado ante un Juez, de aprobarse este proyecto, podría promover un amparo para obtener su libertad. Bastante grave, ¿no? 

Se menciona también, en la página 128 de la versión pública comentada, se establece que (las negrillas son de la versión del proyecto) “Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la aparición del juez. En las situaciones a las que nos estamos refiriendo la policía no pretende facilitar información de la causa que se tramita ante los tribunales, sino anticipar o reproducir su desarrollo, pero sin cumplir las garantías del debido proceso,” 

Agrega, en la página 133, que “Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad”. Cabe mencionar que estoy en total desacuerdo con lo establecido por el Ministro Zaldívar debido a que, independientemente de lo que los medios de comunicación reporten, es el Juez quien, haciendo un análisis concreto del caso particular, dictará la sentencia que en derecho proceda, sin tomar en cuenta cuestiones subjetivas ajenas al proceso (por algo dicen que los abogados somos fríos e insensibles). Tomemos como ejemplo un caso que, en su momento, fue muy sonado. Cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil y posteriormente extraditados a nuestro país para enfrentar el proceso penal que se les había instaurado en su contra, todos los medios de comunicación condenaron públicamente a ambos famosos. Recuerdo, incluso, que una de las máximas autoridades de noticias de espectáculos de la Televisora del Ajusco, abiertamente dijo que los acusados eran culpables y merecían ser sancionados. Todo esto no fue tomado en cuenta por el Juez de la causa quien dictó sentencia en la que absolvió a los inculpados. 

El Ministro Zaldívar menciona también que los testigos y víctimas fueron reconociendo posteriormente a Florence Cassez, y no en el momento de su primera declaración. Al respecto, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar este punto específico con una psicóloga quien me confirmó lo que ya sabía: en un caso tan traumático como lo es un secuestro, para protección, el cerebro bloquea circunstancias que pueden seguir dañando a la víctima y que, poco a poco, éstas pueden ir saliendo a la luz. Incluso, cuando menciona el Ministro que al momento que las víctimas escucharon la voz de Cassez en la televisión misteriosamente la “reconocieron” como parte de sus captores, es totalmente factible, porque el escuchar una voz, o percibir un olor, o ver una imagen, puede traer a la memoria recuerdos que antes se encontraban guardados en el sub-consciente. Negar esto, sería negar a las víctimas los derechos que les son conferidos en el artículo 19 Apartado B de nuestra Ley Fundamental. 

En cuanto a la dilación de los agentes de la AFI para presentar a los detenidos ante el Ministerio Público de la Federación, ésta se encuentra justificada ya que, tal como consta en autos, fue el mismo Israel Vallarta quien solicitó regresar al Rancho Las Chinitas con la finalidad de salvaguardar la vida de las víctimas ahí secuestradas. 

Siendo completamente objetivos, no puedo negar la existencia de vicios procedimentales que, en dado caso, pudieron haber afectado el resultado del juicio, sin embargo, no considero que sean lo suficientemente graves como para ordenar la liberación absoluta e inmediata de la víctima, por el contrario, en dado caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería ordenar la reposición del procedimiento para subsanar tales vicios. 

Como se podrá ver además, el presente caso presenta un alto contenido de derechos en pugna. Se encuentran enfrentados derechos de las víctimas y de los indiciados, sin embargo, como es sabido por todos los abogados (y que además es de pura lógica) se deberá salvaguardar el de mayor valía ante el Derecho. Cabe mencionar que el bien jurídicamente tutelado por excelencia es la vida y, otro de los de mayor valor es la libertad, por lo que, ante este coque, la Corte debería decidir salvaguardar éstos últimos. 

No niego que las autoridades responsables de la escenificación ajena a la realidad deban recibir una sanción, pero si niego que esa sanción la deba pagar la sociedad. Si es necesario que los funcionarios involucrados reciban penas de prisión, que lo hagan, pero no la sociedad, no podemos permitir que por funcionarios de poca ética (por no decir más) termine pagando la sociedad a la que, se supone, sirven. 

La población busca justicia, al igual que lo hago yo, por tal motivo, pido de la manera más encarecida a los señores Ministros que integran la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal busquen la justicia. Considero que dejar en libertad a Florence Cassez generaría mayores violaciones a preceptos constitucionales que negar el amparo y confirmar la sentencia recurrida o, en su caso, ordenar la reposición del procedimiento. 

Cuando decidí estudiar Derecho, un gran abogado me obsequió un ejemplar de su tesis de Licenciatura. Como ha sido costumbre siempre entre él y yo, cada que nos regalamos un libro, lo hacemos con una dedicatoria. En la que estampó en su tesis me decía “Busca siempre aplicar el Derecho y sólo cuando no se pueda ve por la justicia”. En este caso hay derechos encontrados, no se puede aplicar de manera completa la ley sin lesionar los derechos de la contraparte, por lo que hay que optar por la justicia. Hasta el día de hoy, por fin entendí en toda su magnitud estas palabras. 

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo 

Twitter: @Benjamin_Muniz

El Poder de la Sociedad Civil

En los albores de todo proceso electoral es común que los candidatos a ocupar un puesto de elección popular, sea del ámbito local o federal, lancen propuestas de gobierno, propuestas en las que establecen su plan de acción, sus metas, sus retos. En últimas fechas, gran parte de estas propuestas se han centrado en empoderar a la sociedad civil, quitarle poder al ente gobernante y cederlo a la ciudadanía, ¿pero qué significa realmente otorgar el poder a la ciudadanía? ¿Hasta qué punto es factible ceder el control a la sociedad civil?

Si bien es cierto que una excesiva regulación e injerencia del Estado, sobre todo en el sector de los servicios, puede resultar contraproducente, también lo es que existen ciertos rubros en los cuales el Estado no puede ni debe ceder su control.

La participación ciudadana comprende muchos aspectos, varios de los cuales no son vistos con buenos ojos por parte de nuestra clase política, quienes únicamente se refieren a participación ciudadana en el sentido de darnos mayor voz, otorgarnos foros de opinión, incluso se ha escuchado la propuesta de crear una especie de auditoría ciudadana que tenga las facultades necesarias para conocer y sancionar cualquier tipo de práctica ilegal por parte de la clase política. Si bien esta propuesta es en esencia buena, también lo es incompleta. La participación de la sociedad va mucho más lejos. ¿Qué tan lejos puede llegar la participación de la población en las funciones del Estado?

En primer término recordemos que hasta la administración de Miguel de la Madrid Hurtado el sistema de telefonía mexicana se encontraba estatizado, al igual que el sistema bancario. Según diversos estudios, los servicios que prestaban estos dos sectores eran verdaderamente ineficientes. Cuando, durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, estos servicios son privatizados, se abrió, además la posibilidad de generar competencia, lo que genera una mejor regulación de precios y una mejora en el servicio. Tanto Teléfonos de México como los bancos fueros privatizados a personas mexicanas, lo que permitió que, en el caso de los bancos, el sistema de pagos de nuestro país se mantuviera en manos de connacionales. Si hoy día los bancos pertenecen a capital extranjero se debe a los movimientos y reformas realizadas por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

El ejemplo de la privatización del sector telefónico y bancario de nuestro país, nos da una idea de las áreas en las que la sociedad civil puede ingresar. Evidentemente con esta privatización se generó un cambio en la normatividad aplicable aunado al hecho que las nuevas empresas privadas que fueron creadas se comenzaron a regir por las leyes del mercado, en las cuales eran sujetas de tener competencia,   de tener que mejorar sus productos, servicios y forma de atención para poder mantener a los clientes cautivos y no perderlos ante otra empresa que prestara los mismos servicios. Otro factor fundamental al que contribuyó esta privatización y al que contribuye la propia competencia es una regulación de precios: al no existir la competencia, la empresa, que en este caso eran estatales, puede de manera arbitraria establecer sus precios, sin importarle lo elevado de éstos. Al abrirse el mercado a la competencia, esta práctica se ve disminuida.

Pero resulta evidente que el mercado de bienes y servicios no es el único en el cual puede ingresar la iniciativa privada para apoyar las funciones del Estado. Creer que es la única arista en la que se puede ver la actividad privada sería tanto como creer que por el simple hecho que existan empresas privadas, legalmente constituidas de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que brinden ciertos servicios, la participación ciudadana se ha visto cumplida.

Hay más áreas en las que el ciudadano particular o, como se ha llegado a decir, el ciudadano de a pie, tiene una injerencia sin límites, áreas en las que si participación es crucial.

Como lo he mencionado a lo largo de las publicaciones que integran este blog, las políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito no pueden llegar a buen puerto sin el apoyo de la sociedad civil, pero ahora vayamos más allá. Un órgano legislativo, sea federal o local, expide una nueva ley sobre, por decir un ejemplo, trato digno a los animales, y la envía al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación. Resulta evidente que, como cualquier Ley, este nuevo cuerpo normativo se encontrará compuesto por una serie de derechos y obligaciones, así como las consecuentes penas para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulado del cuerpo legal. Por supuesto, el Estado, haciendo uso de su iuspuniendi, estará facultado para aplicar las sanciones correspondientes. Hasta ahí todo bien, ¿pero qué pasa si la ciudadanía simplemente decide no cumplir con lo dispuesto por la ley? ¿Qué pasaría si la ciudadanía considera que tiene cosas más importantes en que preocuparse que por el trato digno hacia los animales? Evidentemente, los incumplimientos serían constantes, el Estado se vería rebasado en su capacidad de imponer sanciones, las conductas quedarían impunes y tendríamos una Ley que, aún vigente, no se cumple. Desgraciadamente, ejemplos como este tenemos muchos.

Para que una ley, un decreto, o cualquier otro cuerpo normativo tenga una vida útil se requiere la participación de la ciudadanía. Retomo el tema de una publicación anterior “Si él puede, ¿por qué yo no?” (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/08/si-el-puede-por-que-yo-no.html) en el sentido que basta con que una persona haga algo malo, viole alguna ley, incumpla algún reglamento para que los demás nos creamos legitimados a actuar de la misma manera.

Siempre voy a creer que para que un país verdaderamente avance, se requiere el esfuerzo y compromiso de la clase gobernante, pero también de la ciudadanía. Hemos caído en el absurdo de creer que el Presidente de la República, los Gobernadores, el Jefe de Gobierno, son magos omnipotentes que con solo mover una mano van a solucionar nuestros problemas, pero eso sí, cuando a nosotros, como sociedad civil, nos piden que nos involucremos, que trabajemos en conjunto con el gobierno, ahí si ya no nos gusta la cosa, ¿por qué hacerlo? Es responsabilidad del gobierno ¿qué no?

Para ejemplo un botón: es responsabilidad del gobierno mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado, esto, entre otras cosas, para prevenir inundaciones y minimizar el riesgo de contraer enfermedades. Entre otras acciones tendientes para la manutención del mencionado sistema, se encuentra el servicio de limpia. Con esto se evita que la basura obstruya el drenaje. Todos los días, por las mañanas, se puede ver a todo un regimiento de trabajadores barriendo y limpiando las calles, pero pues como es obligación del gobierno que esto se haga, y a esa flotilla yo les pago a través de mis impuestos, pues que trabajen, ¿no? Por eso, se nos hace fácil tirar basura en la calle, al final de cuentas, van a venir a recogerla. Claro, la basura se va a las coladeras y va obstruyendo el tránsito de las aguas residuales. Consecuencia lógica: el drenaje se tapa. Resultado: las calles se inundan. Ahora, ¿qué pasa cuando una calle se inunda? Las personas sales a las calles a reclamarle al gobierno que no cumple su obligación de mantener en óptimas condiciones el sistema de drenajes y que por eso la calle está inundada. Ante esto, mi pregunta es muy simple, ¿no sería lo ideal que aceptáramos nuestra propia responsabilidad? ¿En verdad es mejor echarle la culpa al gobierno aún de nuestras fallas? Evidentemente, por más que un gobierno mantenga brigadas de barrenderos en la calle, si la ciudadanía no deja de tirar la basura, los drenajes se seguirán tapando, con las consecuentes inundaciones que este hecho pueda generar.

En su libro “Democracia Ciudadana”, el otrora Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari lanza una frase demoledora: “Nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo”. Por supuesto que con esto no pretendo restar responsabilidades al Estado, quien, obviamente, debe ser el referente obligado. Yo tengo una manera de pensar a este respecto. Considero que el Presidente o Gobernador, más que ser el mago omnipotente que todo puede, debe ser un líder, alguien que tenga la capacidad de guiarnos, lo que incluye, por supuesto, reconocer los errores que se puedan presentar, pero ¿de qué sirve un líder si no tiene gente que lo siga?

Sobre este punto, cabe hacer una breve mención de inquilino de la Residencia Oficial de Los Pinos en el periodo comprendido entre 1988 a 1994. En términos generales, la ciudadanía tiene una imagen muy lesionada de Carlos Salinas de Gortari. Se le ha convertido en el enemigo público número 1 de México. En parte esto se debió a la propaganda lanzada desde el gobierno zedillista y la continuidad de estas manifestaciones por parte de los actores políticos actuales, específicamente de Andrés Manuel López Obrador. Sin el afán de profundizar en si las responsabilidades que le son imputadas a Salinas de Gortari son o no ciertas (no es el objetivo de la presente publicación), es justo hacer un balance objetivo en un rubro importantísimo. Como cualquier ser humano, la política de Salinas tuvo errores y tuvo aciertos, eso es inevitable, sin embargo, en mi opinión (por supuesto, el lector no tiene que estar de acuerdo con ella), su política social fue uno de sus mayores aciertos. Incluso, la política social salinista es mejor que las políticas sociales emanadas, por lo menos, de los gobiernos posteriores. El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) estaba configurado de una manera muy especial. Lejos de fomentar el clientelismo y control estatal, fomentaba la participación ciudadana. A través de ese esquema, la ciudadanía, a través de los Comités de Solidaridad, exponían sus necesidades. En el seno de dichos Comités se analizaban todas las necesidades y proyectos, se definía cuáles eran los prioritarios y se  llevaban a cabo. Por ejemplo, si la necesidad consistía en pavimentar una calle, el gobierno, a través del PRONASOL, otorgaba a la ciudadanía los insumos necesarios para hacerlo y era la ciudadanía quien, a través de proporcionar la mano de obra, concluía el proyecto. Esto me recuerda aquel antiguo refrán chino “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida”, sin afán de hacer menos la sabiduría china, yo contemplaría dicho refrán de la siguiente manera: “dale a un hombre un pez y comerá un día, enséñale a pescar y dale las herramientas para hacerlo y comerá toda su vida”. A través del PRONASOL, la ciudadanía se vio involucrada en el mejoramiento de sus comunidades. Dejaron de ser espectadores y se convirtieron en actores del cambio.

Otro punto en el que resulta fundamental la participación ciudadana es en la evaluación de los resultados generados por las políticas de seguridad pública. Para este fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha encaminado esfuerzos para dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para llevar a cabo dichas evaluaciones.

Ahora bien, un punto importantísimo, no se debe confundir la participación ciudadana con el hecho que el Estado delegue las responsabilidades que legalmente le competen. Un ejemplo para mi muy preocupante es el siguiente: a últimas fechas, y dada la incapacidad por parte del Estado de contener los niveles de violencia al interior de los Centros de Readaptación Social, se ha propuesto que los mismos sean operados por la Iniciativa Privada. Permitirlo sería tanto como entregar la seguridad pública a los particulares. La Seguridad Pública es una obligación de la Federación, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Tal aseveración se desprende del texto del artículo 21 Constitucional, el cual, en ningún lugar habla de la incursión de la Iniciativa Privada en dichas tareas. Si habla de la ciudadanía se refiere a la evaluación de las políticas, no a la operación de las mismas. El Sistema Penitenciario, aun cuando ha sido abusado, mal implementado y castigo presupuestalmente, es el último eslabón de la seguridad pública. Resulta inverosímil creer que el Estado pueda lavarse las manos y entregar la ejecución de sus obligaciones a los particulares (igual de malo como los casos de Nuevo León y Tamaulipas, cuyos gobernadores se han abstenido de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, endosándole toda la responsabilidad a la Federación). No se puede permitir esto. El siguiente paso sería que las policías fueran privadas. Solo para reflexión piense el lector ¿cuántos malos usos se podrían presentar si la seguridad pública estuviera encomendada a particulares?

Para una adecuada participación ciudadana es también necesario poner en su justo lugar las victorias sociales. ¿A qué me refiero? El 18 de marzo de 1938, por decreto del General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo la expropiación petrolera (que en verdad debería llamarse la Nacionalización Petrolera). Evidentemente es de aplaudirse que por fin, después de 21 de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alguien haya tenido el valor de aplicar el artículo 27 de nuestra Ley Fundamental. De igual manera, creo fielmente que el decreto expedido por el Presidente Cárdenas fue producto de buena fe, teniendo las mejores intenciones para con el pueblo mexicano. Las circunstancias de la época obligaban a tomar medidas radicales para impedir que los extranjeros robaran, literalmente, nuestros recursos naturales.

Esta semana se cumplen exactamente 74 años e tal suceso y seguimos cargando consecuencias negativas del mismo. Al inicio de su administración, el Presidente Calderón presento una iniciativa de reforma, la famosa “Reforma Energética” misma que fue rechazada. Recuerdo que al momento que dicha iniciativa fue presentada, se levantó la voz en ciertos sectores que alegaban que, de aprobarse la misma, se estaría dando la espalda a una de las más importantes victorias en la defensa de nuestra soberanía, victoria que llegó después de 21 años de promulgado el marco jurídico necesario y del derramamiento de sangre de muchos mexicanos inocentes. Nada hay más falso que esto.

El subsuelo mexicano es rico en petróleo, desgraciadamente, no contamos con la infraestructura necesaria para explotarlo. Ante esto, los Estados Unidos han venido consumiendo nuestros yacimientos a través del famoso efecto popote. Esto es especialmente grave en nuestroPaís debido a que nuestra economía encuentra su base en, precisamente, ese petróleo que no podemos explotar adecuadamente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que exportamos petróleo barato e importamos gasolina cara y mala? Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de inversión en el ramo. Es necesario que dejemos detrás una mal creada ideología. La expropiación petrolera es una de las más importantes victorias el México Contemporáneo, innegable. Que verdaderos fanáticos han hecho de esa victoria uno de nuestros más pesados lastres, tampoco hay duda. El permitir la entrada de inversión privada al sector petrolero del País no quiere decir negar nuestras victorias, no quiere decir dar marcha atrás en lo que tanto trabajo costó. Por el contrario, sería fortalecer una victoria, sería abrirnos la puerta de ser eficientes en la elaboración de hidrocarburos. Claro, se requerirían reglas claras. El Estado Mexicano seguiría siendo el dueño absoluto de los productos naturales. La inversión privada puede entrar en especie, con maquinaria necesaria para extraer el oro negro. Tomemos como ejemplo el caso de Brasil. Después de tener una de las industrias petroleras más ineficaces, hoy día, gracias a la política implementada por Lula Da Silva, hoy es la 5ª mejor industria a nivel mundial. Para que México pueda llegar a esto, es necesario cambiar la idiosincrasia del pueblo mexicano, es necesario dejar de creer que sería dar marcha atrás. Mejor hagamos lo necesario para consolidar nuestra soberanía, no dependiendo de otros países en un sector tan importante como lo es el energético. Aquí se requiere la participación ciudadana para crecer. Requerimos de empresas, eso sí, con capital 100% mexicano, para obtener el crecimiento que tanto anhelamos. Estoy seguro que, con reglas claras y la correcta aplicación de las mismas, incluso el General Cárdenas estaría de acuerdo en permitir la inversión privada.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Cariñosilandia

Todas las personas que vivimos el proceso electoral de 2006 recordamos, o por lo menos deberíamos recordar de manera clara a un personaje que acaparó diversas críticas por su discurso incendiario: el candidato presidencial perredista y, hasta poco antes, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En su calidad de titular del poder ejecutivo del Distrito Federal, el tabasqueño había tenido la oportunidad de darse a conocer, de hacer campaña desde un puesto público. Durante los poco menos de 6 años que se mantuvo en la primera magistratura de la Capital de la República, la política de gobierno del “Peje” se caracterizó por muchas cosas.

En primer punto, por las continuas desavenencias que se suscitaron entre López, emanado, como todos los gobiernos de la capital desde 1997, del PRD, con el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el panista, Vicente Fox Quezada. Debemos recordar incluso que, el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue Secretario de Seguridad Pública de López Obrador, secretario que fue destituido de dicho puesto por Vicente Fox, en uso de sus facultades legales. En este punto es importante recordar que el régimen jurídico del Distrito Federal, esta Entidad Federativa no es un Estado, sino el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, tal como reza el artículo 44 de nuestra Ley Fundamental.

Recordemos también que, durante la campaña presidencial, una vez que hubo renunciado al puesto de Jefe de Gobierno, López Obrador se caracterizó por una total falta de respeto por las autoridades. Recordemos cuantas veces despotricó contra el entonces Presidente Vicente Fox. Muchos mantenemos viva en nuestra memoria aquella frase lapidaria: “Cállate chachalaca”. Desde el momento en que lanzó esta frase, yo me percaté de la facilidad con la que López Obrador actuaba en contra de las Instituciones Democráticas de México. Si bien es cierto que la espetó contra un ciudadano, también lo es que en ese momento dicho ciudadano estaba investido con la envergadura presidencial, es decir, el insultó no fue en contra de Vicente Fox Quezada, fue en contra de la institución de la presidencia, lo que llevó inexorablemente a que López Obrador faltara al respeto y lesionara la misma Institución por la que él estaba compitiendo para acceder. Algo contradictorio, diría yo.

Evidentemente, si las agresiones las profería contra el Titular del Poder Ejecutivo Federal, su actitud se extrapolaba en contra del candidato panista a la Presidencia, Felipe Calderón Hinojosa y en contra del candidato príista, Roberto Madrazo Pintado.

Contra Felipe Calderón, López Obrador siempre esgrimió el argumento que si el señor ganaba las elecciones no iba a ser resultado de su capacidad como político, mucho menos por el trabajo realizado anteriormente, sino que iba a ser gracias al apoyo ilegal recibido por parte del Gobierno Federal y los poderes fácticos de los medios de comunicación. Fácilmente logró parodiar el slogan de “Manos limpias” de Calderón. Decidió demandar por la vía civil a Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del entonces candidato presidencial panista. Todavía recuerdo como, al transitar por la calle, se podían observar campañas que rezaban “Calderón, quiero ser tu cuñado”. Todo esto generado por una acusación lanzada, sin los elementos de prueba necesarios, por al candidato perredista en contra del Zavala, acusación que resultó en que este último en una demanda civil por daño moral que entabló ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el señor Hildebrando Zavala, en contra del tabasqueño.

Por lo que hace a Roberto Madrazo Pintado, los sucesos no fueron tan diferentes. Debemos recordar que entre ellos ya existía una historia de traición y oposición, historia que culminó en la salida de López Obrador del Partido Tricolor para unirse a las filas del Partido del Sol Azteca.

Quien se detiene a analizar la manera de actuar de López Obrador podrá ver que sus métodos eran bastante obvios. El discurso incendiario, la intolerancia y la confrontación fueron las monedas de cambio de la política lopezobradorista. Ahora bien, si observamos más a fondo nos daremos cuenta que el mismo López Obrador actuaba de la manera que él mismo criticaba. Dijo, como ya lo mencioné, que en caso que Calderón ganara la Presidencia, sería gracias a una elección de Estado. Recordemos que cuando renuncia a su puesto como Jefe de Gobierno toma posesión, tal como lo marca la legislación aplicable, el Secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, incondicional del ex Jefe de Gobierno. Desde el poder que le daba gobernar el Distrito Federal, ahora a través de Encinas, López Obrador aprovechó recursos públicos para hacerse propaganda. Recordemos que dentro de la infraestructura de los servicios de transporte del Distrito Federal, se podían observar innumerables pancartas del candidato presidencial. En cuanto al candidato para Jefatura de Gobierno, Marcelo Ebrard, López Obrador no requirió mover su maquinaria par que éste ganara. Sin lugar a dudas, Ebrard no tuvo un contrincante lo suficientemente sólido como para mermar la continuidad del proyecto lopezobradorista en la capital. Este manejo de recursos públicos para promocionar su campaña presidencial, ¿no es de lo que tanto se quejaba de las prácticas arcaicas del PRI? ¿No denunciaba, justificada o injustificadamente, estas supuestas prácticas por parte del PAN, partido en el poder? La incongruencia fue otro factor que describió a López Obrador.

 Sin lugar a dudas, la elección presidencial de 2006 fue la más cerrada en la historia de nuestro País. En 2000 Vicente Fox ganó la Presidencia por un amplio margen, 6 años después, la historia fue la contraria. Cerradas las casillas electorales, era aventurado que el Instituto Federal Electoral se pronunciara por un virtual ganador a través del cómputo del PREP. Incluso las encuestas de salida daban resultados muy cerrados. ¿A qué se debió la diferencia tan radical en los márgenes en tan sólo 6 años? La respuesta es muy fácil. Vicente Fox fue un excelente candidato. Todos lo recordamos como aquel que iba a entrar a Los Pinos y terminar con los problemas heredados por el PRI. Lo vimos como el candidato con valor, con convicción y de ideas firmes. No creo que haya muchos que hayan olvidado el “Yo viene a un debate hoy y quiero que se haga el debate HOY”. Desgraciadamente, una vez instalado en la Residencia Oficial, de aquel candidato no quedó nada y se convirtió en un Presidente que, si bien tuvo aciertos, tuvo muchas indecisiones, se vio tibio en muchos asuntos que requerían una solución contundente y se vio como alguien que cedió el control a su esposa. La ciudadanía se sintió defraudada por la manera de gobernar de Vicente Fox, sintieron que su voto había sido desperdiciado. Sin embargo, las heridas causadas por el PRI seguían abiertas y sangrando. Si a esto se le suma el discurso incendiario de López Obrador, y las acciones que realizó en el Distrito Federal, el resultado era de esperarse. Mucha gente decidió otorgarle su confianza y votar por él. Aquí el motivo de los resultados tan cerrados.

Una vez que se dieron los resultados preliminares que le otorgaban el triunfo de la contienda electoral a Calderón, López Obrador reaccionó de una manera que solamente demostró su intolerancia y su obsesión por el poder. Al no verse beneficiado con el triunfo levantó aquella famosa frase “Voto x Voto, Casilla x Casilla”. Presentó impugnaciones ante el IFE, mismas que fueron resultas de manera favorable al virtual candidato vencedor. Molesto por los resultados, presentó los medios de impugnación que consideró pertinentes ante el máximo órgano electoral de nuestro país: el Tribunal Federal Electoral (hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), quien confirmó el triunfo de Felipe Calderón. Si realmente Calderón ganó o no la elección, si existió el fraude electoral o no, no es motivo del presente documento, lo que sí interesa para los fines de esta publicación es la manera como el tabasqueño reaccionó.

Una vez más, salió a la luz pública con el único fin de desprestigiar a las instituciones de nuestro país. Arremetió en contra del IFE, del TRIFE, de la Presidencia de la República, incluso en contra de empresas privadas tal como el gran dupolio televisivo. No conforme con esto, decidió de manera tiránica, tomar la ciudad, claro, con la complicidad de Alejandro Encinas. Todos recordamos que, por un tiempo bastante prolongado, se instaló en el Paseo de la Reforma, cerrándolo por completo. Claro, al hacer esto, no se dio cuenta el señor que estaba perjudicando también a personas que requerían utilizar esa vía para ir a trabajar. Gracias a este plantón, muchos negocios tuvieron que cerrar, lo que produjo un aumento en los índices del desempleo, con el consecuente aumento en los índices de pobreza. Con su reclamo, López Obrador únicamente afectó a aquellos por los que decía luchar.

Además de esta actividad a todas luces ilegal, López Obrador creó la Presidencia Legítima, constituyendo todo un gabinete y cobrando sueldo como Presidente Legítimo de la Nación. ¿Dónde se había visto esto? La enfermedad por poder que presenta López Obrador, llegó al absurdo de desconocer al Presidente legítimamente nombrado y crear todo un sistema de gobierno alterno y, evidentemente en contra de la ley. Por supuesto no olvidemos que la usurpación de funciones públicas es un delito sancionado con pena de prisión. Lo dejo al costo.

Otra de las inconsistencias López Obrador es el reclamo que hacia acerca del control del PRI para elegir y seguir gobernando aún después de concluida una administración. Para esto utilizaba (y lo sigue haciendo) constantemente  como ejemplo a Carlos Salinas de Gortari, quien, a decir del “Peje” sigue gobernando México. ¿Dónde entra la incongruencia? Muy simple, López Obrador, aún después de renunciar a la Jefatura de Gobierno, siguió gobernando la Capital de la República. Alejandro Encinas fue simplemente una pantalla para cubrir los requisitos legales para postularse como Presidente. En el D.F. se vivió, durante ese breve lapso, un panorama parecido al Maximato callista: el Jefe de Gobierno está en el Antiguo Palacio Virreinal, el que gobierna está en Copilco, se pudo haber dicho en ese tiempo. Cuando Ebrard rinde protesta como Jefe de Gobierno, López Obrador intentó seguir gobernando a través de él. Las cosas no le salieron como él lo pensaba. Ebrard resultó ser un hijo desobediente en muchos aspectos y le limitó el poder al tabasqueño, más o menos lo que le sucedió a Calles con Lázaro Cárdenas. Ebrard pintó su raya y gobernó él, claro, dando continuidad a muchos de los proyectos de López Obrador, pero sin convertirse en su subordinado. Recordemos incluso el conflicto que se generó entre ellos cuando, al concluir una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ebrard tendió la mano al Presidente Calderón y, posteriormente, declaró que Calderón era el Presidente Legítimamente instaurado.

No pudo decir que todo lo realizado por López Obrador fue malo, sería deshonesto e incluso tendencioso. Como todo ser humano, tiene aciertos y fracasos, errores y virtudes. Tengo que reconocer que desde la Jefatura de Gobierno, Obrador generó políticas interesantes: el apoyo económico a las personas con escasos recursos fue una gran idea, tal vez no realizada con fines verídicamente altruistas, sino como medidas clientelares, pero lo cierto es que ha apoyado a las clases bajas. La construcción de los segundos pisos y de la línea 1 del metrobus son otros de sus grandes aciertos, pero para mi gusto, si ponemos en una balanza su actuar, ésta se inclinaría hacia lo negativo. Recordemos también que su chofer, el famoso Nico, ganaba una fortuna para su puesto. Esto atentaba contra su dicho en el sentido de no a los grandes sueldos de los funcionarios públicos.

Las izquierdas apostaron todas sus canicas a un candidato y apostaron mal. Por resultados, por proyectos, el candidato de las izquierdas debió haber sido Marcelo Ebrard, sin embargo, decidieron ir nuevamente con Andrés Manuel. Probablemente en la decisión sellaron su fracaso. Veremos qué cambios se pueden presentar en esta campaña presidencial. De entrada, ya hay uno importante.

Después del discurso incendiario que ha caracterizado a López Obrador, y al ver que ya no genera los mismos resultados de antaño y que, incluso, ha hecho que pierda adeptos, decidió seguir el ejemplo de Ignacio Lula da Silva, y cambiar su discurso por su República Amorosa, al grado de llegar a decir que, de ganar la Presidencia, crearía una Secretaría de la Felicidad. Después de haber sido reaccionario, de quemar pozos petroleros, de atentar contra los bienes y las instituciones nacionales, ahora quiere que vivamos en Cariñosilandia.

Me cuesta trabajo creer en su cambio. Dudo mucho que de ganar la Presidencia, lo que se ve muy difícil, siga su discurso amoroso. El poder lo cegará nuevamente y veremos al verdadero López Obrador. Recordemos que, como reza un dicho popular, un tigre nunca cambia sus rayas.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

Incidencia Delictiva y Sistema Penitenciario

El día de hoy tuve la oportunidad de leer dos columnas publicadas en El Universal y Milenio, respectivamente. Por un lado, la Diputada Federal y aspirante al Senado por el Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón, en su columna “Las cifras le dan la espalda a Ebrard”, publicada en El Universal (http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57162.php), hace referencia al estudio “8 Delitos Primero” (mismo que puede ser consultado en http://www.cidac.org/esp/uploads/1/8DELITOS_09Feb.pdf), realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en el cual se incluye un índice delictivo con el que se catalogan las entidades federativas en función del grado de afectación en materia de seguridad pública. La Diputada Federal sostiene que la importancia de este tipo de estudios nace en el hecho que proporcionan la información necesaria las autoridades responsables para la elaboración de diagnósticos puntuales respecto de los delitos que se pretende atacar.

El resultado de este estudio, se presenta desfavorable para el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Distrito Federal ocupa el tercer lugar en prevalencia delictiva, con una tasa de incidencia de 44,443 delitos por cada 100,000 habitantes, además de encontrarse en primer lugar en cuanto a condición de victimización en el hogar con 51.5%

Según lo explica la Dip. Cuevas, “sabiendo que no todos los delitos tienen el mismo peso ni causan la misma afectación, el Cidac (sic) elaboró un modelo para observar tanto el grado de afectación como la frecuencia con la que ocurre cada delito por entidad federativa”. Según los resultados expuestos por el CIDAC, el Distrito Federal se encuentra a la cabeza de las entidades que presentan una afectación grave en términos generales, en donde se encontró que de los ocho  delitos que impactan negativamente la percepción de seguridad, se presenta lo siguiente:

1.       Una afectación severa en cinco delitos (robo de vehículo con violencia, robo a peatón con violencia, robo de vehículo sin violencia, lesión dolosa con arma blanca y extorsión).

2.       Una afectación grave en robo a peatón sin violencia.

3.       Una afectación media en secuestro.

4.       Afectación moderada en cuanto a homicidios relacionados al crimen organizado.

Definitivamente, limitar este flagelo al Distrito Federal sería un error imperdonable. La situación de inseguridad que se vive actualmente es consistente a lo largo de todo el territorio nacional, incluso, el mencionado estudio del CIDAC, inicia con este párrafo lapidario:

“México enfrenta la crisis de violencia más grave de las últimas décadas. No sólo se cometen más delitos, sino que cada vez son más violentos. En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados al crimen organizado aumentaron en más de 400% y, a la par, los secuestros y las extorsiones se incrementaron en 100% cada uno. Para las zonas más afectadas, el conflicto se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Observamos, por ejemplo, un aumento de 2308% en robo de vehículos en Nuevo León.”

Como se puede apreciar, la crisis en materia de Seguridad Pública ha rebasado por completo a nuestras autoridades. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, entidad que no tiene mayores problemas en materia de crimen organizado, se han implementado acciones contundentes para frenar el aumento de los índices delictivos. La Procuraduría General de Justicia de esta Capital, durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, hoy aspirante a la Jefatura de Gobierno, fue muy enfática en llevar a cabo acciones sistemáticas para, en primer lugar, frenar el aumento de los índices delictivos y, en segundo, llegar a disminuirlos. Estoy seguro que el Dr. Jesús Rodríguez Almeida, como Procurador recientemente ratificado, seguirá encaminando sus esfuerzos a tal fin.

Ahora bien, sin importar los programas que se implementen, sin importar el partido del que emanen los gobiernos, la realidad demuestra que la delincuencia ha ganado terreno a las Instituciones legalmente constituidas en nuestro País. La crisis en seguridad ha generado una crisis en la gobernabilidad. La ciudadanía no percibe una mejoría sustancial en esta materia.

Aunque pueda parecer un tema completamente distinto, en “Ayer Apodaca, mañana cualquier otro” (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9116015), Carlos Puig inicia con un párrafo compuesto de un solo renglón, solamente 10 palabras: “Hay un cuarto de millón de mexicanos recluidos en prisión.” Al leer este comienzo tomo más fuerza en mi mente la idea que el Sistema Penitenciario no cumple con sus objetivos (para conocer más la opinión de quien esto escribe, se puede consultar http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/12/la-ineficacia-del-sistema-penitenciario.html).

Tener a 231,510 mexicanos en prisión, según lo reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a octubre de 2011, genera otro tipo de conflictos de gran importancia: la sobrepoblación: se estima que para octubre de 2011 había una sobrepoblación penitenciaria del 24% en promedio, sin embargo, en Apodaca, escenario de una batalla campal que dejó como resultado 44 muertos y 30 fugado, la sobrepoblación asciende a 60%, mientras que en el DF asciende a 80%.

¿A qué se debe esta sobrepoblación? Para entenderla mejor, es necesario conocer como se integra el Sistema Penitenciario Nacional. Nos dice Carlos Puig en su columna “La mayor parte de los reclusos mexicanos está en cárceles estatales: unos 170 mil; 40 mil más en las cárceles del Gobierno del Distrito Federal; 4 mil en cárceles municipales y el resto en centros carcelarios federales”.

A mi parecer, existen dos condicionantes para la actual sobrepoblación penitenciaria: el uso excesivo que se le ha dado a la reclusión carcelaria y la ineficacia de las autoridades responsables de impartir justicia de dictar las sentencias correspondientes.

Respecto al primer punto, en mi diverso “La Ineficacia del Sistema Penitenciario”, propongo un plan para poder disminuir este exceso. Estoy convencido que mi plan no es perfecto y que, de hecho, puede ser bastante somero, sin embargo, creo también que es un primer paso que se puede dar para traer el equilibrio necesario en la ejecución de sanciones penales.

Por lo que hace a la ineficacia de los jueces para dictar las resoluciones que en Derecho correspondan, es importante traer a la mente un dato al que también hace referencia Carlos Puig:

“El amontonamiento de mexicanos en las cárceles tiene que ver con una política deliberada – y engañosa – de hacer de la prisión preventiva un instrumento de control del crimen. Instrumento que ha fracasado: cada vez tenemos más internos y menos seguridad.

Hoy en día, cuatro de cada diez internos no están sentenciados.”

40% de los reclusos no están sentenciados. Casi la mitad de las personas privadas de su libertad se encuentran encerradas sin que una autoridad competente haya resuelto el fondo de su asunto. Se presume su culpabilidad (lo cual, por cierto, va contra el principio de presunción de inocencia) pero no se ha terminado de analizar la integración del cuerpo del delito, la existencia o no de un nexo causal que una al delito con el imputado, el dolo o culpa, la acción u omisión, la imputabilidad o inimputabilidad, la existencia o inexistencia de excusas absolutorias. No se ha resuelto absolutamente nada. Se encuentran tras las rejas para, según las autoridades, evitar que sigan cometiendo delitos durante su proceso, aunque seamos francos, nada hay  más falso que esto. Supongamos además que una persona, presa 5 años esperando sentencia, comparece ante el Juez para oír su sentencia la cual, en la parte conducente, determina que ha quedado comprobada la inocencia del procesado. Suena bonito, se hace justicia, un inocente menos en la cárcel pero, ¿y los 5 años que ya pasó recluido? Aunque existan cuerpos normativos que obliguen al Estado a indemnizar a la ciudadanía en caso de presentarse un caso similar, ¿la remuneración que reciba el agraviado será suficiente para pagar todos los daños que le fueron ocasionados por estar recluido sin razón? Ahora bien, una persona que estuvo en prisión, se haya comprobado o no su culpabilidad, difícilmente va a conseguir una fuente de empleo. Si a esto le sumamos que cualquier prisión es la Universidad del Crimen por excelencia, el futuro no es prometedor.

Es aquí donde nace el nexo que una las columnas de Gabriela Cuevas y de Carlos Puig. Son dos columnas, publicadas en diferentes medios de comunicación impresa pero que tratan el mismo problema desde dos puntos de vista diferentes pero, a la vez, complementarios. Al analizar ambos textos, vuelvo sobre la base que fundó este blog y del cual recibe su nombre: la prevención del delito.

Nunca me cansaré de decirlo, las políticas represivas del Estado no tienen el impacto que deberían de tener y, por lo mismo, no han generado los resultados esperados, por el contrario, han generado un elevado costo para la ciudadanía.

Definitivamente, es una obligación del Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno, generar políticas que frenen la comisión de los delitos, y que reinstauren la paz social, sin embargo, también tienen la obligación de impedir la comisión de los mismos. Esta obligación la han querido cubrir a través de lo que, Cesar Bonesana, Marqués de Beccaria, denominaba “pena ejemplar”, la cual consiste en que el Estado, en uso de su ius puniendi, impone a los ciudadanos que violan las leyes las sanciones que se considera, generaran en los demás ciudadanos el ejemplo para evitar que sigan los pasos de los infractores. En el caso de las leyes penales, toda vez que el bien jurídico tutelado de las mismas es de mayor valía, las penas se vuelven más severas. El mismo Beccaria lo establece de la siguiente manera (BECCARIA, “Tratado de los Delitos y de las Penas”, 18ª Edición, Porrúa, México, 2010, p. 19):

“No sólo es interés común que no se cometan delitos, pero aun lo es que sean menos frecuentes, a proporción del daño que causan en la sociedad. Así, pues, más fuerte deben ser los motivos que retraigan a los hombres de los delitos, a medida que son contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que los inducen a cometernos. Debe por eso haber una proporción entro los delitos y las penas.”

Como se puede observar, el Estado ha construido toda una institución de prevenir la comisión de nuevos delitos a través del castigo de delitos cometidos con anterioridad. Buscan poner el ejemplo de lo que sucedería a cualquier persona que decidiera delinquir. Como se puede observar también, esta práctica no ha generado de manera alguna el resultado deseado, por el contrario, únicamente ha tenido el efecto contrario. Como lo escribió Carlos Puig “Cada vez tenemos más internos y menos seguridad”.

Es por este motivo que ha llegado el momento de enfrentar los problemas de una manera diferente. No es muy inteligente continuar haciendo las mismas cosas esperando diferentes resultados. Debemos, ahora, cambiar la manera de actuar para generar nuevos resultados.

Mientras el Estado se siga preocupando únicamente por reprimir los delitos cometidos, en lugar de prevenir la comisión de los mismos, los resultados serán, en el mejor de los casos, los mismos. Requerimos un cambio radical de política. Siempre será mejor prevenir que reparar. Si prevenimos, el daño no se generará, si reparamos, las cosas jamás regresarán a su status anterior, siempre quedarán marcadas. Es por tal motivo que pugno por generar una verdadera política de prevención del delito, para, de esta manera, poder generar los cambios que de manera urgente, requiere nuestra sociedad.

Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

La elección en el Distrito Federal

La semana pasada ocurrieron dos acontecimientos políticos dignos de ser analizados. En primer lugar, el intento de la dirigencia del Partido Acción Nacional de llevar a cabo una elección indicativa con la finalidad de bajar de la contienda a uno de los 3 precandidatos presidenciales. El segundo, el registro de diversos precandidatos de las izquierdas para contender por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Respecto a la elección indicativa, antes de  analizar el objetivo de la misma, partamos de la base que no se puede utilizar una figura que no se encuentra expresamente contemplada en los estatutos del PAN. Hacerlo únicamente acarrearía ilegalidad.

En cuanto al motivo de esta elección indicativa, se ha hablado en diversos foros que la misma tenía  como propósito bajar de la contienda al ex senador Santiago Creel Miranda para buscar favorecer al otrora Secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien, se rumora, es el delfín oficial de Los Pinos. Como miembro del PAN, me gustaría poder decir que este no es el verdadero motivo, pero desgraciadamente la evidencia indica lo contrario. Desde el inicio de la contienda por la candidatura del PAN a la máxima magistratura del país, se han visto maniobras de dudosa procedencia para levantar la popularidad de Cordero y para desacreditar a su más cercano competidor, es decir, Santiago Creel.

El Partido Acción Nacional fue fundado por Don Manuel Gómez Morín, junto con personajes como Adolfo Christlieb Ibarrola, Rafael Preciado Hernández, entre otros, como una manera de buscar terminar con la hegemonía del partido en el gobierno. El PAN nació del hartazgo de grandes políticos de ver como el País se manejaba únicamente desde la Residencia Oficial de Los Pinos y que era el titular del Gobierno Federal quien, fungiendo de hecho como Presidente de su Partido, elegía a su sucesor en el cargo, mermando de manera flagrante la democracia de nuestro País. Esta facultad Presidencial existente durante las administraciones príistas fueron duramente criticadas y reprobadas por el panismo. Desgraciadamente, una vez que el PAN llegó al poder, muchos de sus principios básicos fueron olvidados y se está cayendo exactamente en lo que previamente habían reprobado.

El hecho que se pretenda imponer un candidato presidencial desde Los Pinos en la figura de Ernesto Cordero, únicamente me recuerda los tiempos del Maximato, donde el Jefe Máximo, Plutarco Elías Calles, designaba a mansalva a su sucesor, para poder permanecer en el poder sin violar el principio de la no reelección. Recordemos incluso que la voz popular manifestaba abiertamente “Aquí vive el Presidente, el que manda vive enfrente”.

Otro factor que me hace ver que los principios del PAN han sido abandonados por gran parte de su dirigencia es la negativa injustificada de permitir el registro como candidato al Senado a Manuel Clouthier, hijo del legendario panista Manuel J. Clouthier, el Maquío, emblema de la lucha por la democracia, quien falleció misteriosamente en un accidente automovilístico después de levantar la voz y acusar un fraude electoral. Murió por buscar la democracia: ni siquiera argumentó su triunfo, argumentó el triunfo de un tercero, el del Ing. Cárdenas sobre el de Carlos Salinas. Clouthier fue el primero en levantar la voz para acusar que Salinas no había ganado las elecciones, que el verdadero ungido era Cárdenas y pago su vida con ello. Ahora, 22 años después, se niega a su hijo la candidatura el Senado únicamente porque Manuel Clouthier ha manifestado que el panismo ha perdido sus principios. Bien dicen por ahí, la verdad no peca, pero como incomoda.

No debe caber duda que el Partido Acción Nacional está en crisis. Los principios fundamentales sobre los cuales fue constituido han sido violados de manera sistemática. Las dirigencias nacionales y estatales han sido incapaces de guiar por buen rumbo al Partido. Sus miembros se han corrompido. Cada día es más frecuente escuchar de panistas coludidos en actividades plagadas de corrupción e, incluso, ilícitas. No me imagino que durante la época en que el Partido conservaba sus principios se hubiera presentado una figura como Pancho Cachondo, ya ni hablemos del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal. Los principios democráticos que sirvieron de fundamento para el nacimiento del PAN han sido olvidados y se han violado de manera flagrante. Evidentemente no digo que todos los panistas han caído en este escenario. Todavía hay panistas que luchan por su partido, que luchan por la ciudadanía. Tal es el caso de las Diputadas Federales Gabriela Cuevas y Rosi Orizco, es el caso también de los Diputados de la ALDF Fernando Rodríguez Doval y Guillermo Huerta Ling, Manuel Clouthier ha sido un elemento que constantemente ha denunciado la crisis del panismo y lo hace con toda autoridad moral.

Si yo me afilié al PAN fue porque en él encontré una base que me permitiera ejercer mi obligación ciudadana de buscar un mejor futuro para mi ciudad y mi país. Estoy completamente convencido que la solución a los problemas que atravesamos como sociedad está únicamente en la sociedad misma y, que los Partidos Políticos son medios para lograrlo. Por este motivo, y por sentirme identificado con sus principios, pensé únicamente en el PAN, un PAN que hoy no es lo que sus fundadores planearon. Yo solo me pregunto ¿qué pensaría Don Manuel Gómez Morín si viera la crisis en la que su partido está inmerso? En alguna ocasión tuve un debate por medio de Twitter con Arne Aus Den Ruthen, y le reproché que él únicamente había renunciado al Partido sin hacer nada por él. Su respuesta me dejo sin palabras “El que no me veas en la regadera no quiere decir que no me bañe”. Hoy entiendo el motivo por el cual renunció. El PAN no es lo que era. No estoy de acuerdo en que para luchar por el Partido hay que salirse de él, por el contrario, yo creo que es desde dentro donde se va a poder generar una renovación integral que haga que regresemos a nuestros principios.

Ahora bien, dentro del marco de esta debacle de la política (hay que admitirlo, el PAN no es el único partido en crisis) se gestan las elecciones del 2012. El panorama para la renovación del Poder Ejecutivo Federal pinta interesante, pero la que en verdad considero trascendental y no apta para cardiacos es la elección de Jefe de Gobierno del D.F.

En el PRI al parecer no habrá cambios e irán con Beatriz Paredes como candidata. En el PAN y en las izquierdas el panorama pinta más complejo.

El día de ayer feneció el término para que los aspirantes de las izquierdas al GDF se registraran como precandidatos. Dentro de este ejercicio, diversos personajes de los distintos partidos que integran la izquierda mexicana acudieron a registrarse, entre ellos el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa quien fuera, hasta el viernes pasado, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Probablemente lo que voy a escribir cause molestias entre mis correligionarios Panistas, pero atendiendo a mi obligación ciudadana de buscar la mejor opción para mi ciudad, es que me atrevo a escribir estas líneas, porque antes de ser panista, soy ciudadano mexicano, residente del D.F.

El Dr. Mancera estuvo al frente, desde 2008, de una de las dependencias más delicadas de la Administración Pública. Su gestión al frente de la Procuraduría estuvo marcada  por la rendición de cuentas, la transparencia, por la depuración, profesionalización y modernización de la Policía Judicial, hoy Policía de Investigación.

Durante su administración como Procurador, como en cualquier gestión humana, hubieron aciertos y errores, sin embargo, se puede comprobar que los errores fueron los menos y que los aciertos repercutieron en una mayor seguridad para los habitantes del Distrito Federal. La forma como dirigió a la Procuraduría, el trabajo realizado, el compromiso adquirido, llevó al periodista Ciro Gómez Leyva a definirlo como “uno de los mejores funcionarios que ha tenido en años el DF” (La Historia en Breve “Es Mancera o el regreso de las Beatriz Paredes en Milenio Diario el 4 de enero de 2012 http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9089190). Por su parte, el pasado sábado, Hugo García Michel publicó en su “Cámara Húngara” una columna titulada “Voy con Mancera”, en la que concluye “Yo tengo decidido mi voto por el Partido de la Revolución Democrática en la elección del DF, siempre y cuando el candidato sea Mancera…” (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9090784). Incluso Rosario Robles, quien fuera Jefa de Gobierno del Distrito Federal publicó en su columna del pasado sábado que, aún cuando un sector del perredismo crea que el Dr. Mancera no necesariamente representa cabalmente los principios de la izquierda, en los hechos es la única carta con la que pueden ganar la elección (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9090848).

Las opiniones favorables hacia Miguel Ángel Mancera no son de hace unos días. La imagen que ha mantenido se ha gestado a lo largo de varios meses. Recordemos, incluso, que de las primeras personas que opinaron favorablemente de su gestión fueron, entre otras, Margarita Zavala y, el entonces Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria. En la prensa no ha sido diferente: Ciro Gómez Leyva publicó, el 6 de octubre pasado, una columna titulada “El inolvidable binomio Mancera-Mondragón”, en la que resalta el trabajo realizado por ambos funcionarios (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9038941). De la misma manera, el 8 de octubre pasado, en su “Cámara Húngara”, Hugo García Michel compartió su columna titulada “Por la acera con Mancera” en la que, entre otras cosas manifiesta que considera como la mejor opción de la izquierda a Miguel Ángel Mancera, que le gusta el trabajo realizado en la PGJDF ya que ha otorgado en la capital del país una seguridad que no existe en otras partes de México, resaltando que es una persona sencilla y ajeno a estridencias (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9040066).

Como panista no es fácil reconocer que la mejor opción para gobernar el Distrito Federal emana de otro partido. Considero que antes de ser panista soy ciudadano y que, en atención a mi principio de buscar el mejor gobierno, emane del partido que emane, tengo que ser congruente y apoyar a quien considero la mejor opción, dejando a un lado los intereses del Partido del cual soy miembro. De los aspirantes del PAN al GDF, considero que la única que tiene la posibilidad de darle pelea a Mancera, por su trayectoria política y por sus logros dentro de los puestos que ha desempeñado, es la Diputada Gabriela Cuevas. Siempre he dicho que el PAN no tiene otra alternativa. Ella es también una excelente opción para el Gobierno del Distrito Federal. Si los miembros del PAN no se dan cuenta de esto y otorgan la candidatura a algún otro candidato, considero que la suerte estará echada. La trayectoria de la Diputada Cuevas puede generar que la contienda electoral tenga matices verdaderamente interesantes.

La capital de la República tiene rubros pendientes en los que es urgente avanzar. Estoy convencido que muchos de estos rubros serán atendidos por el Dr. Mancera o por la Dip. Cuevas, en caso de ser ungidos. ¿Quién será el Jefe de Gobierno? Será la ciudadanía quien decida, pero no me queda más que decir que veo en Miguel Ángel Mancera Espinosa la más clara y la mejor opción para tomar las riendas de la ciudad más grande del mundo.  

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

La crisis de la Institucionalidad

Como todos sabemos, actualmente nos encontramos inmersos en épocas electorales, en tiempos en que se habla primordialmente de política y de elecciones. Nos encontramos en pleno proceso electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y diversos Ejecutivos y Legislativos Locales. Ante este panorama, algunos aspirantes a la Presidencia de la República, han publicado libros donde contienen sus propuestas y su ideología. Tenemos por ejemplo, que Enrique Peña Nieto publicó su libro “México la gran esperanza: un Estado eficaz para una democracia de resultados”, Manlio Fabio Beltrones, previo a su declinación, publicó “La vida y la política: orden, desarrollo y bienestar en la democracia”, Andrés Manuel López Obrador publicó su “Nuevo proyecto de Nación: por el renacimiento de México”, la precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota sacó a la venta su libro “Nuestra oportunidad, un México para todos”, incluso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano publico “Sobre mis pasos”.

Considero que, además de los espacios en medios de comunicación, los debates y los mítines, la lectura de estos libros son una excelente oportunidad para conocer las propuestas de los candidatos, sus preocupaciones, sus metas y sus planes para lograrlos. Es por esto que creo que, independientemente que se apoye a tal o cual candidato, el verdadero ciudadano, quien ejerce los derechos y obligaciones que le otorga la ciudadanía, debería procurar leerlos, para poder crearse un criterio más amplio de cara a las elecciones de 2012. En tal virtud, quien esto escribe, tomo la decisión de leer estos libros, por lo que comencé leyendo “Nuestra oportunidad, un México para todos” de Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a la Presidencia, a quien en lo personal yo apoyo abiertamente.

Para entrar al tema de este artículo, me permito hacer una breve semblanza del mencionado libro. Esta obra es el resultado de entrevistas realizadas por la Diputada con Licencia a diversos líderes mundiales, quienes compartieron con ella las experiencias obtenidas desde sus respectivas trincheras y sus observaciones y comparaciones respecto a sus respectivos países con México. Durante la lectura, me han llamado la atención especialmente las entrevistas con Julio María Sanguinetti y con José María Aznar.

Julio María Sanguinetti, quien fue Presidente de la República del Uruguay en dos ocasiones, hace mucho hincapié  en el tema de la institucionalidad. El ex-presidente uruguayo considera que la institucionalidad es un factor que debe ser cuidado de una manera muy especial por las personas encargadas de las políticas de gobierno e, incluso, por parte de los ciudadanos. Dice que sin una institucionalidad fuerte y realmente sentida como tal, no hay seguridad, además de especificar que la institucionalidad se debe entender no sólo como la arquitectura jurídica, sino como el ejercicio efectivo de la norma, como un código de comportamiento.

Para poder llegar a crear una institucionalidad sólida se requieren romper vicios, ir más allá, se requiere formar gente nueva.

El punto de la crisis institucional que vivimos, afecta no solamente a las instituciones como tal, sino que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos. La falta de institucionalidad, afecta de manera directa la economía, porque si ésta no existe y no se siente, no habrá seguridad que garanticen las condiciones que la inversión requiere. Una de las consecuencias de este rezago económico lo encontramos en los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que actualmente ascienden al 20% de la población  juvenil. El fenómeno nini es especialmente preocupante porque es el caldo de cultivo de la violencia y el narcotráfico, debido a que es la generación un sector que se siente alejado de la sociedad, siente que ésta no le da un lugar, por lo que va a ser muy fácil que sean agresivos en contra de ella.

Otro factor que se ve afectado por la falta de institucionalidad es la generación de oportunidades y el desarrollo social. Para que el Estado esté en posibilidades e generar un verdadero desarrollo social fuerte, es necesario contar con los medios económicos para hacerlo. Estos medio solamente se podrán obtener a partir de la eficiente recaudación de impuestos por parte de las autoridades hacendarias correspondientes. Desgraciadamente en México se encuentra una de las autoridades tributaria más ineficaz del mundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han demostrado ser incapaces de recaudar los impuestos de aproximadamente el 80% de la población económicamente activa. Esto evidentemente repercute en la vida de México, porque un país con tasas tan bajas de recaudación fiscal no puede generar desarrollo social verdaderamente fuerte. José María Aznar, ex-presidente español lanza una frase lapidaria: “El trabajo es una medicina estupenda. Hay que trabajar mucho. El trabajo es la mejor revolución social. Ofrecer oportunidades a la gente es lo más importante.” (José María Aznar en VÁZQUEZ MOTA, Josefina, “Nuestra Oportunidad, un México para todos”, Editorial Aguilar, México, 2011, p.104)

En México tenemos un punto muy sutil pero que refleja un serio problema de institucionalidad: no existe en dialogo y éste no existe porque no creemos en él. Los diálogos en México, los debates, se reducen a ataques contra los adversarios, dejando de un lado el verdadero motivo de los mismos, que son las propuestas. Tenemos la absurda idea que quien dialoga es débil y tiene propuestas endebles, cuando en la realidad quien verdaderamente dialoga lo hace porque se siente fuerte y siente que tiene los elementos para negociar, porque está convencido que su propuesta es la que de mejor manera cubre las necesidades populares. Es urgente que cambiemos nuestra forma de actuar. Un debate político no se gana, o no debería ganarse, por quien insultó o atacó más a su adversario, sino por quien demostró de mejor manera que su proyecto es el más viable para México. No debería interesar nada si Ernesto Cordero le dice a Josefina Vázquez Mota (solo por poner un ejemplo) que es una mentirosa o si ésta revira que él es ineficiente, lo que nos debería de importar es que ambos pongan sobre la mesa sus propuestas y sus planes, que cada uno de ellos las exponga, que mencione sus fortalezas y sus debilidades para concluir sobre su viabilidad, y una vez que se haya realizado esta exposición, ahora si dialogar, debatir sobre las propuestas. Los insultos y ataques solo lesionan a la institución más importante que tenemos en nuestro país: la democracia.

 Otro factor que refleja la crisis de institucionalidad que vivimos en México es el aumento sin igual de la violencia. Nos encontramos en un momento en la historia en que el poder corruptor del narcotráfico ha penetrado hasta las instituciones encargadas de las labores más delicadas para la vida nacional. Los narcotraficantes han generado redes de corrupción al interior de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública, de la Procuración de Justicia, a las Fuerzas Armadas, a los órganos legislativos. No creo que exista una sola institución en nuestro país que no haya sido infiltrada por el crimen organizado. Esta infiltración fue posible gracias a la incapacidad de los gobiernos de hacer frente a este problema e, incluso, a la cómplice inactividad de muchos otros gobiernos. Hacer frente a este flagelo no es asunto fácil. El Presidente Calderón inició una guerra en contra de la delincuencia organizada, guerra que en mi opinión, era necesaria, sin embargo, la estrategia empleada no ha sido la correcta. El resultado de esa fallida estrategia es visible: más de 50,000 muertos a lo largo de la administración calderonista. Esto se ha dado porque no ha existido un ataque completo e integral. Aznar, quien durante su gestión como Presidente de España tuvo que lidiar con el grupo terrorista ETA, manifiesta que (IBIDEM, p. 105):

“… a la criminalidad y al terrorismo no se le puede derrotar por partes. La batalla tiene que ser total. Si no hay una batalla total, se tienen muy pocas posibilidades de éxito.

El combate no es solamente contra los comandos terroristas… El combate también es contra todo lo que soporta eso, porque al final el terrorismo no es una ideología. El terrorismo es un instrumento detrás de una ideología. Tienes que combatir la ideología y tienes que combatir el instrumento, tienes que comabtir la utilización violenta, la utilización política, la presencia en medios de comunicación, la presencia financiera, las vinculaciones internacionales. Tienes que combatir todo y si no lo haces de esa manera, no avanzas.”

Además lanza una frase concluyente: “Si, como están las cosas, se dan pasos atrás, el riesgo es que se presente la sensación de que, de una manera y otra, la criminalidad ha tomado institucionalmente a México.” (IBIDEM, pp. 105-106)

La democracia es, evidentemente, una de las instituciones del Estado Mexicano que más se han visto afectadas durante esta época de crisis. Los liderazgos son absolutamente imprescindibles en el desarrollo social, sin embargo hoy día no tenemos liderazgos reales, o tenemos muy pocos. El otrora presidente José Aznar manifiesta que (IBIDEM p. 101):

“… el mundo está sobrado de líderes políticos, de partidos políticos que se acomodan al paisaje, que son perfectamente intercambiables y que, por eso, la gente acaba pensando que todos son lo mismo.

Pero la gente necesita líderes fuertes, necesita partidos y significados y necesita que los principios, los valores en los que cree, sean bien defendidos…”

Menciona también Aznar que una realidad que es evidente: Hoy en día “existe demasiado líder pendiente de las encuestas y demasiado poco (sic) líder pendiente de la toma de decisiones que el país necesita” (IBIDEM p. 105). Tristemente esta es una realidad que va más allá de cualquier duda, es lo cotidiano no solamente en México, sino en todo el mundo. La clase política se detiene demasiado observando las estadísticas, incluso, toma sus decisiones sobre la base de la afectación que su actuar puede tener en los números. Los políticos, los servidores públicos, han olvidado el motivo por el cual se encuentran en determinado cargo, que es porque están llamados a velar por la sociedad, a tomar decisiones que beneficien a la sociedad, olvidan lo que es anteponer el supremo interés nacional a los intereses personales y/o partidarios. Olvidan que por algo son conocidos como servidores públicos, porque están obligados a servir al público. Se requiere que la ciudadanía exija a sus líderes retomar los principios fundamentales de la política. De no ser así la población se va a seguir sintiendo defraudada, mentida y utilizada, lo que va a repercutir, como de hecho está sucediendo, en cada vez menor confianza en las instituciones nacionales, en un menor ejercicio del voto, porque, a palabras de la Presidenta Laura Chinchilla, “el sufragio mismo puede terminar por convertirse en una ceremonia sin mayor sentido para las poblaciones, si las poblaciones no se sienten parte de la democracia”. (IBIDEM p. 121)

Debemos recordar que, como País estamos frente a una gran batalla, no solamente en contra del crimen organizado, sino ante la gran crisis institucional que vivimos. Esta crisis no podrá ser nunca vencida si nosotros, como sociedad, no nos unimos y exigimos a los gobernantes que hagan su trabajo de manera eficiente, si no brindamos el apoyo necesario a los que buscan mejorar el País. En este punto es importante recalcar que, ningún gobierno, por sí solo, si no tiene el respaldo de su pueblo, podrá ganar esta batalla (Laura Chinchilla en IBIDEM p. 123).

He comentado en publicaciones anteriores que lo único que se requiere para que el mal avance es que los que sabemos hacer el bien no hagamos nada. El tema no es cambiar el mundo, sino mejorar el mundo y esa mejoría solamente podrá llegar si todos nos unimos para construir en lugar de seguir destruyendo. Esta es la única manera de generar Instituciones sólidas, lo que representaría un Estado firme que llegue a ser lo que merecemos, una potencia mundial. Ha llegado el momento de buscar chivos expiatorios, ha llegado el momento de culpar a otros o a las circunstancias de lo que nos ocurre. Tengamos el valor de aceptar que nuestros problemas son generados, en su gran mayoría, por nosotros mismos. Tengamos la madurez necesaria para aceptar nuestra responsabilidad y, sobre todo, tengamos el valor suficiente para enfrentar nuestros errores y arreglar los daños que hemos creado. En el momento en que aceptemos que los únicos arquitectos de nuestro destino somos nosotros, México podrá caminar hacia adelante con paso firme y decidido.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz

La ineficacia del Sistema Penitenciario

Hace dos semanas, en mi publicación “Derecho Penal del Enemigo”, manifesté que considero que se debe establecer un régimen diferenciado de ejecución de sanciones para aquellas personas que cometen delitos de alto impacto social, incluyendo, claro, a los integrantes del crimen organizado (http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/11/derecho-penal-del-enemigo.html). Ante tal conclusión, recibí un comentario de un gran amigo en el que manifestaba su desacuerdo. Por tal motivo, este artículo es, por así decirlo, una prórroga del anterior, con el cual pretendo aclarar mi postura. Estoy de acuerdo con el régimen diferenciado, sin embargo considero que para tal fin se debe reformar la legislación vigente, no para agravar las penas de estos delincuentes, sino para buscar sanciones alternativas para otro tipo de delincuentes.

En la actualidad, y valga la redundancia, se ha hecho uso excesivamente excesivo de la pena privativa de la libertad. Existe un caso de una persona que fue condenada a 25 años de prisión por Héctor Palomares Medina, Juez 26 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por el delito de robo agravado. El lector podrá creer que una sentencia de esta índole es adecuada, sin embargo, conociendo el caso vemos que no lo es. En la causa penal respectiva, se hace constar que el supuesto ladrón pidió a una persona que iba a abordar un camión en el paradero ubicado en metro Tacubaya le prestara dinero para su pasaje y el de 2 amigos más. Ante esto, la supuesta víctima le dio al “ladrón” 3 monedas de 5 pesos. Cuando el delincuente condenado se aleja del lugar, la víctima se acercó a un policía que se encontraba en las inmediaciones para solicitar su intervención en un caso de robo. Cuando el policía se acerca al ladrón, éste le dijo al oficial que no había robado nada, que únicamente había pedido le prestara el dinero y en el acto, intentó devolver los $15.00, está vez con una moneda de $10 y una moneda de $5. El oficial tomó esto como una confesión y lo remitió a la agencia del Ministerio Público. Una vez que se consignó el expediente, el Juez del conocimiento fue el Lic. Palomares quien, una vez que hubo agotado todas las instancias legales, dictó sentencia con la condena ya manifestada. Se llegó a este absurdo, el simple traslado del presunto delincuente a la Agencia del Ministerio Público resultó más caro que el monto de lo supuestamente robado, sin embargo, dado que la fracción III del artículo 224 del Código Penal establece que se impondrán, además de las sanciones descritas en el artículo 220 del mismo Código, de 2 a 6 años de prisión cuando la víctima o el objeto robado se encuentre en un vehículo particular o de transporte público.

Supongamos que, tal como lo manifestó la víctima, el presunto responsable lo haya despojado sin su consentimiento de los 15 pesos, el monto de lo robado, ¿es proporcional a la pena impuesta? La respuesta es evidente: no.

Si analizáramos las sentencias que los órganos jurisdiccionales han dictado, estoy cierto que encontraríamos muchas que no fueron dictadas en apego a derecho o que fueron dictadas sin que se haya comprobado la culpabilidad del indiciado. Esto, evidentemente, además provoca un problema de seguridad al generar sobrepoblación en los reclusorios.

Si aumentamos a esta sobrepoblación que los delincuentes, por así decirlo menores, se encuentran mezclados con delincuentes peligrosos, el problema se agrava inimaginablemente. Esta mezcla tiene una consecuencia funesta.

Antes de la reforma constitucional de 2008, el sistema penitenciario tenía como objetivo la readaptación del delincuente para conseguir su reincorporación a la sociedad. A partir de la mencionada reforma, se modifica esta obligación por la de reinserción. Esta modificación que pudiera parecer intrascendente, esconde una consecuencia importantísima. Tal es así que durante la presentación de su libro “Reforma Constitucional de 2008 en Materia de Justicia Penal”, el Dr. Raúl Carrancá y Rivas manifestó en el Auditorio Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que con esta modificación el gobierno dejó detrás su obligación de ir al fondo de la conducta criminal para reformar al sujeto e impedir su reincidencia.

Contrario a esta necesidad del Estado de otorgar la readaptación necesaria a través del sistema penitenciario, en muchas ocasiones, sino es que en todos, las cárceles se convierten en verdaderas escuelas del crimen. Las personas que entran por un robo, salen con maestría en violación, homicidio y otros delitos.

Es por este motivo que los delincuentes de alto impacto deberían estar alejados de otro tipo de delincuentes, de delincuentes que pueden ser readaptados de manera eficiente. Es por este motivo que propongo reformar la ejecución de las sentencias de la siguiente manera:

En primer lugar se debe hacer una distinción muy clara en los niveles de lesión que genera una conducta delictiva en la sociedad. No por nada, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, han trabajado para generar un catálogo de delitos de alto impacto, siendo estos: homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión, robo, delincuencia organizada y trata de personas. Hay que distinguir también los delitos que no generan un daño irreparable a la sociedad y que más bien su lesión se limita a la esfera de intereses de particulares.

En el caso de los delitos de alto impacto, que son nombrados de esta manera por la lesión que genera hacia la sociedad en su conjunto, se debería de optar por sanciones privativas de la libertad, mientras que en el otro rubro de delitos, se debería buscar, en la medida de lo posible, la conmutación de las penas. ¿Cómo poder hacerlo? Propongo la siguiente manera:

En el caso de delitos de bajo impacto, se deberá evitar el encarcelamiento, conmutando esta pena por trabajo a la comunidad y la reparación del daño respectivo. En caso de delitos financieros, la reparación del daño deberá incluir, además, el pago de los intereses desde la comisión del ilícito hasta la total liquidación del monto respectivo. Estos intereses deberán ser calculados con base en la tasa legal conducente. Las penas impuestas en este rubro deberán incluir, además, las terapias psicológicas necesarias para sanar la psique del delincuente.

En el caso de delitos de alto impacto, las penas establecidas deberán ser privativas de la libertad, así como la reparación del daño, tal como lo contempla la legislación vigente. Evidentemente, se requiere mejorar el sistema penitenciario para este fin, es decir, aplicar la máxima de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, por lo que se deberá generar un programa completo para buscar la readaptación del delincuente durante el tiempo de su internamiento. Este plan debería contener lo siguiente:

En primer lugar, se debe establecer un horario para que los reclusos despierten. Considero que, dados las actividades que propongo, este horario no podrá ser después de las 6 de la mañana.

De 7:00 a 7:30 a.m., los reclusos deberán estar presentes en el comedor para ingerir el desayuno.

Evidentemente, la educación debe ser parte esencial de este programa, por lo que, todos los días a las 7:30 a.m. se deberían iniciar actividades escolares en las que se haga especial énfasis en materias de ética, civismo, entre otras. El plan de estudios que se establezca en los centros de reclusión penitenciaria debe, además, ser acorde al aprobado por la Secretaría de Educación Pública para que, aquellos delincuentes que no tengan acreditada la educación, puedan concluir sus estudios. En este punto retomo una de las propuestas realizadas en la publicación “Oportunidades iguales para todos” en el sentido de hacer de la educación preparatoria obligatoria. Si entre los delincuentes hay personas que tiene completamente acreditada su educación hasta el nivel preparatoria, utilizar a éstos para que apoyen impartiendo clases a los demás reclusos. Las actividades escolares deberán terminar a las 3 p.m., contando con un descanso de 30 minutos a medio día, descanso en el que los reclusos deberán permanecer en el patio del centro de reclusión, permanentemente vigilados por los custodios.

Una vez terminadas las labores escolares, los reclusos deberán reportarse al comedor para ingerir la comida, que terminará, a más tardar a las 4 p.m.

De 4 p.m. a 6:30 p.m., los reclusos estarán en talleres artísticos, de manualidades o cualquier otra actividad que los mantenga ocupados. Los reclusos que tengan conocimientos en electricidad, plomería, albañilería o análogas, deberán impartir sus conocimientos y, en caso de ser necesario dentro del centro penitenciario, auxiliar para el arreglo de desperfectos.

De las 6:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., los reclusos tendrán actividades deportivas, las cuales desarrollaran bajo la mirada vigilante de los custodios, quienes deberán evitar la agresión entre los delincuentes.

De 7:30 p.m. a 8:30 p.m., los reclusos se reportarán en el comedor para ingerir la cena, para posteriormente tener media hora para realizar actividades libres y, finalmente reportarse en los dormitorios a las 9 p.m., donde pasarán diariamente revista.

En los fines de semana, el esquema deberá ser distinto. Se deberá procurar que tengan un tiempo de sana convivencia con su familia, además de contar con un tiempo para ellos mismos. Evidentemente, no podemos dejarlos caer en la ociosidad durante los fines de semana, por lo que se deberán diseñar actividades que el recluso pueda realizar de manera reiterada durante tales días.

Creo que el esquema propuesto puede ser mejorado, pero considero que es un gran paso para abatir, por una parte, la sobrepoblación de los reclusorios, además de prevenir los altísimos índices de reincidencia delictiva. Debemos tener en cuenta que muchas personas condenadas por delitos relativamente leves, reinciden con conductas delictivas infinitamente más severas.

Retomando lo manifestado en el primer párrafo del presente documento, reitero mi tesis de un régimen diferenciado para la delincuencia organizada, pero este régimen diferenciado deberá ser parecido a lo que propongo en el presente trabajo. El excesivo uso de la reclusión, lejos de ser un apoyo para la readaptación social y la disminución de los índices delictivos, se ha vuelto un aliciente para la delincuencia. Es necesario generar una reforma de fondo. Claro, estoy convencido que no soy experto en el tema, que habrá personas que puedan opinar diferente a mí, sin embargo, considero que la adopción de este esquema puede ser muy benéfica para nuestro país. Espero que se puedan realizar estudios más profundos sobre este tema y que sean nuestras autoridades y legisladores quienes se encarguen de lograr la reforma que urgentemente requerimos.

Benjamín Muñiz Alvarez Del Castillo

Twitter: @Benjamin_Muniz