Sábado 22 de marzo de 2014. Gustavo Garibay García, Presidente Municipal
panista de Tanhuato, Michoacán fue victimado a balazos afuera de su domicilio
particular. En la escena del crimen se encontraron 9 cartuchos percutidos
calibre 38 súper, 3 cartuchos percutidos calibre 7.62 y 6 cartuchos percutidos
calibre 2.23. En total se encontraron 18
cartuchos percutidos. Dado el número de balas disparadas, y tomando en
consideración que el propio edil había sufrido un atentado previo, en octubre
de 2012, es claro que la intención era terminar con su vida.
Este crimen se suma a la lista de 6 ediles michoacanos que han sido víctimas
de homicidio en los últimos 6 años, tres de los cuales han sido abatidos
durante el poco tiempo que lleva la administración de Enrique Peña Nieto.
Las circunstancias bajo las cuales se presenta este nuevo homicidio se
encuentran rodeadas de dudas e interrogantes que probablemente nunca puedan ser
respondidas a cabalidad.
Durante la administración de Felipe Calderón, Gustavo Garibay era ya
víctima de amenazas en contra de su vida. Por tal circunstancia, desde el
gobierno federal se le asignó una escolta para que lo custodiara, siendo esta
escolta, quien gracias a su pronta reacción en aquel octubre de 2012, salvó la
vida del munícipe, al movilizarse para subirlo en un helicóptero y trasladarlo
a Morelia, lugar donde fue atendido por un cuerpo de médicos especialistas.
Sin embargo, al concluir la administración calderonista y dar inicio a
la presidencia de Enrique Peña Nieto, de manera intempestiva y sin que mediara
justificación alguna, la escolta le fue retirada a Gustavo Garibay. Pero las
amenazas continuaban.
EL 11 de febrero de 2013, José Pedro Córdoba Aguirre, Secretario General
Municipal de Tanhuato, fue asesinado.
Unos meses después, el 21 de agosto de 2013, se llevó a cabo una reunión
privada en la Casa de Gobierno de Michoacán a la que asistieron 106 de los 133
Presidentes Municipales de Michoacán, 40 Diputados locales, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el entonces gobernador interino, Jesús
Reyna García. En dicha reunión, Garibay hizo uso de la voz: “Los presidentes
municipales necesitamos seguridad y necesitamos su apoyo”.
Ante la omisión del gobierno federal, el Comité Ejecutivo Nacional del
PAN, en agosto de 2013, solicitó, mediante una carta dirigida a la Policía
Federal, misma que fue recibida en la Secretaría de Gobernación que se le
asignara una escolta al munícipe. La solicitud nunca fue atendida por el gobierno
federal. Los resultados son evidentes.
Uno de los reclamos más sentidos de la sociedad durante el proceso
electoral federal de 2012 fue precisamente la falta de seguridad. Se le
atribuyeron a Felipe Calderón miles de muertes relacionadas con la lucha del
crimen organizado. En este contexto se erigió Enrique Peña Nieto como el
candidato que prometió reducir los índices delictivos de manera sensible. Una
promesa más que no ha sido cumplida.
De acuerdo con estudios prospectivos, en caso de que la administración
peñanietista no logre revertir la tendencia actual, su sexenio terminará siendo
más violento que el de su predecesor.
En pocas palabras, Peña prometió una disminución de homicidios y
secuestros y la realidad refleja que esa promesa no se ha cumplido y, seguramente,
no se cumplirá-
El caso específico de Michoacán es, además, complejo. Un gobierno del
Partido Revolucionario Institucional de mano de un gobernador que ha sido
completamente ajeno al desempeño de sus funciones. Fausto Vallejo Figueroa fue
electo para gobernar Michoacán, sin embargo, derivado de diversas
circunstancias, se ha visto envuelto en licencias a su cargo, al grado que un
sector amplio de la política michoacana le exigió que renunciara al cargo para el
que fue electo.
Superados los problemas de salud que lo mantuvieron alejado del
ejercicio de su cargo, Fausto Vallejo regresó a Casa de Gobierno para
enfrentarse al monstruo que se genera por la pasividad del gobierno ante los
problemas sociales. Lo que empezó como una contingencia de seguridad, se volvió
una verdadera crisis. Los grupos delictivos superaron a los mandos policiales.
La ciudadanía, al ver que el estado era incapaz de proporcionarles la más
mínima seguridad, decidieron tomar el asunto por sus manos. Las autodefensas se
crearon y multiplicaron de manera exponencial. Vallejo fue superado, Vallejo es
un gobernador de derecho, más no de hecho.
Avasallado por la problemática de seguridad en su entidad, el “gobernador”
Fausto Vallejo decidió no cumplir las obligaciones constitucionales inherentes
a su cargo. En el tema de seguridad decidió hacerse a un lado y solicitar al
gobierno federal que éste tomara las riendas. Por esto, en 2014, se creó la
Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán”, designándose
como titular a Alfredo Castillo Cervantes.
La Comisión tiene como objeto principal regresar a la ciudadanía la
seguridad que la inactividad gubernamental robó. Resulta claro que la Comisión
no ha tenido éxito. Prácticamente a diario hay noticias de más violencia en
tierras michoacanas, de vínculos entre políticos y narcotraficantes. Por algún
motivo siento que Michoacán está en el borde de ser declarado estado fallido.
Ha llegado al punto que alcaldes legítimamente electos, han tenido que ausentarse
de su cargo con la finalidad de salvar su vida, como el caso de Guillermo
Valencia Reyes, Presidente Municipal de Tepalcatepec y ni hablar del homicidio
de María Santos Gorrostieta Salazar, ex Presidenta Municipal de Tiquicheo.
Recuerdo las dos veces que he tenido la oportunidad de pasear por el
centro de Morelia, de sentarme a comer en los arcos, de contemplar la hermosa
arquitectura y probar su deliciosa gastronomía. Uno de los lugares más bonitos
que he visto en México. Pensar que hoy entrar a territorio michoacano puede
significar nunca salir. El estado que vio nacer a uno de los padres de nuestra
Patria, José María Morelos y Pavón, quien en “Los Sentimientos de la Nación”
proscribió enteramente la esclavitud, hoy se encuentra eslavo de una violencia
que no tiene miras de terminar pronto.
Reitero, el gobierno, tanto federal como estatal, no ha sido capaz de
solucionar el grave problema que atraviesa el estado. Las políticas y acciones
implementadas han sido insuficientes para mitigar la violencia en la que dicha
entidad federativa se encuentra sumida. El gobierno no supo poner un alto a los
problemas que resultaban más que evidentes. Hoy se tiene que enfrentar a las consecuencias
funestas de su incapacidad de actuar a tiempo. El endeble gobierno estatal no
tiene al frente a una persona que verdaderamente conozca los problemas sociales
que aquejan a su entidad, tiene una persona sin capacidad ni ganas de luchar
para sacar adelante al estado por el que juró trabajar, no le importa proteger
a la sociedad que lo eligió. Por su parte el gobierno federal no tiene ideas
claras de cómo actuar. Dedicaron gran parte de su tiempo a atacar la estrategia
de Felipe Calderón, pero jamás se preocuparon en generar una estrategia
paralela, jamás se preocuparon de subsanar los errores que tanto criticaron.
Hoy que regresaron al poder y tienen la facultad de establecer sus propias
estrategias, no saben actuar. El problema tan grande en Michoacán se ha visto exacerbado
por la complicidad del gobierno, y si, dije bien, complicidad. Cuando una
autoridad no actúa para corregir problemas sociales, fomenta su crecimiento.
Leí hace tiempo una frase que resume muy bien este punto: “El mal avanza cuando
los que sabemos hacer lo bueno no hacemos nada”.
Ante esto me pregunto ¿hasta cuándo el gobierno ejercerá sus funciones
constitucionales? ¿Hasta cuándo se molestaran en hacer realidad lo que
prometieron con tal de ganar votos? ¿Hasta cuándo Michoacán volverá a ver la paz?
¿Hasta cuándo México dejará atrás esta ola de violencia?
En la reunión del 21 de agosto de 2013 en Casa de Gobierno de Michoacán,
el Diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero y el Presidente Municipal de Santa
Maya, Ygnacio López, ambos militantes del PRD, exigieron a Osorio Chong que se
les brindara seguridad. La petición nunca fue atendida. Garibay dijo en la
misma reunión “pareciera que nos quieren ver muertos para que nos hagan caso”.
Desgraciadamente, ni así harán caso: Osbaldo Esquivel Lucatero fue victimado a
machetazos el 11 de septiembre de 2013 (21 días después de la reunión). Ygnacio
López fue asesinado en noviembre de 2013. Gustavo Garibay el 22 de marzo de
2014. ¿Cuántos homicidios más se requieren para que las autoridades hagan algo?
Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo
Twitter: @Benjamin_Muniz
