La oposición responsable no es aquella que bloquea todas
las iniciativas del partido gobernante, sino aquella que apoya las que redunden
en un beneficio para la población y rechaza las que vayan en detrimento de los
ciudadanos. Esta postura fue sostenida por Diego Fernández de Cevallos Ramos
cuando fue candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción
Nacional, la volvió a sostener durante un debate con Andrés Manuel López
Obrador cuando éste último era el candidato a Jefe de Gobierno del Distrito
Federal. Además de Fernández de Cevallos, el Partido Acción Nacional, durante
su periodo como Partido opositor, siempre mantuvo vigente esa actitud.
El pasado sábado se realizó formalmente el cambio de
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El príista Enrique
Peña Nieto protestó fielmente su cargo como nuevo Presidente de la República y
recibió de Felipe Calderón, Presidente Saliente, la Banda Presidencial. Con
esto se inició, nuevamente, otra etapa dentro del PAN: ser Partido de
oposición.
Ser oposición en el sistema electoral
mexicano no es un asunto menor. Se requiere de un gran compromiso social y,
sobre todo, de un valor ético que nos permita actuar conforme la sociedad lo
demanda. Es muy fácil, como en la actualidad ha acontecido en diversos
capítulos de nuestra historia política reciente, que un grupo parlamentario
congele alguna iniciativa del Partido en el Gobierno, aunque ésta sea benéfica
para nuestro País, con la única finalidad de evitar que el Partido promovente
gane popularidad a través de la aprobación de su iniciativa.
Debemos recordar que el sentido de los
Partidos Políticos, como se encuentran regulados actualmente en nuestra
legislación, es precisamente ser grupos que promuevan la democracia y las
políticas públicas a través de funcionarios que logren establecer en el poder
ejecutivo y legislativo de los diferentes órdenes de gobierno. Promover la
democracia incluye, entre otras cosas, permitir que las mejores propuestas
lleguen a buen puerto.
Tomemos un ejemplo: durante su primera
aparición pública como Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Enrique Peña Nieto manifestó su intención de enviar una iniciativa
de reforma constitucional con la finalidad de contar con un solo Código Penal y
un Código de Procedimientos Penales para todo México, y que estos dos
ordenamientos jurídicos sean de aplicación nacional. Esta propuesta tiene su
antecedente en que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
entonces Presidente Felipe Calderón propuso la homologación de las leyes
penales en todo el territorio nacional. Esta homologación comprobó ser más
difícil de lo que se esperaba. Ante esto, Peña propone un solo Código Penal y
su respectivo Código de Procedimientos Penales. Desde mi punto de vista, es una
excelente idea. Habrá de apoyarla. Considero que esta reforma generaría una
gran disminución en los índices delictivos.
Otra iniciativa que se debe apoyar como
oposición es la referente a la Ley de Administración y Deuda Pública. Es de
suma importancia establecer límites a los gobiernos locales, tanto estatales
como municipales, para evitar que se sigan presentando casos de
sobre-endeudamiento ya que éstos solamente lesionan el bienestar y patrimonio
de los gobernados. El gobernante que acepta el endeudamiento masivo raras vez
siente las consecuencias en su propio bolsillo. Ahora, como oposición no
solamente debemos apoyar que esta iniciativa prospere. El trabajo más difícil y
laborioso es vigilar que se cumpla, vigilar que no se convierta en letra muerta
como, desgraciadamente, ha sucedido en muchísimas ocasiones. Este caso
representa un mayor interés, tomando en consideración que los estados y
municipios que más se han endeudado en los últimos tiempos provienen,
precisamente, del Partido Revolucionario Institucional, tal como, por ejemplo,
Veracruz y Coahuila, por nombrar solamente dos.
El día de ayer tuve la oportunidad de
ver un programa transmitido en Proyecto 40, llamado La Encerrona, donde
convergieron 3 senadores para sostener una especie de debate: David Penchyna
por el PRI, Roberto Gil por el PAN y Mario Delgado por el PRD. Al parecer fue
un gran comienzo. Una nueva administración, una nueva composición del Congreso
de la Unión y, en un programa, se lograron sentar a dialogar los 3 Partidos
Políticos de mayor envergadura de nuestro País. Sin embargo, hubo un detalle
por parte de Penchyna que no fue muy de mi agrado: al hablar del gran paso que
representa tener sentados en una mesa incluso a la agenda mexicana, comentó que
era necesario que los actores políticos se adhieran a la agenda política del
gobierno de Enrique Peña Nieto. La respuesta de Roberto Gil, otrora Secretario
Particular del expresidente Calderón fue, a mi paracer, maravillosa, dijo que
no hay que adherirnos a la política establecida por el gobierno en curso, sino
que hay que sentarse a negociarla y llegar a acuerdos de tal forma que las
políticas públicas sean incluyentes.
Tomando en consideración la respuesta
del Senador Gil comentada en el párrafo que antecede, me queda claro que la
oposición responsable debe, además, ubicar las lagunas en las políticas
públicas y trabajar para que éstas sean satisfechas. A lo que voy con esto es
que, por ejemplo, durante su primer discurso como Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto se encargó de hablar acerca de
la política de seguridad nacional que llevará la administración a su cargo, sin
embargo, con preocupación me doy cuenta que sigue con una política únicamente
retributiva por parte del Estado y no manifestó una política preventiva. Es
decir, se basa únicamente en castigar los delitos en lugar de prevenir la
comisión de conductas delictivas.
Como lo he comentado en diversas
publicaciones, la política de Estado basada únicamente en sancionar los delitos
se ha visto superada en demasía. Como oposición, considero que, para
perfeccionar esta política, deberíamos impulsar en esa misma agenda, la
introducción de políticas de prevención del delito a través de planes
interdisciplinarios y sustentados en estudios serios. Solamente de esta manera,
los índices delictivos se verán disminuidos.
En fin, el sexenio que comienza es un
reto muy grande para Acción Nacional. Debe demostrar su capacidad para ser
oposición seria y responsable. Debe, para lograr esto, dejar de lado las divisiones
internas que a últimas fechas han mermado su capacidad de acción. Debemos,
nuevamente, unirnos todos bajo la bandera blanquiazul bajo la cual Don Manuel
Gómez Morín soñó que podría llegar la mejor opción política para México.
Esperemos que así sea. Hace falta una gran depuración dentro de las filas del
PAN para poder luchar por la democracia conforme marcar sus estatutos y
lineamientos internos.
Ahora bien, como siempre lo he
manifestado, estoy convencido que los intereses nacionales deben estar por encima
de cualquier interés particular y de los Partidos Políticos. Por México debemos
luchar en conjunto, sin importar si una iniciativa proviene del seno de nuestro
Partido o de cualquier otro grupo parlamentario. Haciendo analogía de las
palabras de Montesquieu, porque somos seres humanos antes que políticos,
debemos luchar por el bien de nuestra Patria. Si nuestro País está bien, si
logramos que se desarrolle al límite de sus capacidades, entonces, por lógica,
nosotros, como ciudadanos, estaremos bien.
El pasado sábado, además de la
transición del Poder Ejecutivo Federal, ocurrió un evento que no me causa otra
cosa que indignación. Un grupo de anarquistas realizó una manifestación llena
de actos vandálicos que redundaron en la destrucción de mobiliario tanto urbano
como particular. Debemos recordar que el artículo 6 de nuestra Ley Fundamental
establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es evidente que en
lo acontecido el pasado sábado, la manifestación de este grupo atacó la moral,
los derechos de toda una sociedad, provocaron, no uno, sino varios delitos y,
por supuesto, perturbó el orden público. No puedo sino expresar mi reprobación
a nivel personal, y creo que puedo hablar por mis compañeros panistas y mis
conciudadanos del Distrito Federal por lo que aconteció aquel día. Es una
vergüenza ver que un grupo de personas que se oponen a cualquier gobierno
institucional con la única finalidad de imponer la ley de la selva, hayan cometido tantos daños en
el patrimonio de los ciudadanos y de nuestra Ciudad. Más de doscientos millones
de pesos que costó la restauración de la Alameda Central, uno de los parques
más emblemáticos de todo México se vieron tirados a la basura menos de una
semana después de su reapertura. Perdonarán la expresión, pero eso es no tener
madre. El hecho de ver las imágenes por televisión y transitar diariamente por
Avenida Juárez, producen una rabia indescriptible. Como dijo el Dr. Edgar Elías
Azar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, una cosa es manifestar tus ideas y otra es cometer actos de tal nivel
de vandalismo. Hago un enérgico llamado al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,
quien hoy inicia como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a su procurado,
Hiram Almeida para que las investigaciones se conduzcan con prontitud y que los
responsables de estos actos de barbarie sean sancionados conforme a Derecho.
Pasando a otro tema que nada tiene que
ver con lo manifestado a lo largo del presente documento, el día de ayer
falleció Miguel Calero, uno de los mejores porteros que ha tenido el futbol
mexicano. Su entrega en la cancha, sus atajadas espectaculares, su capacidad de
liderazgo dejan un hueco que muy difícilmente podrá ser cubierto. La afición
futbolera está de luto. Se fue uno de los grandes pero, como dijo mi hijo, él
seguirá jugando futbol con los ángeles. Descanse en paz.
Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo
Twitter: @Benjamin_Muniz
