Hace algunos días sucedió un evento que conmocionó a la
ciudadanía mexicana. La fuga de más de 130 reclusos del penal de Piedras
Negras, Coahuila, a través de, según los primero informes, unos túneles. Este
suceso se vio agravado cuando las autoridades dieron a conocer que los reclusos
que se dieron a la fuga salieron por la puerta principal del penal y que los
túneles encontrados únicamente eran utilizados para que éstos mismos pudieran
salir “por sus chescos”. Como ha sucedido en diversas ocasiones a lo largo de
la administración del Presidente Felipe Calderón, las autoridades locales
intentaron lavarse las manos y achacar la responsabilidad de esta fuga a las
autoridades federales.
Al ver, una vez más, el intento de un gobierno local de
deslindarse de una responsabilidad tan grande como lo es una fuga masiva de un
penal, renace en mí la pregunta ¿hasta qué grado es responsable el gobierno
federal de lo que está ocurriendo y que tanta culpa puede tener el gobierno
local?
En este caso concreto, simple y sencillamente no encuentro
una responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo Federal, por el contrario,
puedo observar una clara irresponsabilidad del Gobierno de Coahuila por las
siguientes razones:
En primer punto hay que destacar que el Sistema Penitenciario
Nacional se encuentra dividido en dos ámbitos, el federal y el local. Las
prisiones federales son administradas, por supuesto, por la Secretaría de
Gobernación, dependencia que, de conformidad con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, corresponde a este orden de gobierno, mientras
que los centros carcelarios locales pertenecen y son administrados por los
Poderes Ejecutivos de cada una de las Entidades Federativas de nuestro País. El
hecho de creer que una prisión local pueda y deba ser administrada por el Poder
Ejecutivo Federal generaría, necesariamente, una invasión a la esfera de
competencia del gobierno local, por lo tanto, se ve reforzado el hecho que las
prisiones locales deben ser manejadas por el gobierno local, lo anterior con todas
las consecuencias que esto conlleva. En caso de que un Centro de Readaptación
Social de carácter local sea galardonado, si llegara a darse el caso, por los
buenos resultados en la readaptación social de sus internos, será únicamente
logro del Poder Ejecutivo local, pero por el contrario, si un CERESO de este
nivel de gobierno tiene fallas, esto será única y exclusivamente
responsabilidad del gobierno encargado de administrarlo. En el caso de la fuga
de los reos del penal de Piedras Negras, se debe considerar como
responsabilidad del gobierno local debido a que este penal es de carácter
local. Por lo anterior, esta enorme falla debe ser imputada al Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Coahuila.
Un segundo punto que excluye la responsabilidad del Gobierno
Federal en el suceso que se menciona es que la Federación, en el seno del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha asignado recursos a las entidades
federativas para el rubro de Sistema Penitenciario. Para este año, de
conformidad con una resolución aprobada por unanimidad en el seno del
mencionado Órgano Colegiado (el cual, de conformidad con la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra conformado por el Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los Secretarios de Gobernación,
Seguridad Pública, Defensa y Marina, por el titular de la Procuraduría General
de la República y por los titulares de los Poderes Ejecutivos locales), uno de
os ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública es precisamente el
fortalecimiento de las instituciones del Sistema Penitenciario Nacional. Bajo
este eje estratégico, cada una de las entidades federativas debió haber
presentado al Secretariado Ejecutivo del referido Sistema Nacional (SESNSP) su
propuesta de inversión tendiente a fortalecer sus instituciones penitenciarias,
para que éstas fueran incluidas en el Anexo Técnico Único del Convenio de
Coordinación para el ejercicio fiscal 2012 que celebran por una parte la
Administración Pública de la Federación, a través del SESNSP y, por la otra,
cada una de las entidades federativas. Cabe mencionar que de conformidad con
diversos cuerpos legales, este convenio y su Anexo Técnico Único deben ser
suscritos dentro de un término de 60 días naturales contados a partir de la publicación
en el DOF del Presupuesto de Egresos de la Federación, término que feneció en
el mes de marzo de la presente anualidad.
Como se puede observar, el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, teniendo en cuenta que el Sistema Penitenciario es el último eslabón
en la cadena de la seguridad pública, ha buscado que éste se vea fortalecido,
si en el caso de Piedras Negras esta meta no se logró, no puede ser
responsabilidad de la Federación, ya que debió haber sido el Gobierno Local el
encargado de realizar sus propias metas y buscar su cumplimiento.
No quiero dejar de recordar también que el Sistema
Penitenciario en México ha probado ser por demás insuficiente y que se ha hecho
un uso irracional del mismo. Ahondar en este punto no es materia de las
presentes líneas, por lo que me permito remitir al apreciable lector al
artículo titulado “La ineficacia del Sistema Penitenciario” publicado el 5 de
diciembre de 2011 y que puede ser consultado en la siguiente liga http://prevencionencolores.blogspot.mx/2011/12/la-ineficacia-del-sistema-penitenciario.html.
Desgraciadamente, el caso de la fuga del penal de Piedras
Negras, como lo mencioné al inicio de esta publicación, no es la única ocasión
en que un Gobierno Local busca deslindarse de sus responsabilidades para
responsabilizar al Gobierno Federal, para muestra, utilizaré dos ejemplos:
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, el año
pasado tuve la oportunidad de viajar con mi familia a Veracruz, Veracruz. Por
supuesto, una de las paradas obligadas en dicho viaje, además de San Juan de
Ulúa, es el Acuario de Veracruz ubicado en Boca del Río. Después de una
excelente convivencia familiar dentro del Acuario, procedimos a comer en uno de
esos restaurantes de deliciosa gastronomía. Cuando decidimos que era tiempo de
regresar al hotel, salimos de la playa a esperar a un taxi que nos pudiera
regresar. Durante esta espera, vimos circular un convoy de la Secretaría de
Marina. Segundos después abordamos el taxi que nos llevaría hasta el Centro
Histórico de Veracruz. Un poco impactado por haber visto aproximadamente 7
camiones de la Secretaría de Marina, me atreví a preguntarle al taxista qué
opinión le merecía el hecho que las fuerzas armadas se encargaran de patrullar
el puerto. Su respuesta me dejo sorprendido. Sin un dejo de duda en su voz me
contestó que él estaba totalmente de acuerdo porque el gobierno del estado se
había visto rebasado por los problemas de inseguridad. Lo que más coraje le
daba al chofer era que el gobierno local, lejos de buscar fortalecer sus
instituciones de seguridad pública, había tomado esta debilidad como una excusa
para cumplir el mandato legal de proporcionar seguridad a la ciudadanía. Me
comentó también que no fue sino hasta el arribo de las fuerzas armadas cuando
la violencia comenzó a disminuir en ese puerto de extrema valía en la historia
nacional. Dentro del desarrollo de la conversación, esta persona que dada su
ocupación está al tanto de muchas cosas que ocurren en las calles de la ciudad
de Veracruz, me comentó como, en diversas ocasiones, al presentarse un
conflicto armado, los cuerpos policiales, lejos de enfrentar la situación para
buscar controlarla, eran los primeros en esconderse. Por supuesto, no puedo
decir que los policías tienen la culpa. Es evidente que el poder de fuego de
las bandas del narcotráfico son, por mucho, superior a la de los policías
estatales y, obviamente, incluso mayor que los de las policías municipales. El
problema aquí es del gobierno local. ¿Por qué no buscaron modernizar su
armamento? ¿Por qué no buscaron fortalecer a sus policías? Esta carencia es
peor cuando se toma en cuenta que la Federación, buscando la seguridad
ciudadana, ha otorgado a las entidades federativas recursos a través de
diferentes fondos y subsidios, como lo son el FORTAMUN, el SUBSEMUN, el
Subsidio de Policía Acreditable (SPA) el Subsidio de Apoyo para la Seguridad
Pública (PORASP, en vigor desde este año) y el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP). Con esto se demuestra que, a pesar de ser competencia
meramente local, la Federación ha buscado en todo momento apoyar a los
gobiernos locales en todas las cuestiones inherentes a la seguridad pública.
Otro lamentable ejemplo de la desidia, por no decir
irresponsabilidad de un gobierno local, la encontramos en el estado de Nuevo
León. Una de las entidades federativas más importantes de nuestro país por su
alto nivel de industrialización, ha sido descuidado flagrantemente por su
gobernador, Rodrigo Median, quien, al arribar al poder, abiertamente dijo que
él no se podía hacer cargo de la seguridad pública, trasladando esta
responsabilidad al Gobierno Federal. Recordemos cuantas matanzas han sido
realizadas en este estado. El ataque al Casino Royale, es uno de los más
dolorosos ejemplos. La matanza de varios munícipes también demuestra la manera
tan irresponsable en que el Ejecutivo Local se ha manejado en temas de
seguridad pública. Recordemos, incluso, que uno de los Presidentes Municipales
victimados perdió su vida, a la sombra de las matanzas cometidas por el
narcotráfico, por un simple conflicto de tierras con un particular. Por
supuesto, al momento de que su cuerpo sin vida fuera encontrado, el gobierno de
Nuevo León, de inmediato le adjudicó la responsabilidad al crimen organizado,
sin siquiera haberse molestado en realizar las indagatorias correspondientes.
Es muy fácil decir que la culpa de todas estas cuestiones
las tiene el gobierno encabezado por Felipe Calderón y su decisión de declarar
la guerra abierta a las bandas delincuenciales, pero la responsabilidad,
¿verdaderamente corresponde al Poder Ejecutivo Federal? La respuesta, a mi
parecer, es clara: no.
Estoy totalmente de acuerdo que la estrategia en materia de
seguridad pública del Presidente de la República tiene fallas, es claro que su
actuación ha tenido errores, pero también lo es que, excusados en estas fallas,
las autoridades locales se han convertido en expertos en huir de sus
responsabilidades. Recuerdo incluso que, en una de las sesiones del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, el Presidente, de manera visiblemente molesta,
reclamó a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales, su actitud pasiva
ante los embates de la criminalidad.
Ahora bien, se ha hablado mucho acerca de “los muertos de
Calderón”. Recuerdo incluso que durante el desarrollo del primer debate
sostenido entre los entonces candidatos presidenciales, el cual seguí a través
de Milenio Noticias, una de las panelistas para el análisis del mismo fue
Rosario Robles, próxima Secretaria de Desarrollo Social, quien abiertamente
dijo que si México se encontraba en las condiciones actuales era culpa de
Calderón y que él sería recordado como el Presidente de los 50 mil muertos. La
respuesta de Ciro Gómez Leyva, a mi parecer, fue magistral. “¿Los muertos de
Calderón?” preguntó para posteriormente contestar el mismo que los más de 50
mil muertos no pueden ser responsabilidad del Presidente de la República, que a
final de cuentas, una gran mayoría de esas muertes han sido dentro de las
bandas del narcotráfico y que han caído en virtud de conflictos entre ellas.
Adicionalmente a lo manifestado por Gómez Leyva puedo agregar que olvidamos que
los delitos de homicidio son, por regla general, delitos del fuero común, es
decir, delitos locales que deben ser investigados, perseguidos y sancionados
por cada una de las entidades federativas dentro del ámbito de sus respectivas
competencias. Ante esto me pregunto, ¿esto ha sido así? Desgraciadamente la respuesta
tampoco es alentadora en la mayoría de los casos.
Por supuesto que en muchos estados, sin importar quienes lo
gobiernen, se han visto casos de esta irresponsabilidad. Morelos para mí en lo
personal representa uno de los casos más graves. El motivo es simplemente
político. Considero yo que, al haber sido gobernado por el mismo Partido
Político al que pertenece el Presidente de la República, el gobierno encabezado
por Marco Adame debió haber sido ejemplo de responsabilidad en esta materia,
debió haber demostrado su respaldo al Presidente a través de aceptar su propia
responsabilidad. Esto no fue así. El resultado está a la vista: de haber sido
uno de las bastiones panistas más importantes, se ha convertido en una entidad
que será gobernada por el Partido de la Revolución Democrática. Jalisco es otro
lamentable ejemplo.
Hay una última consideración que me hace reforzar mi teoría
de que el Gobierno Federal no es el culpable. Si los problemas de seguridad
pública, si el alto número de muertes, de secuestros, fueran culpa de la
Federación, todo el territorio nacional se vería envuelto en esta vorágine de
problemas, lo cual en la realidad no sucede. El caso del Distrito Federal es un
claro ejemplo de ello. Sin estar exento de violencia y de muertes por motivos
del crimen organizado, en la capital de nuestro País se han presentado
únicamente casos aislados. La razón es muy simple, las autoridades locales han
tomado con responsabilidad sus obligaciones. El gobierno encabezado por Marcelo
Ebrard fue muy cuidadoso en este tema. El Secretario de Seguridad Pública,
Manuel Mondragón y Kalb se comprometió con sus cuerpos policiacos. El entonces
Procurador General de Justicia y hoy Jefe de Gobierno Electo, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, realizó operativos para disminuir los índices delictivos de
ésta gran orbe. De ser consideradas una de las ciudades más peligrosas de
México, el Distrito Federal pasó a ser una de las más seguras. Los índices
delictivos disminuyeron de manera evidente. La ciudadanía, además, lo sintió
así. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, del Estado de México, en donde el
secuestro ascendió en 300% y que se convirtió en la entidad federativa con
mayor número de feminicidios, por encima, incluso, de Ciudad Juárez.
La responsabilidad de la seguridad pública es de todos,
ciudadanos y gobierno por igual, pero jamás vamos a lograr nada mientras los
titulares de los gobiernos locales sigan huyendo de su responsabilidad y
busquen trasladarla a la Federación. Como mexicanos habitantes de tal o cual
estado, debemos exigir a nuestras autoridades locales que dejen de hacerse las
víctimas y tomen su debido lugar en el desarrollo de los sucesos nacionales. Todavía
confío (de manera utópica, probablemente) que llegará el momento en que
nuestras autoridades van a recordar que el gobierno se debe a la gente y no la
gente al gobierno. Espero vivir para ver ese día.
Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo
Twitter: @Benjamin_Muniz
