El día de hoy tuve la oportunidad de leer dos columnas publicadas en El Universal y Milenio, respectivamente. Por un lado, la Diputada Federal y aspirante al Senado por el Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón, en su columna “Las cifras le dan la espalda a Ebrard”, publicada en El Universal (http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57162.php), hace referencia al estudio “8 Delitos Primero” (mismo que puede ser consultado en http://www.cidac.org/esp/uploads/1/8DELITOS_09Feb.pdf), realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en el cual se incluye un índice delictivo con el que se catalogan las entidades federativas en función del grado de afectación en materia de seguridad pública. La Diputada Federal sostiene que la importancia de este tipo de estudios nace en el hecho que proporcionan la información necesaria las autoridades responsables para la elaboración de diagnósticos puntuales respecto de los delitos que se pretende atacar.
El resultado de este estudio, se presenta desfavorable para el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Distrito Federal ocupa el tercer lugar en prevalencia delictiva, con una tasa de incidencia de 44,443 delitos por cada 100,000 habitantes, además de encontrarse en primer lugar en cuanto a condición de victimización en el hogar con 51.5%
Según lo explica la Dip. Cuevas, “sabiendo que no todos los delitos tienen el mismo peso ni causan la misma afectación, el Cidac (sic) elaboró un modelo para observar tanto el grado de afectación como la frecuencia con la que ocurre cada delito por entidad federativa”. Según los resultados expuestos por el CIDAC, el Distrito Federal se encuentra a la cabeza de las entidades que presentan una afectación grave en términos generales, en donde se encontró que de los ocho delitos que impactan negativamente la percepción de seguridad, se presenta lo siguiente:
1. Una afectación severa en cinco delitos (robo de vehículo con violencia, robo a peatón con violencia, robo de vehículo sin violencia, lesión dolosa con arma blanca y extorsión).
2. Una afectación grave en robo a peatón sin violencia.
3. Una afectación media en secuestro.
4. Afectación moderada en cuanto a homicidios relacionados al crimen organizado.
Definitivamente, limitar este flagelo al Distrito Federal sería un error imperdonable. La situación de inseguridad que se vive actualmente es consistente a lo largo de todo el territorio nacional, incluso, el mencionado estudio del CIDAC, inicia con este párrafo lapidario:
“México enfrenta la crisis de violencia más grave de las últimas décadas. No sólo se cometen más delitos, sino que cada vez son más violentos. En los últimos cuatro años, los homicidios relacionados al crimen organizado aumentaron en más de 400% y, a la par, los secuestros y las extorsiones se incrementaron en 100% cada uno. Para las zonas más afectadas, el conflicto se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Observamos, por ejemplo, un aumento de 2308% en robo de vehículos en Nuevo León.”
Como se puede apreciar, la crisis en materia de Seguridad Pública ha rebasado por completo a nuestras autoridades. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, entidad que no tiene mayores problemas en materia de crimen organizado, se han implementado acciones contundentes para frenar el aumento de los índices delictivos. La Procuraduría General de Justicia de esta Capital, durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, hoy aspirante a la Jefatura de Gobierno, fue muy enfática en llevar a cabo acciones sistemáticas para, en primer lugar, frenar el aumento de los índices delictivos y, en segundo, llegar a disminuirlos. Estoy seguro que el Dr. Jesús Rodríguez Almeida, como Procurador recientemente ratificado, seguirá encaminando sus esfuerzos a tal fin.
Ahora bien, sin importar los programas que se implementen, sin importar el partido del que emanen los gobiernos, la realidad demuestra que la delincuencia ha ganado terreno a las Instituciones legalmente constituidas en nuestro País. La crisis en seguridad ha generado una crisis en la gobernabilidad. La ciudadanía no percibe una mejoría sustancial en esta materia.
Aunque pueda parecer un tema completamente distinto, en “Ayer Apodaca, mañana cualquier otro” (http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9116015), Carlos Puig inicia con un párrafo compuesto de un solo renglón, solamente 10 palabras: “Hay un cuarto de millón de mexicanos recluidos en prisión.” Al leer este comienzo tomo más fuerza en mi mente la idea que el Sistema Penitenciario no cumple con sus objetivos (para conocer más la opinión de quien esto escribe, se puede consultar http://prevencionencolores.blogspot.com/2011/12/la-ineficacia-del-sistema-penitenciario.html).
Tener a 231,510 mexicanos en prisión, según lo reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a octubre de 2011, genera otro tipo de conflictos de gran importancia: la sobrepoblación: se estima que para octubre de 2011 había una sobrepoblación penitenciaria del 24% en promedio, sin embargo, en Apodaca, escenario de una batalla campal que dejó como resultado 44 muertos y 30 fugado, la sobrepoblación asciende a 60%, mientras que en el DF asciende a 80%.
¿A qué se debe esta sobrepoblación? Para entenderla mejor, es necesario conocer como se integra el Sistema Penitenciario Nacional. Nos dice Carlos Puig en su columna “La mayor parte de los reclusos mexicanos está en cárceles estatales: unos 170 mil; 40 mil más en las cárceles del Gobierno del Distrito Federal; 4 mil en cárceles municipales y el resto en centros carcelarios federales”.
A mi parecer, existen dos condicionantes para la actual sobrepoblación penitenciaria: el uso excesivo que se le ha dado a la reclusión carcelaria y la ineficacia de las autoridades responsables de impartir justicia de dictar las sentencias correspondientes.
Respecto al primer punto, en mi diverso “La Ineficacia del Sistema Penitenciario”, propongo un plan para poder disminuir este exceso. Estoy convencido que mi plan no es perfecto y que, de hecho, puede ser bastante somero, sin embargo, creo también que es un primer paso que se puede dar para traer el equilibrio necesario en la ejecución de sanciones penales.
Por lo que hace a la ineficacia de los jueces para dictar las resoluciones que en Derecho correspondan, es importante traer a la mente un dato al que también hace referencia Carlos Puig:
“El amontonamiento de mexicanos en las cárceles tiene que ver con una política deliberada – y engañosa – de hacer de la prisión preventiva un instrumento de control del crimen. Instrumento que ha fracasado: cada vez tenemos más internos y menos seguridad.
Hoy en día, cuatro de cada diez internos no están sentenciados.”
40% de los reclusos no están sentenciados. Casi la mitad de las personas privadas de su libertad se encuentran encerradas sin que una autoridad competente haya resuelto el fondo de su asunto. Se presume su culpabilidad (lo cual, por cierto, va contra el principio de presunción de inocencia) pero no se ha terminado de analizar la integración del cuerpo del delito, la existencia o no de un nexo causal que una al delito con el imputado, el dolo o culpa, la acción u omisión, la imputabilidad o inimputabilidad, la existencia o inexistencia de excusas absolutorias. No se ha resuelto absolutamente nada. Se encuentran tras las rejas para, según las autoridades, evitar que sigan cometiendo delitos durante su proceso, aunque seamos francos, nada hay más falso que esto. Supongamos además que una persona, presa 5 años esperando sentencia, comparece ante el Juez para oír su sentencia la cual, en la parte conducente, determina que ha quedado comprobada la inocencia del procesado. Suena bonito, se hace justicia, un inocente menos en la cárcel pero, ¿y los 5 años que ya pasó recluido? Aunque existan cuerpos normativos que obliguen al Estado a indemnizar a la ciudadanía en caso de presentarse un caso similar, ¿la remuneración que reciba el agraviado será suficiente para pagar todos los daños que le fueron ocasionados por estar recluido sin razón? Ahora bien, una persona que estuvo en prisión, se haya comprobado o no su culpabilidad, difícilmente va a conseguir una fuente de empleo. Si a esto le sumamos que cualquier prisión es la Universidad del Crimen por excelencia, el futuro no es prometedor.
Es aquí donde nace el nexo que una las columnas de Gabriela Cuevas y de Carlos Puig. Son dos columnas, publicadas en diferentes medios de comunicación impresa pero que tratan el mismo problema desde dos puntos de vista diferentes pero, a la vez, complementarios. Al analizar ambos textos, vuelvo sobre la base que fundó este blog y del cual recibe su nombre: la prevención del delito.
Nunca me cansaré de decirlo, las políticas represivas del Estado no tienen el impacto que deberían de tener y, por lo mismo, no han generado los resultados esperados, por el contrario, han generado un elevado costo para la ciudadanía.
Definitivamente, es una obligación del Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno, generar políticas que frenen la comisión de los delitos, y que reinstauren la paz social, sin embargo, también tienen la obligación de impedir la comisión de los mismos. Esta obligación la han querido cubrir a través de lo que, Cesar Bonesana, Marqués de Beccaria, denominaba “pena ejemplar”, la cual consiste en que el Estado, en uso de su ius puniendi, impone a los ciudadanos que violan las leyes las sanciones que se considera, generaran en los demás ciudadanos el ejemplo para evitar que sigan los pasos de los infractores. En el caso de las leyes penales, toda vez que el bien jurídico tutelado de las mismas es de mayor valía, las penas se vuelven más severas. El mismo Beccaria lo establece de la siguiente manera (BECCARIA, “Tratado de los Delitos y de las Penas”, 18ª Edición, Porrúa, México, 2010, p. 19):
“No sólo es interés común que no se cometan delitos, pero aun lo es que sean menos frecuentes, a proporción del daño que causan en la sociedad. Así, pues, más fuerte deben ser los motivos que retraigan a los hombres de los delitos, a medida que son contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que los inducen a cometernos. Debe por eso haber una proporción entro los delitos y las penas.”
Como se puede observar, el Estado ha construido toda una institución de prevenir la comisión de nuevos delitos a través del castigo de delitos cometidos con anterioridad. Buscan poner el ejemplo de lo que sucedería a cualquier persona que decidiera delinquir. Como se puede observar también, esta práctica no ha generado de manera alguna el resultado deseado, por el contrario, únicamente ha tenido el efecto contrario. Como lo escribió Carlos Puig “Cada vez tenemos más internos y menos seguridad”.
Es por este motivo que ha llegado el momento de enfrentar los problemas de una manera diferente. No es muy inteligente continuar haciendo las mismas cosas esperando diferentes resultados. Debemos, ahora, cambiar la manera de actuar para generar nuevos resultados.
Mientras el Estado se siga preocupando únicamente por reprimir los delitos cometidos, en lugar de prevenir la comisión de los mismos, los resultados serán, en el mejor de los casos, los mismos. Requerimos un cambio radical de política. Siempre será mejor prevenir que reparar. Si prevenimos, el daño no se generará, si reparamos, las cosas jamás regresarán a su status anterior, siempre quedarán marcadas. Es por tal motivo que pugno por generar una verdadera política de prevención del delito, para, de esta manera, poder generar los cambios que de manera urgente, requiere nuestra sociedad.
Benjamín Muñiz Álvarez Del Castillo
Twitter: @Benjamin_Muniz
